Sánchez se compromete con sindicatos y empresarios a contar con ellos en los pactos de reconstrucción

La conversión de la mesa para la reconstrucción en una comisión parlamentaria, a petición del Partido Popular, dificulta bastante la participación de los sindicatos y los empresarios en esta negociación. Estos no se conforman simplemente con comparecer en el Parlamento ante la comisión que se cree y que se les escuche. Quieren participar y negociar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a contar con ellos en la reunión que han mantenido este jueves y a abrir un “espacio de diálogo social” para darles cabida. No hay más concreción en esta opción que busca dar encaje a los agentes sociales.

Sindicatos y empresarios están acostumbrados a negociar, llegar a acuerdos e, incluso, pactar las desavenencias. También quieren hacerlo ahora en las conversaciones para la reconstrucción. La Constitución, en el artículo siete, les reserva un papel “en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. De ahí que este jueves le hayan dicho a Sánchez que no les sirve con ser un compareciente más en la comisión parlamentaria, según han explicado los líderes sindicales. “No consideramos que la fórmula de la comisión parlamentaria sea la más propicia para un reto de estas características, pero una vez decidida que esa es la vía, lo que pedimos es una singularidad del marco del diálogo social en este proceso”, han reclamado los dos sindicatos en un comunicado conjunto emitido al acabar el encuentro virtual, en el que han participado los dos líderes sindicales, Unai Sordo (CC OO), Pepe Álvarez (UGT), los dos presidentes de las organizaciones empresariales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

El presidente les ha contestado con la oferta de un “espacio de diálogo social”, según la nota divulgada por la Moncloa, que ha sido aceptada por las otras dos partes, explican admiten los sindicatos y fuentes de Cepyme. Y, además, Sánchez se ha comprometido a tener otra reunión con ellos, ha añadido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

A ese “espacio”, los sindicatos piensan llevar las reivindicaciones que le han planteado a Sánchez este jueves y que tanto Álvarez como su homólogo en CC OO, Unai Sordo, ya habían puesto sobre la mesa. Ambas organizaciones reclaman que los recursos que puedan llegar de la Unión Europea se destinen a impulsar un cambio de modelo productivo que haga a la economía española menos dependiente de actividades estacionales y de bajo valor añadido y dé un mayor peso al sector industrial. “Es necesario plantear los términos de la reconstrucción. Hacen falta palancas de inversión pública para cambiar el modelo productivo de España”, ha reivindicado Sordo, en un vídeo difundido a la salida de la reunión. No obstante, este sindicalista también pide que haya apoyo a “sectores muy afectados” por el parón decretado para combatir la expansión del coronavirus, en referencia a la hostelería, el comercio y otras actividades vinculadas al turismo.

El discurso de las patronales es complementario al de los sindicatos. Cepyme señaló que el objetivo es mejorar el modelo económico para que sea “competitivo”. Y advirtió de que este “espacio de diálogo”, más centrado en el medio plazo, no debe distraer esfuerzos del escenario más inmediato: hay medidas de apoyo a las empresas que aún hay que adoptar en el corto plazo Desde CEOE, su presidente Antonio Garamendi, es claro: su prioridad pasa por la salida de salia

Los líderes sindicales en sus intervenciones han hablado también de la renta básica, como explica Pepe Álvarez en otro vídeo: “En primer lugar necesitamos que nadie se quede atrás y eso requiere de un ingreso mínimo vital”. Asegura Álvarez que a la hora de plantear la desescalada en sus fases más inmediatas hay bastante coincidencia entre ellos y los empresarios. El presidente les ha pedido su apoyo para la salida de esta situación en el plano sanitario, advirtiendo de que se irá abriendo la mano poco a poco y sin descartar la opción de cerrarla. Las dos partes de los agentes sociales han coincidido en darle el respaldo.

También ha habido sintonía por ambas en el planteamiento de salida gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, es decir, los que se han justificado apoyándose directamente en la declaración del estado de alarma. En total se han presentado unos 500.000 expedientes y habría algo más de cuatro millones de trabajadores afectados, de los cuales, la mayoría se encuadraría dentro de esa causa por fuerza mayor. “Son un gran instrumento. Tiene que permitirse la incorporación de los trabajadores en el momento que sea necesario y mantener las empresas y los puestos de trabajo”, ha explicado Álvarez.

Para Antonio Garamendi, presidente de CEOE, son el primer punto encima de la mesa. Que la salida de esos ERTE no sea brusca una vez decaiga el estado de alamar y que con ella no se cargue a las empresas con todo el coste laboral que eso puede suponer es básico para los empresarios. De ahí la prioridad que le otorga el máximo dirigente de la patronal, quien también reclama a Sánchez que concrete el contenido de la mesa por la recuperación.

Desde Cepyme, por su parte, señalan que su objetivo es mejorar el modelo económico para que sea “competitivo”. Pero también advierten que este espacio de diálogo, más centrado en un futuro a medio plazo, no debe distraer esfuerzos del escenario más inmediato y que hay medidas de apoyo a las empresas que todavía hay que adoptar en el momento actual.

Una reivindicación exclusiva de los sindicatos es que se hagan exámenes “severos” sobre lo que ha sucedido en el sector sanitario y en las residencias. “Hay que saber en qué términos se ha producido la respuesta a una pandemia como la que todavía estamos viviendo. Cómo ha sido en los servicios sanitarios y servicios de atención a personas dependientes [en referencia a las residencias de ancianos]. ¿Teníamos el personal necesario? Desde la perspectiva de que vamos a tener que reforzar el sistema de servicios públicos y servicios sanitarios", ha pedido Sordo. Y, en la misma línea, Álvarez ha exigido “una auditoría que dé luz, que acabe con estas interpretaciones interesadas”. "Necesitamos saber de dónde venimos y, sobre todo, cuáles son las bases que tenemos que tener en el futuro”, ha concluido.

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