El decreto de contingencia del Brexit llama colonia a Gibraltar

El plan de contingencia que aprobó este viernes el Gobierno como escudo contra un Brexit duro incluye una pequeña afrenta para Reino Unido. El decreto garantiza todos los derechos a los británicos residentes en España y extiende los beneficios a Gibraltar. Pero para referirse a este territorio, el Gobierno emplea por escrito la fórmula que tanto irrita a Londres: la de colonia, según explican fuentes gubernamentales. El decreto se publicará previsiblemente el próximo lunes.

España considera a Gibraltar una colonia (está incluida en la lista de la ONU sobre territorios no autónomos pendientes de descolonización) que no es parte integrante de Reino Unido. Londres arguye que sí es territorio británico y que fue cedido por la corona española en el Tratado de Utrecht (1713). España reconoce esa cesión, pero recalca que solo cubría la ciudad, el castillo, el puerto y las fortalezas. No así el istmo ni las aguas adyacentes. Incluir el término en el texto legal busca recordar que, pese a otorgarle todas las ventajas en caso de un divorcio británico abrupto, España no baja la guardia respecto al estatus de Gibraltar.

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Es la segunda vez en poco tiempo que las autoridades españolas introducen esta denominación en un texto legal relativo a los planes de contingencia del Brexit. La más trascendente —por tratarse de un texto de la UE, no del Gobierno español— se produjo en el reglamento de visados, que deberá ser modificado para eximir a los ciudadanos británicos de ese documento para estancias cortas en países de la UE. Al igual que en este caso español, el texto europeo incluye a Gibraltar entre los beneficiarios de la medida, pero aclara que son una colonia. Pese a todo, el dosier está aún bloqueado en el Parlamento Europeo porque el ponente encargado, el británico Claude Moraes, rechaza la denominación.

Más allá de la cuestión de Gibraltar, el real decreto ley aprobado este viernes por si el próximo 30 de marzo Reino Unido abandona la UE a las bravas consagra los derechos de ciudadanía permanente (incluida la atención sanitaria, el cómputo de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las prestaciones por desempleo realizados tanto en el sistema español como en el británico) para los residentes en España. Se calcula que hay unos 300.000 ciudadanos de ese país afincados en España (la comunidad británica más numerosa en el exterior). Contando con ese colectivo y con otros que residen solo temporalmente o que no han oficializado aún su situación, el Gobierno prevé expedir alrededor de 400.000 permisos de residencia permanente, según adelantó este viernes EL PAÍS.

“Se trata de medidas coyunturales, que toma unilateralmente España, y que pretenden garantizar que ningún británico en España ni español en Reino Unido quede desprotegido”, explicó el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro aclaró que la pretensión del Ejecutivo es “que no entre nunca en aplicación” porque eso significará que la salida de Reino Unido de la UE es pactada y, por tanto, no hay que lidiar con imprevistos.

Todas las ventajas, extensibles a los 9.000 vecinos del Campo de Gibraltar que cada día cruzan la verja para trabajar en el Peñón, están condicionadas a un tratamiento recíproco por parte de Reino Unido. Las autoridades de ese país deberían garantizar el mismo baremo para los aproximadamente 150.000 españoles que residen allí oficialmente (las estimaciones oficiosas apuntan a una cifra superior). El statu quo también regirá para las empresas británicas que operaran en España antes del divorcio.

El decreto de contingencia, que ahora deberá convalidar el Parlamento, ha necesitado la colaboración de 17 ministerios porque incluye medidas de muy diversa índole. Algunas tan concretas como la que afecta a los permisos de conducir. El Gobierno seguirá reconociendo durante nueve meses la validez de las licencias británicas. En ese periodo se podrán canjear automáticamente por permisos de conducción españoles.

Contratos de urgencia

Junto a las garantías para ciudadanos, el Gobierno también habilita mecanismos de urgencia por si se ve obligado a gestionar situaciones descontroladas en las aduanas o en cualquier otro servicio público afectado por las novedades que comporte un Brexit sin acuerdo. Permitir la entrada de mercancías británicas en España fuera del paraguas de la UE requiere unos trámites en frontera que hoy no existen porque ambos países pertenecen al mercado único. En caso de tener que acometer alguna obra extraordinaria, el decreto contempla que los expedientes de contratación puedan ser objeto de “tramitación de emergencia”.

El decreto no tiene impacto presupuestario, según fuentes gubernamentales. Pese a todo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de febrero un refuerzo de personal público de 1.735 personas, entre otros motivos para hacer frente a todos los trámites extraordinarios que derivarían de un Brexit no amistoso.