Reproducción asistida pública en España: ¿tarde, mal o nunca?

Quien hoy en día desee acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública puede hacerlo. Al menos, en teoría: solo se necesita pedir cita en atención primaria, solicitar la derivación a una unidad especializada y, con suerte, esperar un tiempo. En la práctica, no resulta tan sencillo por culpa de las largas listas de espera o los múltiples obstáculos que las comunidades autónomas introducen, incumpliendo los requisitos mínimos a nivel estatal. Además, durante una década, tampoco ha sido posible acceder a la reproducción asistida pública en igualdad de condiciones.

En 2014, las mujeres solteras y lesbianas fueron excluidas de la sanidad pública. Aun así, muchas autonomías decidieron financiar por su cuenta estos servicios, aunque no todas lo hicieron. La Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, no permitía a las mujeres sin pareja acceder a la fecundación in vitro en el sistema público. Ese fue el caso de Izaskun, una activista que denuncia la discriminación vivida. Por el camino, se ha dejado un gran coste personal y otro económico, de aproximadamente 20.000 euros. Todo para pagar por lo privado lo que no podía utilizar en la sanidad pública. Y todo por culpa de un pequeño gran detalle: su estado civil.

Desde noviembre de 2021, las mujeres solteras, las mujeres lesbianas —y, por vez primera, también las personas trans— pueden utilizar las técnicas de reproducción asistida que ofrece el sistema público, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Pero la recuperación de este derecho se produce con mucho retraso. Aunque la medida fue anunciada en 2018, su entrada en vigor —es decir, su publicación en el BOE— ha tenido que esperar tres largos años.

Para Izaskun, esta decisión llega muy tarde, aunque aplaude que otras personas en su misma situación puedan por fin acceder sin ser discriminadas por su orientación sexual o por su estado civil. Sin embargo, que las cosas hayan mejorado no significa que estemos en una situación óptima ni deseable. A las que nunca pudieron acceder, como Izaskun, se suman quienes no entran por lo público o acceden mucho más tarde de lo previsto por culpa de las listas de espera.

En 2019, según publicó EL PAÍS, los seis hospitales públicos madrileños que realizaban estas técnicas tenían listas de espera que oscilaban entre los dos y los cuatro años. Es un tiempo nada desdeñable porque se juntan dos cuestiones muy importantes. Por un lado, el retraso en la edad de maternidad (en España, las mujeres tienen el primer hijo con 32 años de media). Y, por otro lado, el límite legal para acceder en lo público, que se sitúa, en el caso de las mujeres, en 40 años.

¿Qué problemas tiene la reproducción asistida en la sanidad pública? Uno, la falta de recursos para atender la demanda, según denuncian los especialistas consultados por Civio. Y ello pese a que España, junto a Grecia, sea el país en el que más bebés nacen gracias a los procedimientos de reproducción asistida. En 2019, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, el 9,5% de los nacidos lo hicieron gracias a estas técnicas. Muchos, por cierto, fruto de la sanidad privada, donde España es líder europeo y un popular destino del llamado turismo reproductivo.

El guirigay autonómico: las barreras según el territorio

Otro problema de la reproducción asistida en lo público es el guirigay autonómico. Muchas comunidades incumplen los requisitos mínimos que establece la cartera básica del sistema nacional de salud. Por ejemplo, la regla general dice que las mujeres no pueden acceder si ya han cumplido 40 años en el momento del comienzo del estudio (38 en el caso de inseminación con semen de la propia pareja). A priori, la norma es clara o, al menos, lo parece. Pues bien: en Madrid y País Vasco se interrumpe el tratamiento entre ciclo y ciclo si la paciente cumple 40, algo que también ha ocurrido en Galicia, según el Defensor del Pueblo autonómico.

No es la única interpretación que varía entre comunidades. La regla general señala que se deben ofrecer tres intentos de fecundación in vitro, seis si hablamos de inseminación artificial con semen de donante y cuatro, en el caso de que el esperma proceda de la pareja. De nuevo, la norma parece clara. Pues tampoco: varias regiones racanean con la cifra.

Cataluña solo permite dos intentos de fecundación in vitro si el esperma es donado, según su protocolo autonómico, aunque deberían ser tres. Baleares únicamente ofrece cuatro en inseminación artificial con semen de donante, a pesar de que tendrían que ser seis. País Vasco se lleva la palma: cuenta el número de ciclos a los que se haya sometido la paciente… Aunque se lo haya costeado de su bolsillo pagándolo por lo privado.

Estos son solo algunos ejemplos, pero no los únicos, que demuestran la disparidad autonómica. En la práctica, esta diversidad a la hora de interpretar la regla general hace que muchas mujeres se vean expulsadas de lo público. Y, quienes sí consiguen hacerlo, también se ven abocadas a utilizar estas técnicas en malas condiciones. Algunas, por tener que esperar demasiado tiempo; otras, por estar obligadas a recorrer cientos de kilómetros para utilizar los servicios públicos.

Y es que, por ejemplo, en 15 provincias de toda España no existen centros de titularidad pública que oferten la fecundación in vitro: ese es el caso de todas las provincias de Castilla y León, salvo Valladolid, y de Cáceres, Cuenca o Tarragona. En definitiva, aunque estemos mucho mejor que otros países europeos, el acceso público a la reproducción asistida en España se resume en pocas palabras: tarde, mal o nunca.