El PP se suma a Vox para rechazar el tratado internacional que lucha contra el fraude fiscal en Gibraltar
El pacto con Reino Unido saldrá adelante con el apoyo del resto del Congreso
Vox y el PP han unido sus voces —y sus votos— este jueves para arremeter contra el mayor logro de España hasta el momento en el Brexit: el tratado fiscal contra la elusión fiscal en Gibraltar. El pleno del Congreso ha debatido sobre este instrumento internacional a raíz de la enmienda a la totalidad que presentó el grupo de Santiago Abascal por considerar que el texto renuncia a reclamar la soberanía sobre la colonia británica. La dureza del tono empleado hacía presagiar lo que ocurrió finalmente: que el PP apoyó a Vox frente al Gobierno en una cuestión de Estado. “Le pido que cambien rendición por ambición”, le había espetado la diputada del PP Valentina Martínez Ferro a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Pese al respaldo de PP y Vox, la enmienda contra el acuerdo fiscal con Reino Unido fue rechazada por mayoría.
España y Reino Unido sellaron hace más de un año un tratado fiscal que favorece la consideración de residente fiscal en España tanto a las empresas como a los particulares que desarrollen su actividad a uno y otro lado de la verja. Las personas que vivan al menos 183 días en España y las sociedades que tengan la mayor parte de sus activos u obtengan el grueso de sus ingresos de su actividad en España estarán sujetas a la tributación española. El bloqueo político que han vivido —por distintos motivos— los dos países en los últimos años ha retrasado la firma de este acuerdo, surgido al calor del Brexit porque el Peñón deja de ser territorio comunitario. A esa demora se le añadió la enmienda a la totalidad de Vox, que ha duplicado todos los trámites para lograr la aprobación del tratado fiscal. El aval al texto, en todo caso, está garantizado, aunque aún debe volver a la Comisión de Exteriores del Congreso y finalmente de nuevo al pleno. Este jueves el veto de Vox ha cosechado 138 votos a favor, 201 en contra y siete abstenciones.
En la apertura de la sesión, la ministra ha negado que firmar un pacto con Reino Unido para limitar las prácticas fiscales desleales de Gibraltar implique reconocer al Peñón como entidad jurídica. “No supone cambio alguno en la posición sobre la soberanía ni sobre la jurisdicción”, ha señalado González Laya, que ha cerrado debate apelando a la “oportunidad única” que representa “resolver una cuestión mayor: la soberanía fiscal”.
Trabajadores transfronterizos
La propia enmienda de Vox admite que el tratado en sí beneficia a España porque las reglas, en caso de disputa sobre la residencia fiscal, “claramente favorecen el desempate en favor de España”. Aun así, la tercera fuerza del Congreso define ese paso adelante como una “victoria ridícula” porque, en su opinión, no ataja el principal problema de convivencia con el Peñón, que es el tránsito diario de trabajadores transfronterizos y la reclamación de soberanía española sobre el territorio.
En el debate, el diputado de Vox Agustín Rosety le ha reprochado al Gobierno “el tratadito” suscrito con Londres y ha empleado palabras gruesas al hablar de “explotación colonial” —aunque según su relato es el Peñón, en este caso la colonia, el que explota al Campo de Gibraltar— y acusar a Gibraltar de ser un “foco de contrabando, blanqueo y crimen organizado”. Rosety, general retirado que fichó por Vox tras haber firmado un manifiesto que ensalzaba a Franco, ha terminado su discurso proclamando: “Gibraltar es España”.
Sin llegar a esa posición, la representante del PP ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez haber “consolidado un régimen fiscal contra el que han luchado todos los Gobiernos anteriores y que consagra el edén fiscal del Peñón”. Asimismo ha defendido como logro del Gobierno del PP haber introducido en el acuerdo del Brexit la exigencia de que cualquier pacto futuro de la UE respecto a Gibraltar requiera el visto bueno de España. Pese a todo, esa posición quedó ratificada tras la moción de censura de Pedro Sánchez y coincidió, a grandes rasgos, con la defendida en su momento por el ministro de Exteriores con el PP Alfonso Dastis.
Preguntada por este diario, la diputada defiende el sentido del voto de su grupo con dos argumentos. En primer lugar, Martínez Ferro detecta “falta de ambición del Gobierno en la negociación con Reino Unido tras el Brexit” y considera que crear comités de coordinación con Londres referidos a la colonia supone “reconocer a Gibraltar en igualdad de condiciones que España”. Además, la diputada se queja de la falta de diálogo del Gobierno en este terreno: “No es de recibo que se ningunee así al principal partido de la oposición”.
Ciudadanos ha querido apartarse del tono bronco de PP y Vox al defender sin ambages los logros del tratado fiscal. “Es un texto muy importante y beneficioso para España; lo que se necesita es que esté en vigor”, ha valorado la diputada Carmen Martínez Granados.
A favor del tratado fiscal también se ha pronunciado la diputada de Podemos Lucía Muñoz. “Con la que está cayendo, proponen ustedes denegar un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal”, ha afeado al grupo parlamentario de Vox, además de señalar, como han hecho otros diputados, la contradicción que supone promover el rechazo a una herramienta fiscal que, según reconocen, beneficia a España. Muñoz ha enmarcado ese movimiento en el ideario del partido. “Comparten ese patriotismo de bandera y pulserita que cuando puede se lleva el dinero a un paraíso fiscal”, ha reprochado tanto a Vox como al PP.
Aprobación en otoño
Gibraltar sigue teniendo la consideración de paraíso fiscal para España, aunque lo más probable es que, una vez sellado el pacto de entendimiento tributario, el Gobierno acceda a desterrar esa etiqueta que el Peñón combate. Aunque el tratado no ataja todos los focos de competencia desleal para la hacienda española -la fiscalidad de Gibraltar seguirá intacta y los movimientos de capitales también-, constituye el primer documento en el que Reino Unido asume unos compromisos de transparencia y fijación de reglas respecto a este pequeño territorio cuya soberanía está en disputa.
El Gobierno confía en que, una vez culminados los trámites tanto en el Congreso como en el Parlamento británico, el texto pueda quedar ratificado en otoño. Más allá de esta herramienta, queda por negociar todo lo relativo a la relación futura de España con el Peñón una vez salga por completo del ámbito de las normas comunitarias, en principio el próximo 31 de diciembre.
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