La crisis del coronavirus

El Gobierno pacta con Ciudadanos su apoyo al decreto de nueva normalidad

El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca un amplio apoyo que cambie el ambiente político

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a su llegada al pleno del Congreso antes de su baja de maternidad.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a su llegada al pleno del Congreso antes de su baja de maternidad.J.J. Guillén / EFE

La senda de la colaboración de Ciudadanos con el Gobierno no ha terminado con el estado de alarma, a pesar de que, a diferencia de PNV y ERC, no apoyó la investidura de Pedro Sánchez. Tras su apoyo a las seis últimas prórrogas, Cs ha suscrito un pacto con el Ejecutivo para respaldar también el decreto para la llamada nueva normalidad, que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que regula cuestiones como el uso de mascarillas. El Gobierno sumó este lunes el respaldo del PNV y ultima el de ERC, así que es previsible que pueda aunar de nuevo la mayoría amplia de la última prórroga.

Con este pacto el Ejecutivo busca un apoyo lo más amplio posible para cambiar el ambiente político. El decreto incluye cuestiones como el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos cerrados o en el transporte, y contempla multas de hasta 100 euros para quienes no las utilicen en estos supuestos. El texto ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno reclama el apoyo también del PP, ya que sostiene que han sido atendidas las demandas de los presidentes de este partido. Sin embargo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha criticado con dureza al PP porque en su opinión no tiene intenciones de “arrimar el hombro” y solo pretende “destituir a un Gobierno al que llama ilegítimo”.

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos sociales, María Jesús Montero, ministra portavoz, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En vídeo: la mascarilla será también obligatoria en la llamada nueva normalidad.FOTO: MONCLOA | VÍDEO: ATLAS

Este nuevo decreto tiene una vigencia indefinida, porque durará hasta que la crisis sanitaria se dé por acabada, algo que no parece ni mucho menos cercano. El Gobierno entrega casi todo el poder a las autonomías en esta nueva fase, pero en el primer borrador se reservaba la posibilidad de recuperarlo en caso de un rebrote fuerte y descontrolado. Tras la negociación con varios grupos, en especial el PNV, el Gobierno ha cambiado algunas partes del decreto, y ha eliminado un párrafo en el que señalaba “en relación a los planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, en tanto no se adopte el correspondiente acuerdo para su aprobación o activación, el Ministerio de Sanidad, en ejercicio de sus competencias sobre bases y coordinación de la sanidad, adoptará las medidas adecuadas para garantizar estas finalidades".

Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido la posibilidad de recuperar el control y tomar decisiones rápidas que señala en otra disposición: “La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas". Los nacionalistas señalaron que habían logrado un acuerdo para “salvaguardar el autogobierno vasco”. “Nunca ha habido una pretensión de invadir competencias, pero hemos hecho decaer este punto que generaba problemas”, ha admitido Illa.

El Ejecutivo mantiene algunas cosas en sus manos, como los transportes en todo el territorio nacional o un asunto especialmente delicado como el deporte y el público en los estadios. Será el Consejo Superior de Deportes, según el decreto, quien tome la decisión de cuándo y cómo vuelven los espectadores a los estadios, si es en esta temporada o ya se espera a la siguiente. Algunas comunidades querían hacerlo cuanto antes, pero será el Gobierno quien decida y en cualquier caso con una medida idéntica para todos los estadios para evitar desigualdades dentro de la competición.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado el acuerdo con un vídeo difundido en las redes sociales en el que reivindica su participación en la elaboración del decreto ley. “Hemos participado en la elaboración de este decreto ley con la intención de mejorarlo. Hemos establecido que su objeto sea también para prevenir frente a futuros rebrotes el distanciamiento social en un metro y medio, hemos querido que se fomente el teletrabajo y que para el inicio de las competiciones deportivas se tenga en cuenta el criterio de las comunidades autónomas para que no haya privilegios”, detalla Bal en el vídeo. “¿Qué han hecho otros?”, se pregunta, en un mensaje que parece ir dirigido al PP y a Vox. “Otros se han quejado de que no había plan b pero no han aportado nada. Nosotros nos hemos arremangado”, apostilla.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una imagen de archivo. En vídeo, declaraciones de Bal publicadas en las redes sociales este martes. EUROPA PRESS | TWITTER

La distancia social será finalmente de 1,5 metros y no de dos metros tras el acuerdo con Ciudadanos, una medida importante para la hostelería y el comercio en general, que permite ampliar los aforos en los establecimientos. El grupo de Arrimadas da mucha relevancia también a que las competiciones deportivas se autoricen “en régimen de igualdad y con las comunidades autónomas”.

La relación con Ciudadanos es buena y ejemplo de ello es que el Gobierno ha trasladado al partido el borrador del decreto de la llamada nueva normalidad, antes de ser aprobado, para que Cs pueda introducir medidas que permitan su apoyo en el Congreso. El intercambio de papeles se hizo el fin de semana y Cs hizo llegar a La Moncloa, tras estudiar el borrador, un paquete de mejoras para el decreto. Este lunes por la tarde quedaban algunos flecos por resolver, pero toda la discusión era sobre cuestiones técnicas y estaba muy avanzada, transmitieron fuentes conocedoras de la negociación, por lo que apuntaban la inminencia del pacto. Ciudadanos insiste en “no bajar la guardia” en la desescalada y sus peticiones van en la línea de ser todavía más precavidos en las medidas.

El Gobierno ha autorizado también un plan piloto de Baleares para empezar a traer turistas ya antes del 1 de julio, la fecha marcada por el presidente del Gobierno. El Ejecutivo quiere comprobar cómo funcionan estos primeros vuelos, especialmente de turistas alemanes, para desarrollar los protocolos para el turismo a partir del 1 de julio. La clave está en los controles en los aeropuertos y puertos, donde Baleares hará controles de temperatura y cuestionarios a los pasajeros sobre sus posibles síntomas compatibles con la covid-19.

Lo que no está aún claro es si habrá finalmente este año una “operación paso del Estrecho”, porque Marruecos, según ha explicado Montero, está actuando con especial cautela dados los riesgos que tendría un contagio masivo en un país que no tiene una sanidad preparada para una situación así, y por tanto mientras sus autoridades no tomen la decisión de reabrir las fronteras España no puede saber si habrá que tomar medidas especiales para este paso que todos los años supone un reto logístico importante.

El asunto de las residencias de ancianos ha tenido un gran protagonismo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El vicepresidente, Pablo Iglesias, ha sido especialmente duro con la situación en Madrid. “Si se sigue acreditando que hubo una orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid esto es grave. El propio consejero de Asuntos Sociales señala esto como inmoral y eventualmente ilegal. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para hacer protocolos. Las condiciones escandalosas de precariedad, la privatización, que haya habido condenados, deja mucho que desear en la cuarta economía de la zona euro. No se está denunciando solo una inmoralidad, sino una ilegalidad. Y lo que es ilegal se debe perseguir”, ha señalado. “Creo que lo que hemos visto es la debilidad de un modelo altamente precarizado y privatizado que ha resultado peligroso para la salud de estos ancianos", ha insistido.

El PP responsabiliza a Iglesias de la situación de las residencias porque su departamento asumió el control como mando único a partir del estado de alarma. “Nunca tuvimos un mando único, las órdenes las daba Sanidad a propuesta nuestra", ha aclarado Iglesias. El vicepresidente insiste en que fueron las autonomías las que gestionaron la crisis y asegura que desde su departamento hicieron “lo que tenían que hacer”, esto es, “dar 300 millones de euros, proponer que se diera la misma consideración a los trabajadores de las residencias y a los sanitarios y tramitar las intervenciones de desinfección de las unidades militares que se cuentan en más de 5.000”. “Creo que sería lógico que nuestro país recorriera el camino de los países nórdicos con atención domiciliaria que protege a las personas mayores”, ha sugerido.

LEA EL DECRETO LEY DE SALIDA DEL ESTADO DE ALARMA

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