Vox presenta una enmienda al tratado fiscal sobre Gibraltar porque no reclama la soberanía española

Vox rechaza el tratado fiscal que han firmado España y Reino Unido sobre Gibraltar. Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad al texto, que constituye el primer pacto internacional sobre la colonia británica desde el Tratado de Utrecht (1713) y que pretende poner coto a la competencia fiscal que ejerce el Peñón. La formación de Santiago Abascal admite que el tratado favorece a España en posibles disputas tributarias, pero lo considera “una victoria ridícula”. En opinión de Vox, lo que el Gobierno debería haber perseguido tras el Brexit es la soberanía sobre Gibraltar.

La presentación de este documento, registrado el pasado martes, dilatará el tratado fiscal, que ya fue validado por el Gobierno y que ahora necesita autorización tanto del Parlamento español como del británico para entrar en vigor. Fuentes parlamentarias calculan una demora de entre cuatro y siete meses en un proyecto que ya trae retraso acumulado. España y Reino Unido acordaron el tratado hace justo un año, pero el bloqueo político que han vivido recientemente los dos países ha ralentizado el trámite parlamentario.

Lo que Vox ha llevado al Congreso es una propuesta de denegación de autorización del convenio internacional sobre Gibraltar. Esta fórmula equivale a una enmienda a la totalidad, según aclara el reglamento del Congreso. El texto, con fecha de entrada el 3 de marzo, viene firmado por Macarena Olona, portavoz adjunta del grupo, y pide anular por completo el acuerdo fiscal. Y ello a pesar de que el tratado obliga a Gibraltar a entenderse con España en caso de conflicto sobre la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas con intereses a ambos lados de la verja. Se trata de reglas “que claramente favorecen el desempate en favor de España”, admite la enmienda.

El tratado fiscal establece que los ciudadanos que pernocten más de 183 días al año, tengan su cónyuge con residencia en España, posean una vivienda habitual o dispongan de dos tercios de sus activos en territorio español deberán tributar a la Hacienda española. La norma afecta a aquellos que hoy estén considerados residentes fiscales en Gibraltar. En cuanto a las empresas, estarán sujetas a la tributación española cuando la mayoría de los activos estén en España, cuando sus ingresos provengan de ese territorio, cuando las personas que las gestionan sean residentes fiscales en España o cuando la mayor parte de derechos sobre el capital los ejerzan españoles.

Pero las objeciones de Vox, tercera fuerza parlamentaria, van por otro camino. El grupo considera que las pretensiones británicas y gibraltareñas consisten en “que Gibraltar sea reconocido como entidad política y se autorice su condición de paraíso fiscal” y cree que el tratado avala la competencia de las autoridades del Peñón. En la actualidad, España incluye a Gibraltar en su lista de paraísos, aunque es probable que, si las condiciones de este convenio se cumplen, decaiga esa consideración.

“No se resuelven los principales problemas que para España supone la presencia de una colonia en nuestro suelo”, lamenta Vox. Para el partido, esas dificultades afectan en buena medida a la situación de los trabajadores transfronterizos (más de 9.000, según las estadísticas de Gibraltar) que continuarán “excluidos del generoso sistema de bienestar gibraltareño”. El partido de Abascal considera que estos trabajadores que se desplazan cada día al Peñón “están siendo utilizados de rehenes”.

Más llamativa es la objeción a que, con el nuevo marco, disminuya el contrabando de tabaco. “Las mafias del contrabando de tabaco verán reducidos sus ingresos, que tendrán que complementar con otras actividades ilícitas”, vaticina la enmienda. Fuera de esta herramienta fiscal, los Gobiernos español y británico han pactado un memorándum sobre tabaco, que compromete al Peñón a reducir el diferencial de precios con España para hacerlo menos atractivo al contrabando.

Por todos estos motivos, Vox considera que el pacto fiscal “debilita la posición internacional y los derechos de soberanía” españoles. “Lo principal es recuperar nuestra soberanía sobre Gibraltar”, concluye esta fuerza, que acusa al Gobierno de haber mantenido una postura “improcedente” y de haber renunciado a reclamar la soberanía en las negociaciones del Brexit. Esa reivindicación, pese a todo, nunca estuvo sobre la mesa en el proceso de divorcio británico, ni con el anterior Gobierno del PP ni tras la moción de censura de Pedro Sánchez.