La comisión de reconstrucción tras la covid-19 aprueba su plan de trabajo por amplísima mayoría

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica se ha reunido este jueves en el Congreso por segundo día consecutivo, tras una primera sesión en la que, inesperadamente, reinó un clima de consenso y ha acordado un plan y calendario de trabajo otra vez por una amplísima mayoría y sin reyertas ni ataques partidistas. El primer problema grave se ha solventado con un acuerdo casi inaudito en esta legislatura, al pactar entre PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, ERC y PNV reducir la lista inicial y de imposible gestión de 308 comparecientes en poco más de un mes a solo 41. Esa idea ha salido adelante con 321 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra. Acudirán así a sus sesiones, cuando les convoque el presidente, el socialista Patxi López, políticos, gestores y también expertos de diferentes sectores para aportar soluciones y salidas a esta crisis. Los partidos se han conjurado de partida en no transformar estas citas en una comisión de investigación.

Entre los 41 comparecientes que deberán pasar por el Congreso para dar su visión de futuro tras la covid-19 están tres vicepresidentes del Gobierno (Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Ribera), las ministras de Exteriores, Trabajo e Igualdad, y otros responsables públicos, como el gobernador del Banco de España, los representantes de la patronal CEOE, Cepyme, los dirigentes sindicales y otros expertos en economía, turismo, sanidad, temas europeos y relacionados con servicios sociales.

Hasta Vox pareció olvidar en parte sus recelos de este pasado miércoles, cuando se celebró la primera reunión de trabajo de la comisión para fijar los criterios de su plan de trabajo, y este jueves ha obviado los ataques que el miércoles lanzó al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, por haber cuestionado su pedigrí democrático en un bronco debate en la sesión matinal de control al Gobierno. Este jueves Vox aportó sus propuestas, tanto para comparecencias como para reclamar documentación o un calendario de funcionamiento y, eso sí, ha pedido que no se pretenda transformar esas reuniones en un cónclave “para cambiar el modelo actual de sociedad, que funcionaba bastante bien, para construir una nueva, utópica y basada en ideas fracasadas”. Al final Vox ha subsumido su plan de calendario y documentación en el registrado en el del PP porque eran muy similares. Ambos se han votado pero no han salido adelante porque se ha impuesto el voto ponderado de la mayoría progresista que compone el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos con sus socios de investidura.

Lo más relevante, sin embargo, volvió a ser el clima de concordia y colaboración que parece haberse impuesto en estas primeras sesiones de trabajo de la comisión. El presidente Patxi López ha dado todas las facilidades y la flexibilidad para que así sucediera. Los partidos han presentado de entrada un total de 308 peticiones de comparecencias, algo inabordable para solventar en poco más de un mes y para dejar el mes restante hasta finales de junio para que puedan operar con algo de tiempo los cuatro grupos de trabajo formados sobre sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y sistemas de cuidados y la implicación de la Unión Europea.

Patxi López expuso lo inviable de gestionar ese número de comparecencias y facilitó un receso para que los partidos pactasen alguna solución. Fue ahí cuando se labró el consenso entre las principales fuerzas políticas de la Cámara, tan antagonistas habitualmente como PSOE y Unidas Podemos frente a PP, Vox, Cs, o los partidos nacionalistas de ERC y PNV. Esas formaciones expurgaron las solicitudes, evitaron solapamientos y llegaron a la conclusión de que podían resolverse el atasco en solo 41 comparecencias, que ya son bastantes ante la premura de tiempo que se ha fijado la propia comisión para llegar a conclusiones y propuestas que aportar para salir de la crisis tras el coronavirus.

Algunos partidos, sobre todo de la oposición de centro derecha, defendieron que podrían evitarse en la comisión las presencias de los altos cargos del Gobierno, vicepresidentes y ministros, que ya tienen otras muchas opciones para explicarse y hasta más comisiones y plenos del Congreso para acudir. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, atajó ese debate al considerar que sería ilógico que en una reunión para definir cómo salir de la crisis y planteamientos de futuro el Gobierno no tuviera nada qué decir.

La comisión votó y aprobó demandar una ingente cantidad de documentación a todos tipo de instituciones y organismos sobre la covid-19 y ahí se volvió a constatar, por ahora, la voluntad de acuerdo porque la mayoría de las peticiones fueron aprobadas por unanimidad o por una muy amplia mayoría. La discrepancia más notable observada este jueves fue sobre el calendario de trabajo de las sesiones, sobre todo del plenario de la comisión, más que de los cuatro grupos de trabajo con expertos y asesores.

Al final salió adelante el planteamiento del PSOE y Unidas Podemos que deja el calendario de las comparecencias en la comisión de reconstrucción un poco abierto y a decisión de los portavoces y del presidente según vayan transcurriendo las jornadas y más en este periodo en el que la movilidad aún está restringida en muchas zonas del país y que, en cualquier caso, deberían desarrollarse entre el 21 de mayo y el 19 de junio. Esa propuesta fue votada con 180 posiciones a favor frente a las 140 que sumó la del PP y Vox (fundamentalmente trabajar desde lunes y a sábado, cuatro días por semana y de ocho de la mañana a ocho de la tarde) y con 23 abstenciones. La mayoría progresista argumentó para tumbar la alternativa del PP y Vox que las jornadas ya son muy amplias y que muchos diputados que no son de Madrid llevan meses sin ver a sus familias en sus provincias.

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