Sánchez lleva al Presupuesto lo esencial del pacto con Podemos

El Gobierno mantiene las principales subidas de impuestos a las empresas aunque suavizará algunas medidas

De izquierda a derecha, las vicepresidentas Nadia Calviño y Carmen Calvo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los vicepresidentes Pablo Iglesias y Teresa Ribera, en el Consejo de Ministros.
De izquierda a derecha, las vicepresidentas Nadia Calviño y Carmen Calvo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los vicepresidentes Pablo Iglesias y Teresa Ribera, en el Consejo de Ministros.La moncloa / Europa Press

El suelo económico sobre el que pisaba España se ha derrumbado, pero el Gobierno mantiene vivo el corazón del pacto con Unidas Podemos que permitió la coalición y la investidura de Pedro Sánchez. Llega la hora de la verdad: hay que aplicarlo en los primeros Presupuestos reales de Sánchez, los de 2021 —aún siguen vigentes y prorrogados los últimos de Cristóbal Montoro—, y el Ejecutivo ya trabaja en ellos con la idea de mantener la parte fiscal, la más delicada, como estaba prevista.

Según fuentes del Ejecutivo, habrá tasa Google, impuesto de transacciones financieras, y sobre todo subida a las grandes empresas con un tipo mínimo efectivo del 15% —aunque se puede suavizar algo el plan inicial, porque la gran reforma de las deducciones prevista está ahora en el aire para muchos sectores muy afectados por el coronavirus, a los que se les dará un respiro— y bajada del tipo para pymes.

Mientras, el IRPF y el IVA apenas se tocan salvo por la subida pactada de dos puntos a las rentas por encima de 130.000 euros y de cuatro por encima de 300.000, algo con más valor simbólico y político que recaudatorio, porque solo afecta a un 0,4% de los contribuyentes.

Pese a las fuertes presiones de diversos sectores económicos para que Pedro Sánchez aparque el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos y cambie el proyecto, fuentes del Gobierno coinciden en que las instrucciones que tienen en Hacienda para elaborar los Presupuestos indican que ese pacto sigue en pie y que la base está en las cuentas que elaboró el PSOE para 2019 y que decayeron porque ERC no quiso apoyarlas, lo que abocó al adelanto electoral.

¿Y con quién se sacarían adelante? Esa es la gran duda en este momento. Cuando se cierre la negociación interna con Unidas Podemos, Hacienda buscará al PNV, el socio más fiable. Hace pocos días se convocó una comida discreta en La Moncloa entre Sánchez y Andoni Ortuzar, líder de los nacionalistas, y algunos miembros del núcleo duro del Gobierno y el PSOE. Con el PNV no se esperan grandes problemas para pactar el corazón de esta propuesta fiscal que ya había aceptado en 2019, aunque antes los vascos tendrán que pasar por sus elecciones el 12 de julio. Pero no basta. El Ejecutivo necesita también a ERC. Y aquí el gran problema son las elecciones catalanas, que con la inminente inhabilitación de Quim Torra —el 17 de septiembre se analizará en el Supremo— están en el horizonte. En el Gobierno creen que ERC aún no ha decidido si le beneficia o le perjudica ir a unas elecciones siendo un aliado del Ejecutivo central. La votación clave de los Presupuestos, la de las enmiendas a la totalidad, llegaría en octubre, en plena tensión por la inhabilitación de Torra. No parece el mejor momento para ERC, pero el Gobierno intentará convencerlos.

La alternativa, los 10 escaños de Ciudadanos, es muy compleja para Presupuestos aunque ahora La Moncloa busque el acercamiento con el grupo de Inés Arrimadas. Fuentes del Ejecutivo del máximo nivel señalan que lo más probable es que Cs reclame bajadas de impuestos importantes, algo que en Hacienda ven totalmente inviable en este momento en que se necesita mucho dinero público para hacer frente a la crisis económica y sanitaria, y sobre todo para mantener el gasto social. En Cs señalan que ellos no apoyarán en ningún caso unos Presupuestos basados en el pacto de Gobierno con Unidas Podemos, y solo lo harían con unos surgidos de un gran acuerdo que incluya al PP, algo que parece prácticamente imposible.

Hacienda quiere presentar los Presupuestos “en tiempo y forma”, esto es en septiembre, con un voto del techo de gasto en julio, pero aún le falta una gran incógnita por resolver: ¿qué senda de déficit exigirá Bruselas? Todas las previsiones han saltado por los aires, España se irá a un déficit del 10% este año, como varios países europeos, y la Comisión tiene que reinventar los objetivos.

Si triunfa el nuevo ambiente que detectan en Bruselas todos los miembros del Gobierno consultados, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, es posible que la senda sea asumible, con una petición para 2021 de bajar del 10% al 7%, por ejemplo, que podría lograrse sin grandes ajustes si se recupera el crecimiento, pero si las exigencias son superiores las cosas se complicarían a la hora de elaborar los Presupuestos.

Esta es la negociación clave que ahora tiene que hacer el Gobierno con Bruselas, y que está por definir porque en la Comisión todo está en plena revisión mientras en paralelo se negocia el gran fondo de recuperación que podría salvar a la economía española e italiana, las más tocadas por el coronavirus.

El Gobierno es en estos días un hervidero de debates intensos sobre el futuro del país, también sobre la forma de utilizar ese dinero del fondo europeo. Y las batallas no son solo entre el PSOE y Unidas Podemos, como se podía prever, sino sobre todo, e incluso más intensas, entre los ministros socialistas, con visiones muchas veces contrapuestas, según admiten varios de ellos.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por Nadia Calviño, es desde hace meses el epicentro de esas discusiones, con tensiones habituales entre la vicepresidenta tercera y el ministro Escrivá, pero también con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, el de Fomento, José Luis Ábalos, la de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y también los ministros de Unidas Podemos, Yolanda Díaz y Alberto Garzón. La de Hacienda, María Jesús Montero, ocupa el papel de aplicar "el principio de realidad", como ha explicado ella misma, y recuerda a todos los demás el escaso margen que permiten unas cuentas públicas muy tocadas por el coronavirus para tomar decisiones.

En estos días se vive un intenso debate sobre el documento que hay que enviar a Bruselas con las propuestas de España para ver de qué manera y en qué sectores se gastaría al menos la primera parte de ese gran fondo. La discusión entre ministerios es muy intensa porque todos quieren primar a sus sectores y tienen visiones contrapuestas.

Lo que no irá con toda probabilidad en los Presupuestos es el impuesto a la riqueza que plantea Unidas Podemos. Este proyecto no está en el acuerdo de Gobierno. Y en el PSOE no convence. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que mantienen un contacto fluido, han acordado espacios para que ambos partidos puedan diferenciarse y marcar perfil propio para satisfacer a sus electorados, y este es uno de ellos. El de la monarquía, con la exigencia de Unidas Podemos de que se investigue la fortuna de Juan Carlos I, es otro.

Iglesias seguirá reclamando el impuesto a los ricos, pero no es probable que se convierta en realidad. Lo que sí está encima de la mesa es una armonización del impuesto de patrimonio o el de sucesiones, que varias comunidades del PP han dejado prácticamente en nada. Pero eso llegará con la negociación del nuevo sistema de financiación.

El otro gran proyecto polémico, el de la contrarreforma laboral, sigue encima de la mesa y está en el acuerdo de Gobierno pero no parece ni mucho menos inminente. Ahora el Gobierno está concentrado en la negociación de la ampliación de los ERTE, que es lo que preocupa ahora a patronal y sindicatos. Varios ministros admiten que la contrarreforma laboral es un asunto que asusta mucho en Bruselas, que de alguna manera se considera coautora de la última reforma laboral del PP, que llegó en medio de una gran presión europea, y creen que debe hacerse con cautela. Pero el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es que esa contrarreforma se negociará con patronal y sindicatos, y eso sirve para tranquilizar tanto a Bruselas como a los sectores del Gobierno que más se oponen a ella, en especial la vicepresidenta Calviño.

Aunque no lo parezca por el ruido de la pelea en el Congreso, en este momento la clave de la política española está en Bruselas. La coalición de Gobierno en España parece decidida a aguantar y sacar adelante sus Presupuestos. El ataque de la oposición incluso refuerza su unidad. Habrá discusiones intensas, pero ninguno de los dos lados ve una ruptura que creen que perjudicaría a ambos, condenados a entenderse. Pero si gira el clima que están detectando ahora los ministros en Bruselas y la Comisión empieza a presionar para hacer recortes importantes, ahí sí cambiaría todo y crujiría la coalición, con riesgo de ruptura real. Ni en el PSOE ni en Unidas Podemos lo creen probable, y los mensajes que les llegan de Bruselas van en la línea contraria. Pero con el coronavirus ya no hay certezas, y todo está en evolución constante.


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