Fin a la impunidad de los delitos cometidos por españoles en la Antártida

Habemus Comité Polar Español. La noticia puede resultar sorprendente, dado que se habla de este comité desde hace décadas, en concreto desde que su constitución fue aprobada en 1998 en una reunión interministerial. Sin embargo, hasta ahora, esta máxima autoridad en lo que se refiere a la ciencia polar española, que es responsable de la coordinación de cuantas actividades tienen lugar en la Antártida y el Ártico, no estaba regulada legalmente, ni en su composición, ni en su funcionamiento, ni sus capacidades.Vivía en un limbo oficial. Eso sí, sin parar de trabajar...

"Este real decreto aprobado ahora es lo más importante que se ha conseguido desde que ocupo el puesto de secretario técnico", me cuenta Antonio Quesada, el biólogo que desde hace dos años compagina sus experimentos con ese cargo en el Comité, dependiente del Ministerio de Ciencia. Lo hacía, como sus predecesores, sin el respaldo de una norma que lo hiciera tangible. "En realidad, las funciones no van a cambiar mucho, pero sí algunas cosas. El nuevo real decreto abre la puerta a nuevos cambios legales que nos permitan, por ejemplo, sancionar a todo español que cometa un delito en la Antártida". Pero... ¿es que ahora no pasaba nada? "Pues al culpable directo no, porque dado que el Comité no estaba formalizado, España no podía poner sanciones a nadie que incumpliera el Tratado Antártico. Si un velero con bandera nacional hacía lo que no debía, el culpable era el Estado, no el individuo o la empresa responsable", explica Antonio Quesada, que no llevaba nada bien esta realidad. "Ahora falta modificar la ley orgánica correspondiente para que tengamos potestad sancionadora, es un gran avance ser un órgano colegiado", reconoce.

Entre las novedades también está la incorporación de representación del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) porque, desde que se firmó hace unas semanas un protocolo entre el ministro Pedro Duque (Ciencia) y José Luis Ábalos (Fomento), el IGN es responsable del servicio de control sísmico en la Antártida; más concretamente, en isla Decepción, donde está una de las dos bases científicas españolas antárticas. Sin ese control, dado que es un volcán activo, no sería posible ir con seguridad, y hasta ahora dependía de la Universidad de Cádiz y Granada, sin que el servicio fuera reconocido oficialmente como tal.

Cabe señalar que España ha optado por un modelo de ciencia polar descentralizado, es decir, que no hay un instituto polar, con sus científicos y sus proyectos, como por ejemplo existe en el Reino Unido, Chile o Argentina. Aquí es en este Comité, ahora ya con todas las de la ley, donde se coordinan todas las actividades científicas, la logística y la legislación, tanto antártica como ártica, que por cierto hasta ahora es bastante escasa. Los más de 200 científicos polares que tenemos y sus proyectos están en centros de investigación o universidades.

En estos momentos, la preocupación principal del Comité está puesta, no obstante, en si este año se podrá llevar a cabo la XXXIV Campaña Antártica Española 2020-21, en principio, prevista para finales de año. La situación de la pandemia de coronavirus a nivel global no augura nada bueno. Todos los protocolos de prevención están preparados, pero ¿estaremos todos confinados para entonces? ¿habrá vuelos para llegar desde Chile al continente de hielo?

De momento, un preocupante compás de espera que podría dejar en stand by la ciencia polar española y global. Y eso no es buena noticia...