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España y Reino Unido firman el primer tratado sobre Gibraltar desde Utrecht

Borrell ha rubricado con su homólogo británico un Tratado Fiscal que regula las relaciones con el Peñón para evitar que "sea un foco de competencia fiscal desleal"

Vista del Peñón de Gibraltar.
Vista del Peñón de Gibraltar. EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha firmado este lunes con el Reino Unido un Tratado Fiscal que regula las relaciones con Gibraltar para evitar que la colonia "sea un foco de competencia fiscal desleal". Se trata del primer acuerdo entre ambos Gobiernos sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht, que puso punto y final a la guerra de Sucesión española con la cesión del territorio del Peñón a los británicos en 1713.

El tratado establece las nuevas normas fiscales que regulan la relación transfronteriza entre Gibraltar y España en materia fiscal y completa el paquete de cuatro memorandos que detallan cómo será la relación entre España y Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

España ha aprovechado la inminencia del Brexit para arrancar a Reino Unido compromisos fiscales claros sobre Gibraltar. Ambos países, aún socios de la UE, han acordado que las personas físicas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas con la mayoría de activos o ingresos en territorio español deberán pagar impuestos en España. Aunque el nivel de elusión de fortunas españolas en el Peñón no es hoy elevado, el Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la familia europea.

El tratado fiscal establece un baremo objetivo para determinar quién es residente fiscal en Gibraltar y quién no. Los ciudadanos que pernocten más de 183 días al año, tengan su cónyuge con residencia en España, posean una vivienda habitual o dispongan de dos tercios de sus activos en territorio español deberán tributar a la Hacienda española. La norma afecta a aquellos que hoy estén considerados residentes fiscales en Gibraltar. 

Más relevante que el capítulo de personas es el de las compañías. Las autoridades españolas calculan que existen unas 55.000 empresas radicadas en ese pequeño territorio de 30.000 personas, colindante con una de las zonas más pobres de España, el Campo de Gibraltar. Si la colonia británica fuese un Estado, constituiría el tercer territorio con mayor PIB per cápita del mundo. Y su paro es del 1%, frente al 35% de La Línea de la Concepción.

El éxito de este esquema dependerá de la tercera pata contenida en el acuerdo: el intercambio de información. La Administración gibraltareña compartirá datos fiscales con la española. Habrá incluso algunas transferencias automáticas. Serán las que afecten a los datos de trabajadores en Gibraltar residentes en España y a los vehículos, buques y aviones registrados en el Peñón. Lo mismo regirá respecto a los gibraltareños que trabajen en España o tengan bienes en el país.

Por ser un tratado internacional, el ministro lo ha firmado ad referendum, es decir que antes de entrar en vigor precisa del acuerdo del Consejo de Ministros y el apoyo del Parlamento. El objetivo del tratado es "intentar evitar que Gibraltar sea un foco donde haya una competencia fiscal desleal con el resto del territorio", ha subrayado Borrell, quien ha asegurado que "ha costado muchísimo" negociarlo.

"No se ha firmado antes por que ha costado muchísimo hacerlo", ha explicado el ministro, ya que "en el ultimo momento siempre han parecido problemas, porque el tema es complicado y hay muchos intereses en juego". "No hemos acabo de peinarlo hasta hace unos días", ha añadido.

Al margen de Gibraltar, en relación con el Brexit Madrid y Londres han firmado además un acuerdo para reconocer el derecho de voto en elecciones municipales a los españoles residentes en Reino Unido y a los británicos residentes en España. Además, para el caso de un Brexit sin acuerdo, el Gobierno aprobó el pasado viernes medidas de contingencia para conceder a los ciudadanos británicos que viven en España la residencia legal, aunque está concesión está condicionada a que Londres adopte medidas recíprocas. 

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