La justicia autoriza manifestaciones que había prohibido el Gobierno

La intención del Ejecutivo de frenar distintas manifestaciones convocadas para este fin de semana se ha desbaratado en unas horas. Dos tribunales autonómicos tumbaron este jueves la decisión de varias delegaciones del Gobierno de prohibirlas en una decena de ciudades. Y la Fiscalía, que se llegó a oponer de forma directa a una de esas suspensiones, difundió también esta mañana un escrito donde recordaba que el estado de alarma no es razón “suficiente” para impedir las protestas.

La cascada de varapalos se precipitó por la tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abrió la veda y dejó sin efecto, en sucesivos autos, hasta nueve resoluciones de las subdelegaciones del Gobierno en la comunidad, que habían prohibido las manifestaciones de Vox convocadas para este sábado en las nueve capitales de provincia de la región. Los magistrados consideran que impedir esas protestas vulnera los derechos políticos de los ciudadanos, ya que las movilizaciones prevén medidas de seguridad para evitar el contagio —como el uso de mascarillas— y consisten en caravanas de “vehículos particulares cerrados”.

Como recuerdan los jueces en sus autos, el decreto del estado de alarma por el coronavirus no suspende el derecho de manifestación, sino que, como ya resolvió el Tribunal Constitucional, puede limitarlo si no existen “garantías” de seguridad. En ese sentido, los jueces de Castilla y León insisten en que no vale con que la Administración esgrima “afirmaciones genéricas” sobre la pandemia para impedirlas, sino que tiene que dar argumentos específicos sobre por qué no puede celebrarse cada una de ellas. Una tesis que ya avanzó la Abogacía del Estado en un escrito enviado a las delegaciones del Gobierno para orientarlas sobre las marchas de Vox convocadas en todas las capitales de provincia y donde recomendaba que solo se prohibieran si se apreciaba un riesgo de salud “considerable” tras analizar cada convocatoria concreta.

Una línea similar mantiene el ministerio público, que este jueves difundió un escrito con los criterios marcados por la Fiscalía del Supremo: antes de posicionarse, se estudiará caso por caso. Ya que el estado de alarma no constituye por sí mismo una “justificación jurídica apta y suficiente para la prohibición o propuesta de modificación de una reunión o manifestación”, destacaba ese documento, que añadía que la pandemia evoluciona y que las normas sanitarias se están ajustando de forma “continua”.

“La evolución de la pandemia ha permitido un proceso de desescalada y de flexibilización de las medidas acordadas inicialmente por razones de salud pública”, prosigue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumbó también este jueves otra resolución de la Delegación del Gobierno del pasado 14 de mayo, que impedía una concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) prevista el próximo sábado en la Puerta del Sol. Esta protesta, que finalmente podrá celebrarse, consiste en una concentración estática de un máximo de 50 personas, que mantendrán una distancia mínima de tres metros y llevarán mascarillas y guantes.

Este último revés, por cierto, ha dejado huella. Tras apurar los tiempos, la Delegación del Gobierno en Madrid sí permitió finalmente el acto de Vox de este sábado en la capital de España. Pero no se ha pronunciado hasta este jueves y después de que ya hubieran marcado sus directrices la Abogacía del Estado y la Fiscalía. A día de hoy, por su parte, todavía están pendientes de resolución los recursos presentados por la formación de extrema derecha contra la prohibición de sus marchas en las cuatro capitales de provincia de Cataluña, que debe analizar el tribunal superior de dicha comunidad.

Estos no son los primeros golpes que se lleva el Gobierno tras prohibir concentraciones en esta crisis. El Tribunal Superior de Aragón ya revocó otra marcha prohibida en Zaragoza y le reprochó a la delegación que había recurrido a meras “conjeturas” genéricas para suspenderla. Un grupo de juristas también denunció esta semana que el Ejecutivo había entrado en una dinámica de automatismos para impedir estas protestas que habían hecho “irreconocibles” los derechos de manifestación y reunión.

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