Gibraltar da el visto bueno al tratado para excluirlo de la lista de paraísos fiscales

En Gibraltar saben nadar y guardar la ropa. Eso, en un contexto de Brexit inminente e incierto, se traduce en que cualquier avance sobre las futuras relaciones con los vecinos españoles se acoja entre el alivio y la prudencia. Es el espíritu con el que el Peñón ha acogido el tratado fiscal contra el fraude, firmado este lunes entre España y Reino Unido. El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, se ha confesado “satisfecho” con el acuerdo que permitirá sacar a la colonia de la lista española de paraísos fiscales. Mientras, empresarios y sindicalistas muestran su cautela ante la posibilidad de que el acuerdo “se envenene” debido a la inestabilidad del Gobierno británico y el incierto resultado electoral en España.

El acuerdo -rubricado por el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, y el ministro británico de la presidencia encargado del Brexit, David Lidington- pretende mejorar la cooperación en la tributación, resolver disputas sobre la residencia fiscal de empresas y busca mejorar en transparencia y cooperación para acabar con el fraude fiscal. Ante las dudas que suscita el divorcio con la Unión Europea, previsto en principio para el 30 de marzo, España y Reino Unido ya han alcanzado hasta cinco acuerdos sobre cuestiones "irritantes”: medioambiente, contrabando de tabaco, cooperación policial, derechos de los ciudadanos y fiscal.

Aunque, de todos, el más peliagudo era el último. O al menos eso se desprende del comunicado emitido por el propio Picardo tras la rúbrica: "Confío en que ahora podremos poner fin al mito irritante de que Gibraltar no es del todo cooperativo cuando se trata del intercambio de información fiscal”. El ministro principal cree que “gran parte” del contenido del acuerdo ya estaba vigente. Con todo, el dirigente gibraltareño también ha considerado que “es bueno atar los cabos sueltos y permitir que España retire a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales”.

Esta última condición es la que, en principio, más incidencia puede tener para el Peñón, aunque el cumplimiento de este compromiso por parte de España no tiene un carácter vinculante, según adelantaron fuentes del Ministerio de Exteriores a EL PAÍS. Si se llega a materializar, hará posible que los trabajadores transfronterizos españoles no tengan que tributar dos veces -en su país y en Reino Unido-. Además, supondría “un paso más para normalizar la relación comercial entre empresas de España y Gibraltar”, según reconocen fuentes cercanas al gobierno gibraltareño.

Borrell señaló este lunes que el acuerdo es “el primer Tratado internacional entre España y Reino Unido sobre Gibraltar después del Tratado de Utrecht”, por el que España cedió el Peñón. Pero en Gibraltar no todos son tan optimistas. Loren Periáñez, vicepresidente del Grupo Transfronterizo y empresario linense, ha considerado que, salvo el cambio en la tributación de los empleados, la mayor parte de las medidas "son de cara a la galería”, dado que ya estaban reconocidas.

“Ya existía transparencia. En cualquier caso, todo lo que sea a favor de combatir el fraude y en favor de la transparencia es bienvenido”, ha apuntado Periáñez. El presidente del Transfronterizo y representante del sindicato Unite de Gibraltar, Lionel Chipolina ha aportado, si cabe, más cautela: “El acuerdo elimina incertidumbre y parece que el espíritu de cooperación sigue ahí. El miedo es que cualquier momento se puede envenenar el asunto”. Con ello, el sindicalista señala sus dudas a cuál sería la política con Gibraltar del PP de Pablo Casado, ante su posible llegada a la Moncloa tras el 28 de abril. “Ahora le toca a los políticos y a los Estados dar la talla”, ha zanjado Chipiolina, entre la esperanza y la prudencia.