Los británicos residentes en España votarán en las municipales pese al Brexit

El Brexit no afectará a los derechos de voto de los británicos residentes en España ni a los de los españoles afincados en Reino Unido. Los Gobiernos de ambos países han suscrito este lunes un acuerdo para preservar la participación de esos dos colectivos en las elecciones municipales, las únicas en las que pueden votar automáticamente los ciudadanos de la UE que se hayan establecido en otro Estado miembro. La salida de Reino Unido del club comunitario anulaba esta posibilidad. El pacto entre Madrid y Londres, el primero de esta especie suscrito en el contexto del Brexit, garantiza el statu quo en los comicios locales que España celebrará el 26 de mayo y Reino Unido, el 2 de mayo.

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En plena incertidumbre sobre la retirada británica de la familia europea, los dos Gobiernos han desbloqueado un acuerdo que se aplicará aun en el caso de un Brexit abrupto. “Incluso en un escenario de no acuerdo”, ha puntualizado Robin Walker, secretario de Estado británico para la salida de la UE, tras la firma de este compromiso con el secretario de Estado español para la Unión Europea, Marco Aguiriano, en la sede del Ministerio de Exteriores.

El pacto afecta a los aproximadamente 300.000 ciudadanos británicos que residen permanentemente en España y a los 175.000 españoles que lo hacen en territorio británico. Tanto el sufragio activo (poder elegir representantes) como el pasivo (poder presentarse como candidato) están cubiertos. A falta de cifras oficiales, fuentes británicas calculan que existen varias decenas de británicos con puestos de representación en Ayuntamientos españoles. “Con esto permitimos que algún día pueda haber un alcalde español en Londres”, ha bromeado Aguiriano.

Para poder ejercer estos derechos, España exige dos requisitos a los ciudadanos británicos: que acumulen tres años de residencia en el país (esta condición es para elecciones posteriores, no para las de 2019) y que estén inscritos en el Censo Electoral de Extranjeros Residentes en España el próximo 30 de enero. El acuerdo, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, requiere tramitación parlamentaria, pero se aplicará de manera provisional en cuanto Reino Unido salga de la UE (si es que se logra el encaje).

Este compromiso, poco problemático porque ambas partes tienen interés en conservar los derechos de los ciudadanos expatriados, se alcanza semanas después de sellar los memorandos relativos a Gibraltar, más conflictivos. Tanto Aguiriano como Walker confían en que ese marco, que garantiza un marco de relación de España con el Peñón cuando Reino Unido —y su colonia gibraltareña— deje de formar parte de la UE, se aplique en cualquier caso. Incluso si el divorcio no es amistoso. Aun así, queda pendiente aprobar el tratado fiscal que debe limitar la capacidad de Gibraltar de ejercer competencia fiscal desleal respecto a España. En este texto “quedan algunos flecos por peinar”, ha precisado el secretario de Estado para la UE.