POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Más de 30 entidades pactan una hoja de ruta para defender el uso administrativo del valenciano

Estos colectivos denuncian que la sentencia del Tribunal Supremo "supone un grave ataque" al autogobierno

En la sede de Acció Cultural, en Valencia,  representantes de las entidades, sindicatos y partidos que defienden el uso administrativo del valenciano.
En la sede de Acció Cultural, en Valencia, representantes de las entidades, sindicatos y partidos que defienden el uso administrativo del valenciano.Monica Torres

La sentencia del Tribunal Supremo que anula parte de un decreto autonómico que permitía el uso del valenciano, lengua cooficial de la Comunidad Valenciana junto al castellano, en las comunicaciones oficiales con otras áreas del ámbito lingüístico catalán como Cataluña y Baleares, desató la indignación de colectivos culturales, sindicales y políticos de la sociedad valenciana. Ahora, unas 35 entidades han pactado una hora de ruta en defensa de la igualdad lingüística y la cooperación con los gobiernos vecinos. “Es un grave ataque al autogobierno del pueblo valenciano”, han remarcado este jueves en la presentación de un manifiesto suscrito por 35 colectivos.

El Supremo ratificó el pasado 14 de junio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde consideraba que el decreto promulgado en 2017 por el Ejecutivo del PSOE y Compromís y recurrido por dos diputados autonómicos del PP, se arrogaba competencias del Gobierno central.

La plataforma en defensa del valenciano, de la que forman parte Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, la Confederació AMPA Gonzalo Anaya, los sindicatos CC OO-PV, la Intersindical Valenciana o el STEPV, y partidos políticos como Compromís, EUPV, Esquerra Republicana, Podem o el PSPV de la provincia de Castellón, ha pedido a la Generalitat valenciana un plan de cooperación lingüística con las otras dos comunidades tras el fallo del Supremo.

Su objetivo es rechazar la “gravedad” del pronunciamiento del Supremo por “crear un conflicto que no existe” con una lengua común con doble denominación, así como por no respetar el autogobierno y suponer un “ataque” a la oficialidad del valenciano. Todo ello sienta, a su juicio, un “precedente peligroso” para las lenguas regionales.

“No solo es una lengua compartida por miles de personas, tiene carácter legal en el País Valencià, Catalunya y les Illes Balears”, ha subrayado el secretario de Acció Cultural (ACPV), Toni Gisbert, quien ha reiterado que ni los tribunales ni los políticos deben dictaminar sobre las lenguas, que son competencia de los científicos y los lingüistas.

Ante esta situación, en el manifiesto unitario urgen al Consell a ejecutar el acuerdo de las Cortes Valencianas que dictó la reciprocidad de las señales de radio y televisión públicas valenciana, catalana y balear, junto a su entrada “plena” en el Institut Ramon Llull como instrumento al servicio de la protección de la lengua.

Una ley de igualdad lingüística

También vuelven a pedir una ley de igualdad lingüística para “superar la limitación” del decreto del valenciano en la Administración para desarrollar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Al ser una ley solo podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional y no por el Supremo.

Otra de sus propuestas es un programa de cooperación efectiva sobre lengua y cultura entre los tres gobiernos autonómicos, con el objetivo de coordinar acciones, rentabilizar recursos y potenciar un mercado compartido. Finalmente, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar las resoluciones universitarias y académicas sobre la unidad de la lengua y aplicarlo a todas las políticas públicas.

Frente la tendencia “regresiva” de decisiones como la del TS, las organizaciones quieren seguir sumando mayorías en torno a la igualdad lingüística, dentro de un proyecto de “más democracia, más autogobierno y más derechos”.

De cara al futuro, no cierran la puerta a llevar a cabo alguna movilización o un pronunciamiento conjunto con entidades de Cataluña y Baleares, aunque esta es una respuesta “en clave valenciana”. La meta es que “igual que pasa con los derechos sociales por fin en España no haya una tendencia a la retroactividad en la lengua y la cultura”, ha reivindicado el portavoz.

La treintena de organizaciones y entidades cívicas, sociales y políticas confían en ampliar las adhesiones al manifiesto y hoja de ruta en defensa de la lengua. “Esto es un acuerdo de mínimos que irá desarrollándose y su contenido es fruto del consenso de todas las organizaciones que lo firman”, ha recordado Gisbert.

La Generalitat anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo. La comunidad autónoma considera que esta sentencia, que determina que no se pueden compartir documentos en valenciano con otros territorios del mismo ámbito lingüístico, “afecta el autogobierno porque niega que la Comunidad valenciana tenga competencia para determinar y regular el alcance y los efectos de la lengua cooficial”.

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