La crisis del coronavirus

Más de 9.000 detenidos durante el estado de alarma por burlar las restricciones

Las fuerzas de seguridad proponen más de 1,1 millones de multas a lo largo de los tres meses

Un agente de la Policía Municipal de Madrid pide a un conductor el justificante que le permite moverse durante el confinamiento, el pasado abril.
Un agente de la Policía Municipal de Madrid pide a un conductor el justificante que le permite moverse durante el confinamiento, el pasado abril.Jesús Hellín

El régimen de multas impulsado por el Gobierno para castigar a quienes se saltaban el confinamiento se ha convertido en otro protagonista más del estado de alarma, que acaba en la medianoche de este sábado tras dejar más de 1,1 millones de sanciones propuestas y más de 9.000 detenidos durante los tres meses que ha estado vigente, según los datos facilitados por las delegaciones del Gobierno. El grueso de estas cifras corre a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han arrestado entre ambos a 5.280 personas y tramitado más de 622.000 multas. El resto lo hicieron las policías municipales y autonómicas. Entre los señalados se encuentra hasta un expresidente: Mariano Rajoy.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro desde el primer momento que su departamento apostaba por la mano dura contra los “insolidarios” y, con la Ley de Seguridad Ciudadana como instrumento base, puso en marcha una política punitiva que ha disparado las estadísticas. Las más de 1,1 millones de sanciones propuestas por las distintas policías en estos tres meses superan con creces, por ejemplo, las 765.416 multas impuestas durante los primeros cuatro años de vida de dicha normativa (de 2015 a 2018), bautizada como ley mordaza y que el PSOE prometió derogar cuando se encontraba en la oposición.

Este enorme volumen de expedientes no solo le ha acarreado fuertes críticas a Interior procedentes de los partidos más a la izquierda del arco parlamentario y la apertura, además, de una investigación por parte del Defensor del Pueblo para aclarar si se ha actuado de manera “correcta y proporcional”, sino que ha generado un tapón en la Administración, que se esfuerza ahora en acelerar su tramitación.

Según detallan fuentes del Ejecutivo, el primer atasco se ha producido dentro de las propias fuerzas de seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son las que trasladan las propuestas de sanción a las delegaciones del Gobierno para que estas las aprueben finalmente. De hecho, en manos de la Delegación en la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente la multa planteada por la Policía Nacional contra el expresidente Mariano Rajoy (PP), que supuestamente se saltó el confinamiento domiciliario para hacer deporte en las inmediaciones de su domicilio en la capital. Todavía está en estudio.

El frente policial no ha sido el único que ha castigado a quienes han burlado el confinamiento. Los tribunales también han impuesto decenas de condenas por delitos de desobediencia a las autoridades. Sobre todo, multas económicas. Aunque, según un recuento de EL PAÍS, los juzgados dictaron al menos una treintena de penas de cárcel durante el primer mes y medio del estado de alarma —nunca superaron, eso sí, el año de duración—. Además, en varios casos, se ordenó el ingreso en prisión provisional por reiteración.

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