Los juristas del Consejo de la UE avalan el fondo europeo de recuperación
El dictamen concluye que la propuesta de la Comisión es compatible con los tratados comunitarios
La propuesta de la Comisión Europea para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros ha recibido el espaldarazo del servicio jurídico del Consejo de la UE tras las pegas planteadas por las delegaciones que, con Países Bajos a la cabeza, se resisten a la creación del instrumento presupuestario o intentan reducir su cuantía. Los juristas del Consejo, en un contundente dictamen de 68 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, resuelven casi todas las dudas a favor de la propuesta de la Comisión y concluyen que el fondo, bautizado como Next Generation EU, es compatible, tanto en forma como en envergadura, con los tratados de la Unión Europea.
El respaldo de los juristas llega solo unos días antes de la decisiva cumbre europea del 17 y 18 de julio. Y refuerza la posición de la Comisión Europea y de los países que defienden la creación inmediata del fondo para paliar los estragos económicos de la covid-19. En ese grupo militan Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.
La canciller alemana, Angela Merkel, que este miércoles ha asumido la presidencia semestral de la UE, quiere cerrar el acuerdo sobre el fondo este mismo julio, un objetivo que fuentes diplomáticas describen como “ambicioso pero factible”. El dictamen jurídico permitirá, al menos, poner fin a los ataques contra la legalidad de la iniciativa.
“Los tratados permiten al legislador de la Unión establecer un mecanismo como el propuesto en el NGEU [Next Generation EU]”, señala el dictamen que se extiende de manera prolija en despejar las dudas planteadas por algunas delegaciones sobre la legalidad de la propuesta. Los ataques a la legalidad se han repetido tanto en las reuniones de los embajadores de los 27 Estados miembros como en los grupos de trabajo del Consejo sobre el fondo y el futuro Marco Financiero Plurianual de la UE (2021-2027).
El dictamen, sin embargo, deja sin apenas munición legal a los halcones del club, conocidos como los cuatro frugales: Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca. Los juristas consideran compatible con los tratados que la Comisión Europea se endeude para financiar medio billón de euros en subsidios y 250.000 millones en créditos, aceptan que el aval de ese endeudamiento se haga mediante un incremento temporal de los llamados recursos propios de la Unión y, aunque reconocen que el volumen de financiación extraordinaria previsto “es substancial y no tiene precedentes”, también lo consideran aceptable dado el carácter extraordinario de la pandemia.
Los frugales, sin embargo, se anotan dos importantes victorias. La primera, que los juristas apoyan la idea de que el fondo debe ser temporal y no puede convertirse en el embrión de ninguna transferencia presupuestaria permanente. “El endeudamiento [de la UE] para gastar no puede convertirse en un rasgo permanente del paisaje presupuestario”, señalan los juristas, que recuerdan la obligación legal de que las cuentas comunitarias estén siempre en equilibrio. El dictamen recuerda que la propia Comisión ha presentado el proyecto NGEU como algo excepcional y para una sola ocasión.
Los juristas también apoyan que en la gobernanza del fondo se conceda un mayor papel al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo. Esa vía, reclamada entre otros por Alemania y Países Bajos, abre el camino para un control político de los desembolsos, más allá del tecnocrático previsto por la Comisión. El organismo comunitario y países como España o Italia temen que la politización de la revisión de los programas de inversión acabe retrasando la llegada de los fondos o, en el peor de los casos, convirtiéndose en un rescate en la sombra que acabe con el carácter de ayuda de emergencia previsto en la propuesta inicial.
El dictamen también pone en duda dos de los cuatro objetivos del fondo. Los juristas aceptan que se utilice para responder al impacto de la crisis en la tasa de desempleo o en sectores como el sanitario y en medidas para relanzar la economía, pero consideran que su uso para preparar a la Unión para “afrontar futuras crisis sanitarias” podría ser incompatible con el artículo del tratado invocado, que se refiere siempre a impactos pasados. Tampoco aceptan que se destine el fondo a países terceros.
Los juristas también cuestionan la metodología de reparto, basada en parámetros (como el PIB o el paro) anteriores a la covid-19, y piden que se incorpore alguna referencia al impacto real o estimado de la pandemia.
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