No hay agenda política, hay agenda judicial

La agenda política de España ha pasado de estar marcada por las citas con las urnas a estar marcada por las citas con los tribunales. El país vive un intenso proceso de judicialización de la política que no tiene visos de amainar en 2025, con la derecha entregada al devenir de sumarios como el caso Koldo, que implica al exministro José Luis Ábalos, o las investigaciones contra la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez.

PP y Vox han confiado una enorme parte de su estrategia de oposición a la apertura, al desarrollo y a la exageración de causas contra el Ejecutivo y su entorno. “No hay agenda política, hay agenda judicial”, afirma Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares. Como admitió su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado: “Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance [...] Presentar una querella es la forma de actuar. Aquí, como diría el expresidente José María Aznar: ‘El que pueda hacer algo, que lo haga”.

En privado, miembros de la formación conservadora han admitido que impulsan algunas maniobras a sabiendas de que van a quedar en nada. No hay mejor ejemplo que la querella que el PP presentó en la Audiencia Nacional contra el PSOE por supuesta financiación irregular basada solo en dos testimonios anónimos publicados en una web. El juez Santiago Pedraz apenas tardó siete días en darle carpetazo al comprobar, incluso, la existencia de contradicciones en las versiones de esos denunciantes sin nombre.

Pero poco importa el resultado cuando el objetivo es mantener un constante clima de tensión. No dar respiro. Construir una imagen de corrupción generalizada. “Pedro Sánchez se va a sentar en el banquillo de los acusados tarde o temprano”, vaticina constantemente Santiago Abascal, presidente de la fuerza ultraderechista Vox, mientras su partido acude cada dos por tres a los tribunales a presentar denuncias y a personarse como acusación popular.

Como contrapartida, el PSOE ha decidido cambiar de táctica. Frente a la intensa judicialización de la política por la que opta la derecha —apoyada por otros actores secundarios, como el pseudosindicato Manos Limpias o el grupo ultracatólico Hazte Oír—, los socialistas comienzan a deslizar que, en realidad, sufren una politización de cierto sector de la judicatura. El PP juega “con las cartas marcadas”, resumió Sánchez.

José Luis Martí, profesor de Derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, cuenta que, cuando las sociedades se tensionan y las opciones políticas dejan de tenerse un respeto, se abre la vía del “todo vale”. La política deja de ser un lugar de entendimiento para convertirse en un lugar de conflicto. Y ya solo queda una pregunta: ¿Quién gana ahí?