Madrid y Londres ultiman un acuerdo para dar voto a sus residentes en el exterior en las elecciones locales

Los gobiernos de Madrid y Londres negocian a toda velocidad un tratado bilateral para que los 280.000 británicos residentes en España y los más de 115.000 españoles que viven en Reino Unido puedan votar en las respectivas elecciones municipales, según fuentes diplomáticas. A partir del 30 de marzo de 2019, con la salida del Reino Unido de la UE, los nacionales de ambos países perderán el derecho al sufragio que tenían como socios del mismo club.

Al margen de que Theresa May consiga o no que el Parlamento británico apruebe el acuerdo del Brexit, hay algo que está claro: los británicos dejarán de ser ciudadanos comunitarios dentro detres meses y medio. Si se aprueba el pacto sobre el periodo de transición, conservarán la mayor parte de sus derechos hasta diciembre de 202, pero en ningún caso podrán votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Y tampoco en las municipales previstas en España en la misma fecha.

En España viven más de 280.000 ciudadanos del Reino Unido, la colonia más numerosa de expatriados británicos en un país de la UE. Y la segunda más nutrida de nacionales de un país europeo que hay en España después de la rumana.

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Para evitar que pierdan sus derechos políticos, los gobiernos de Madrid y Londres negocian a toda velocidad un acuerdo que les reconocerá el derecho al sufragio en condiciones de reciprocidad. Es decir, tanto españoles como británicos podrán votar en sus respectivas elecciones locales. Será un acuerdo bilateral similar a los que España ha firmado ya con una docena de países, la mayoría iberoamericanos, pero también dos europeos: Noruega e Islandia.

Sin embargo, a diferencia de los demás, dicho tratado no solo reconocerá el derecho al sufragio activo (votar), sino también el pasivo (ser votado). Se trata de que pueda seguir habiendo en el futuro, como sucede ahora, concejales de nacionalidad británica en pueblos españoles.

Según datos recopilados por Ciudadanos, en la actualidad hay 37 concejales de nacionalidad británica en España: 19 en la Comunidad Valenciana (donde se concentra el 31,4% de la colonia británica), ocho en Andalucía (donde reside otro 31%) y el resto en Canarias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. El Gobierno está buscando una fórmula para que estos ediles puedan seguir en sus cargos a partir del 30 de marzo y presentarse a la reelección.

El acuerdo tendrá rango de tratado internacional y deberá ser ratificado por los respectivos parlamentos, para lo que no queda probablemente tiempo antes de las elecciones del 26 de mayo, según reconocen fuentes diplomáticas. Por eso, Exteriores estudia la posibilidad de que entre en vigor con carácter provisional cuando sea rubricado por los respectivos gobiernos.

La pérdida del derecho al sufragio es solo uno de los “efectos colaterales” del Brexit, en palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Los que más preocupan son otros derechos como los de residencia, trabajo o asistencia sanitaria. El Gobierno está preparando planes de contingencia por si finalmente el acuerdo de salida de la UE fuese rechazado en Westminster y hubiera que enfrentar un Brexit por las bravas. El objetivo es garantizar que los británicos que viven en España y los españoles que lo hacen en Reino Unido sigan disfrutando de los mismos derechos, sobre la base de la reciprocidad.

Para ello, según adelantó Borrell el pasado jueves en el Congreso, habría que reformar el reglamento de extranjería y, en colaboración con la Embajada del Reino Unido en Madrid, animar a los británicos a que se inscriban en el registro de extranjeros, pues consta que “varias decenas de miles” aún no lo están. Exteriores también planea reforzar sus servicios consulares en el Reino Unido y abrir un nuevo consulado en Mánchester, que se sumaría a los de Londres y Edimburgo. Una tarea ingente, pero relativamente simple en comparación con los problemas económicos derivados de un Brexit sin  anestesia.