La crisis del coronavirus

El Gobierno garantiza que no tocará el sueldo de los empleados públicos

Los ministros discuten las nuevas medidas de apoyo a los sectores más vulnerables para un consejo extraordinario el viernes

El Gobierno no quiere lanzar ningún mensaje de ajuste económico en plena crisis de coronavirus. Al contrario, está dispuesto a endeudarse y a aumentar el déficit lo que sea necesario para inyectar dinero en la economía, paliar el frenazo y evitar así sus peores consecuencias sociales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que el Ejecutivo no tocará uno de los puntos siempre más sensibles en cuanto llega una crisis económica: el salario de los empleados públicos. En los últimos días se habían difundido rumores sobre esta posibilidad y Montero la ha descartado por completo, garantizando así que el sueldo de los funcionarios no se tocará.

Entre los empleados públicos están, según recordó Montero, algunos de los colectivos en primera línea de la crisis, como sanitarios y médicos, policías, militares. “No estamos analizando bajar el salario de los empleados públicos para nada. Esto es un bulo. Queremos agradecer a los servidores públicos, sanitarios, policías, ejercito, profesores que están trabajando desde casa, trabajadores sociales, servidores públicos que atienden teléfonos, son más imprescindibles que nunca en ningún momento este Gobierno se ha planteado una rebaja salarial”, ha asegurado Montero tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo discute estos días, al menos hasta el viernes, cuando habrá otro Consejo de Ministros extraordinario, más medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables que también supondrán un coste importante para el Estado. Aunque hay tiras y aflojas importantes entre el equipo económico más cercano al presidente y algunos ministros que quieren ir más lejos, que se producen a diario y que han provocado el retraso de algunas medidas ―hoy de hecho no ha ido ninguna de ellas al consejo, aunque tal vez sí puedan llegar al viernes― la tónica general que se está imponiendo en el Ejecutivo es la de preparar una inyección muy importante que tendrá un efecto directo sobre el déficit y el endeudamiento de la economía española. El apoyo del BCE y de Bruselas alienta a los ministros que presionan para que haya un gasto más fuerte ahora para poder frenar el golpe social que implica este parón económico.

El temor de los responsables económicos, según fuentes del Ejecutivo, es que esas decisiones de aumentar de forma descontrolada deuda y déficit pueda ser sostenible ahora, porque tiene el respaldo del Banco Central Europeo y un ambiente general en Bruselas muy distinto al de la crisis de 2010, que se resolvió con una apuesta por la austeridad, pero pueda acabar castigando a España dentro de unos meses, cuando la situación se normalice y tal vez desaparezca el respaldo del BCE. En esa discusión están la mayor parte del tiempo los ministerios económicos, y este viernes se verá hasta dónde se llega en asuntos clave como la moratoria de alquileres o una especie de prestación general para personas que no puedan acogerse a los ERTEs ni tengan forma de acceder al paro.

El Gobierno está mucho más preocupado por estas discusiones internas y por las decisiones que tiene que tomar en todo momento sobre la crisis del coronavirus, en especial las que van encaminadas a lograr el material de protección y los test, y por tanto la batalla con la oposición ha quedado en un segundo plano. El Gobierno ha decidido no polemizar en absoluto, y esa será la línea que mantenga este miércoles Pedro Sánchez en el pleno del Congreso. En el Ejecutivo están convencidos de que la crisis será larga y creen que las críticas de la oposición estos días no tienen ningún efecto real porque los ciudadanos juzgarán al final.

El Consejo de Ministros aprobó además la petición al Congreso de los Diputados para que el estado de alarma se extienda otros 15 días más. La Cámara baja tendrá que validar la petición del Gobierno, anunciada el pasado domingo por el presidente Pedro Sánchez, de tal manera que la situación excepcional que comenzó el pasado 15 de marzo como consecuencia de la crisis del coronavirus se extienda hasta el final de la Semana Santa.

La reunión del Ejecutivo llega en la segunda semana de confinamiento para los españoles, y tras una reunión con los presidentes autonómicos marcada por la unidad —también en el caso de Cataluña—, solo matizada por la cada vez más vehemente reclamación de material de protección realizada por algunas autonomías, especialmente la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha empezado a repetir mascarillas y test rápidos entre las regiones, pero varias de ellas también están comprando material por su cuenta y, de momento, la curva del virus no se aplana. Este martes se han sumado otras 514 muertes y 6.000 contagiados más.

Mientras el número de fallecidos se eleva a 2.696 y el de positivos roza los 40.000, crece la presión para que el Gobierno decrete un confinamiento más estricto. Sin embargo, el Ejecutivo no va a tomar medidas de este tipo por ahora, asesorado por un comité técnico que confía en invertir la tendencia en los próximos días. Sánchez advirtió el pasado sábado en un mensaje televisado de que “lo peor está por llegar”.

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