Un grupo de juristas teme por un “retroceso” en los derechos con el estado de alarma

Un grupo de juristas difundió este martes un manifiesto donde expone su “malestar, temor y preocupación” por los “injustificados recortes y retrocesos para los derechos y libertades” que, en su opinión, está suponiendo la actividad legislativa del Gobierno tras la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus. Aunque los firmantes admiten la “complejidad y dificultades que supone gestionar una crisis sanitaria” de estas características y la “indiscutible necesidad de proteger la salud pública”, también alertan de que algunas iniciativas revelan “una deriva, como mínimo, poco respetuosa con los principios democráticos”.

El documento —firmado por más de un centenar de juristas y publicado en castellano, catalán, gallego y euskera— pone el acento en asuntos como la política de multas impulsada por el Ministerio del Interior, que acumula ya más de un millón de sanciones a ciudadanos propuestas por parte de las fuerzas de seguridad. “Una actividad masiva y centralizada, que parece transformar un problema sanitario en uno de orden público”, destaca el colectivo de juristas, entre los que se encuentran catedráticos de Derecho y abogados progresistas. Entre otros, sus impulsores: la letrada Celia Pereira; y Carlos Amoedo, catedrático E. U. de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.

En opinión de los firmantes del manifiesto, los derechos de manifestación y reunión también se han vuelto “irreconocibles” a raíz de las limitaciones impuestas en el estado de alarma, que ha llevado a la prohibición de concentraciones en todo el país. Aunque el Tribunal Constitucional avaló la suspensión de una marcha en Vigo al considerar que esta no respetaba las condiciones sanitarias requeridas ante la expansión de la pandemia, este grupo de juristas subraya que se están impidiendo de forma exagerada estas protestas. “Buscan limitar la libertad de expresión”, apostilla el documento. Este mismo martes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recordaba en un auto que el decreto del Gobierno “no suspende el ejercicio del derecho de reunión y manifestación”.

“Se debe velar para que estas actuaciones no vayan más allá de lo estrictamente necesario para preservar la vida de las personas y su integridad física. Y respeten los derechos fundamentales y libertades públicas, ejes básicos de un estado democrático”, continúa el manifiesto, que prosigue: “Es justo en momentos graves, como el actual, cuando la solidez de los valores de un sistema jurídico-político se ponen a prueba”. Y remacha: “Un sistema democrático debe siempre huir de la tentación de tomar atajos que, en el nombre de la eficacia, pongan en riesgo la esencia misma de la democracia, de la que los derechos fundamentales y libertades públicas son un pilar imprescindible”.

En este sentido, el grupo de juristas señala a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional como los “responsables” de controlar al Gobierno y sus medidas. “Para que se garantice el ejercicio real de los principios y derechos constitucionales”, recalca el documento, titulado Los derechos de la persona también son para las pandemias.

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