Sánchez pacta con Arrimadas y ofrece cogobernanza a los nacionalistas para salvar el estado de alarma

La mayoría con la que Pedro Sánchez fue elegido está mutando, al menos de forma temporal. Para la prórroga del estado de alarma, que se vota este miércoles, ERC se cae de ese grupo, y entra Ciudadanos: el Gobierno cerró este martes un pacto con Inés Arrimadas que incluye concesiones políticas —contactos cada semana para consensuar la desescalada— y económicas —acordar ERTE y ayudas a autónomos cuando acabe la alarma—. El Gobierno también ha negociado con el PNV que las decisiones de la desescalada se tomen de forma conjunta con las autonomías. La prórroga estaría así garantizada. Incluso si el PP opta por el no. La formación de Pablo Casado no ha presentado ninguna enmienda al decreto.

En las últimas horas las negociaciones habían sido intensas y el Ejecutivo transmitía la sensación de que la votación estaba asegurada, pero a última hora de la tarde se produjo un salto político relevante. Ciudadanos, que llevaba meses lejos del radar de los acuerdos con el Gobierno —una estrategia que llevó al partido a una debacle electoral y acabó con la dimisión de su líder, Albert Rivera— entra ahora en un pacto que de momento es puntual, pero puede abrir paso a algo más de fondo. El comunicado con el que se dio cuenta del acuerdo muestra el giro en la relación entre ambos grupos: el tono es de coincidencia en medidas económicas y políticas, y ofrece garantías de que habrá contactos frecuentes a partir de ahora. Cs, de esa manera, parece convertirse en un nuevo socio del presidente Pedro Sánchez.

Ante la caída de ERC, que se ha ido decantando hacia el no, el Gobierno necesitaba otro aliado, y lo ha encontrado en la formación de Inés Arrimadas. ERC tiene 13 escaños; Ciudadanos, 10. Pero más allá de los números, el problema es que el grupo liberal tiene muchas más diferencias con las medidas económicas de la coalición de Gobierno que ERC, lo que haría difícil su apoyo a unos eventuales Presupuestos.

Pero esa es una casilla posterior: lo esencial para el Gobierno es mantener el estado de alarma. Ante el anuncio del PP de que no apoyaría una cuarta prórroga, y el riesgo de que incluso pudiera votar en contra —aunque la abstención sigue siendo el voto más probable— el Gobierno y el PSOE se movieron para buscar el apoyo de Ciudadanos y del PNV.

Los nacionalistas negociaron durante todo el fin de semana y el lunes con el Gobierno, con contactos constantes entre Carmen Calvo, la vicepresidenta, y Andoni Ortuzar, el líder del PNV, y llegaron finalmente a una síntesis que está en la propuesta de resolución que presentaron los nacionalistas el martes por la noche en el Congreso. Se trata de añadir una disposición adicional al decreto de alarma, que dice que en el proceso de desescalada, “el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad”. “En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma”, subraya. Esa es la fórmula elegida para rematar la idea, reclamada por el PNV, de que las decisiones no las tome el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino Gobiernos y autonomías de forma conjunta.

Para que salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple: más votos a favor que en contra. De momento han anunciado que votarán no Vox, ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso. Para lograr más síes, si el PNV se abstuviera, el Gobierno necesitaba a Ciudadanos porque solo contaba con los 155 votos a favor, los de la coalición, además del apoyo de algunos grupos pequeños. Si el PNV pasara al sí, que es lo que se ha negociado, sus seis diputados llevarían los síes a 166 y el Gobierno estaría más tranquilo, porque los noes difícilmente superarán los 164. El BNG, por ejemplo, ya ha confirmado su abstención, y Bildu también parece estar en esa posición. Con el PNV y Ciudadanos en el sí, la votación ya sería mucho más cómoda, con 176 síes. Si el PP se abstiene finalmente la mayoría sería muy holgada.

Las conversaciones en las últimas horas han sido frenéticas y han participado no solo la vicepresidenta Calvo, que ha llevado el principal peso político en la negociación con Ortuzar, del PNV, sino también la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y responsable de coordinar el plan de desescalada.

Calvo habló este martes con Pere Aragonès, hombre fuerte de ERC, para hacer un último intento de que los republicanos pasen del no a la abstención. El Ejecutivo entiende que la imagen de la mayoría de la investidura rota en un asunto tan importante como el decreto de alarma es muy perjudicial.

Calvo también hizo un intento el lunes con Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, para suavizar su posición contraria a la prórroga. Feijóo señaló este martes en las redes sociales que, en su opinión, no es necesario “prorrogar sine die” la alarma, pero “otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse, y es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora”. Esto es, el influyente barón del PP se muestra favorable, después de la conversación, a dar algo de margen al Ejecutivo, una posición diferente de la del líder de su partido, Pablo Casado.

Tanto los nacionalistas vascos como Arrimadas exigían garantías para apoyar que el estado de alarma se prorrogue por cuarta vez y llegue hasta el 26 de mayo. Ese es el plazo previsto, pero desde este miércoles mismo el Gobierno ha ofrecido al PNV pactar las fases de la desescalada, en toda su extensión, con todos los aspectos de medidas sanitarias, de vida social y de propuestas económicas y laborales, informan en fuentes gubernamentales. Así lo reconocen en el PNV y también varias presidencias autonómicas.

La labor del Gobierno es convencer a sus interlocutores de que sin estado de alarma se pone en peligro a la población, como este martes reiteró el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Cada paso del Ejecutivo irá acompañado por el Gobierno vasco, que ofrecerá los datos de su comunidad sobre el terreno. Esta práctica será igualmente pactada con el resto de las comunidades autónomas.

Las fases de desescalada y sus contenidos serán conjuntas y acordadas, pero las comunidades deben aceptar que las limitaciones a la movilidad dentro de España solo pueden decidirse desde el Gobierno central. Solo desde La Moncloa, y con el amparo constitucional del decreto de alarma, se puede prohibir que no haya movimiento entre una comunidad y otra, lo que no molestará a la mayoría de los ciudadanos, sino todo lo contrario, según los datos que tiene el Gobierno y que sus miembros repiten de forma informal aunque ya cada vez más alto.

La discusión jurídica sobre si con leyes vigentes puede conseguirse lo mismo, según defiende el PP, no tiene final ni posibilidad de consenso. El pleno de este miércoles será con toda probabilidad bronco, pero después del acuerdo de anoche el Gobierno lo enfrenta con mucha más calma.

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