La crisis del coronavirus

Las comunidades del PP exigen gestionar también el ingreso mínimo vital

Los presidentes autonómicos serán las autoridades competentes en la desescalada en sus territorios en la fase 3

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes del 10 de mayo. En vídeo, la declaracion de Sánchez este domingo.EP

La gestión del ingreso mínimo vital se ha convertido en el último elemento de discordia del PP con el Gobierno. Los barones populares han reclamado en la duodécima conferencia de presidentes desde el estallido de la crisis el traspaso de esta competencia a todos los territorios. El socialista Javier Lambán, de Aragón, se ha sumado a las demandas. El Ejecutivo acordó el pasado miércoles su concesión al País Vasco y Navarra, un pacto que logró restablecer las relaciones con el PNV y allanar el terreno a su apoyo a la sexta prórroga del estado de alarma.

A diferencia de los barones del PSOE, los del PP suelen mostrar una estrategia conjunta en la conferencia de presidentes. De esta forma, el principal partido de la oposición refuerza su mensaje pese a gobernar en la mitad de comunidades —cinco— que los socialistas. La petición del fondo no reembolsable, que contará con 16.000 millones de euros sin que aún estén claros los criterios de reparto, partió de los populares. Menos éxito han tenido para disponer de los fondos destinados a políticas activas de empleo. La gestión del ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella de la legislatura que el Ejecutivo pretendía implantar paulatinamente antes del estallido de la crisis, concentró las críticas del PP en la cumbre de este domingo. Su líder, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de “romper la igualdad entre españoles dando a los nacionalistas del País Vasco, Navarra y Cataluña lo que niega al resto”. “Convierte en un mercado persa la negociación de la alarma para tapar su nefasta gestión en una crisis que ha costado 40.000 víctimas y cuatro millones de parados”, ha apostillado. De momento, el acuerdo para gestionar la nueva renta social no incluye a Cataluña.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el primero del PP en intervenir tras el lehendakari Iñigo Urkullu y el president Quim Torra —el orden lo establece la antigüedad del estatuto de cada autonomía— ha encabezado las protestas. Feijóo ha instado a que “antes de que acabe este año” todas las comunidades gestionen la prestación estatal, según asistentes a la reunión. La ayuda empezará a pagarse desde en junio y costará 3.000 millones. El objetivo del Gobierno es cubrir a 850.000 hogares vulnerables. “Debe gestionarse por las comunidades autónomas para un planteamiento equitativo”, ha zanjado Feijóo.

“No aceptaremos privilegios a otras autonomías”, ha abundado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha reprochado que 48 horas después de la aprobación del ingreso mínimo los territorios desconozcan cómo se gestionará. Moreno no cuestiona su necesidad, pero lamenta que solo lo vayan a gestionar Euskadi y Navarra a prestaciones similares. “¿Las demás no?”, ha expuesto.

Isabel Díaz Ayuso ha recordado como el resto de sus colegas que Madrid gestiona un ingreso de este tipo, en su caso la renta mínima de inserción, desde 2002 (en Galicia se remonta 29 años). Ayuso ha reprochado lo que considera un “régimen especial” a los nacionalistas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha insistido en lo mismo: “Tenemos la capacidad, la experiencia y el mismo derecho que los demás para gestionar la renta mínima. Los derechos sociales de los españoles no se negocian bilateralmente. Se garantizan en igualdad”.

Sánchez ha sido difuso y no ha aclarado si extenderá la gestión del ingreso mínimo. “El Gobierno plantea una igualdad de derechos en todo el territorio nacional. Por tanto, es una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social. Eso garantiza la igualdad de derechos en todo el conjunto del país, porque hasta ahora lo que teníamos era que cada comunidad, en función de sus recursos propios y también de su voluntad, cubría a más o menos colectivos. Ahora estamos estableciendo unos parámetros muy semejantes en el conjunto del país y en consecuencia se garantiza esa igualdad de derechos”, ha afirmado en su comparecencia semanal en La Moncloa.

Los presidentes del PP han contado con el apoyo de algunos presidentes socialistas. El aragonés Lambán ha pedido que el reparto de los fondos de la UE para la reconstrucción o la gestión del ingreso mínimo no se pacten “en foros bilaterales”. “Nadie en Aragón va a entender que algunas comunidades puedan gestionarlo íntegramente y las demás no cuenten con la misma opción”, ha advertido. El valenciano Ximo Puig ha pedido “que se garantice la coordinación y se eviten las duplicidades” con los modelos autonómicos que ya existen. Otro presidente socialista, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), ha vinculado el ingreso mínimo “a la gente que queriendo trabajar, no puede, o queriendo ganarse la vida no lo consigue”.

Última prórroga hasta el 21 de junio

Sánchez ha confirmado al inicio del encuentro a los presidentes autonómicos que pedirá una sexta y última prórroga de dos semanas del estado de alarma. El Congreso la votará el miércoles y su duración sería hasta el 21 de junio. El presidente también les ha trasladado que las comunidades recuperarán la mayor parte de sus competencias para gestionar la desescalada en los territorios en la fase 3 como pactó con el PNV y ERC. El Gobierno se reservará el control de la circulación entre las provincias.

“A partir de la fase 3 vais a ser vosotros como presidentes y presidentas las autoridades delegadas, las autoridades competentes como máximos representantes del Estado en cada uno de vuestros territorios”, ha indicado Sánchez. La consecuencia será la gestión de las medidas y tiempos para manejar la fase final del desconfinamiento. “O incluso pedir al Gobierno que levante el estado de alarma” en los diferentes territorios, ha añadido el presidente según fuentes de la cumbre. Salvo Madrid, Barcelona y su área metropolitana y buena parte de Castilla y León, el resto de España entrará en la fase 3 el 8 de junio si no hay imprevistos.

“En la fase 3 pasaremos de la cogobernanza a la gobernanza absoluta, plena, de las comunidades autónomas. Vais a ser competentes para gestionar su desescalada”, ha reiterado el presidente del Gobierno. Sánchez ha incidido en la reunión que los expertos recomiendan limitar la movilidad dos semanas más, hasta el 21 de junio. En los últimos siete días se han producido 320 nuevos contagios y 43 fallecidos por coronavirus.

El anuncio no ha convencido al president catalán, Quim Torra, de Junts per Catalunya, el socio de ERC en el Govern. Torra ha insistido en la recuperación de competencias de forma inmediata. Junts se opone al estado de alarma desde hace semanas. “Es lógico que vuelvan las competencias, reclamo que las tengamos ya”, ha afirmado, según fuentes presentes en la duodécima conferencia de líderes territoriales. Torra también ha reclamado que se cubran los gastos que la covid-19 ha generado en Cataluña y que ha estimado en 5.000 millones de euros. Dentro del marco del acuerdo con ERC y PNV, Sánchez ha afirmado que las comunidades participarán en la toma de decisiones sobre el reparto de los fondos europeos. El presidente ha detallado que España recibirá de la UE 77.000 millones en transferencias y 63.000 en créditos. Los sectores más beneficiados serían el turismo, comercio, renovables, automóvil, transporte, construcción y ámbito digital.

Iñigo Urkullu y Feijóo han solicitado más facilidades para la apertura comercial y por razones laborales de las fronteras con Francia y Portugal. “El comercio se está hundiendo en las ciudades transfronterizas”, ha alertado el presidente de la Xunta. Sánchez se ha comprometido a hablar con Francia para flexibilizar los controles con Euskadi y Navarra. También lo hará con Portugal. El lehendakari y el presidente gallego también han pedido que se aclaren los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables. Otros líderes territoriales como Juan Manuel Moreno (Andalucía) han pedido “claridad y equidad”, aunque las condiciones se debatirán en el Congreso. El presidente andaluz ha solicitado que el 8 de junio toda la comunidad pase a fase 3, sin que tengan que esperar otra semana las provincias de Granada y Málaga.

Feijóo ha reclamado además un plan único a nivel nacional para afrontar posibles rebrotes de la pandemia, a lo que Sánchez ha respondido bromeando que la propuesta “le suena a estado de alarma” y ha preguntado si eso significa que el PP votará a favor de la última prórroga del estado de alarma. Hace dos semanas votó en contra y en la anterior se abstuvo. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha adelantado que el PRC, con un diputado en el Congreso, votará a favor de la prórroga del estado de alarma y se ha mostrado a favor de la propuesta de Urkullu de valorar la exención del IVA en las mascarillas. La petición de Urkullu de extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta septiembre en el comercio, hostelería, turismo y el sector del automóvil ha encontrado el respaldo de Francina Armengol (Baleares) y María Chivite (Navarra), entre otros.

Industria del automóvil

La situación crítica del sector del automóvil, vital para la industria nacional, ha sido otro de los asuntos centrales. La alarma se ha extendido por las comunidades que albergan las mayores plantas después de la decisión de Nissan de cerrar su fábrica de Barcelona en diciembre. Su impacto sería mayúsculo, ya que además de los 3.000 empleos directos pondría en riesgo entre 15.000 y 25.000 empleos indirectos. El tejido industrial afectado rondaría las 500 empresas.

Lambán ha advertido que las ayudas de Francia al sector “ponen en jaque a otros países”. “Debemos redoblar esfuerzos y no perder posiciones con el coche eléctrico”, ha incidido el presidente aragonés. Mañueco considera “fundamental” una mesa nacional de automoción, así como promover la demanda y digitalización de plantas en el sector. La Comunidad Valenciana ha pedido un plan de apoyo a la industria de la movilidad. Puig ha destacado que el respaldo a la industria del automóvil es fundamental por el empleo, la innovación, el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático.

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