Cooperar desde la cercanía

Todo parece sugerir que la crisis de la covid-19 puede marcar un cambio profundo en la configuración de nuestra vida colectiva. Las sociedades que salgan de esta crisis probablemente serán distintas de las que hemos conocido en el pasado. Diferentes serán los modos de relaciones sociales y de trabajo, de configuración de la movilidad y de la vida económica y de definición de las prioridades colectivas. De forma sumaria cabría decir que a través de esta crisis el mundo entra definitivamente en el siglo XXI.

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También la cooperación para el desarrollo tendrá que cambiar. De hecho, la respuesta que la cooperación ha ofrecido a la crisis sanitaria (y a la económica y social derivada) ha sido por el momento decepcionante: ha sido una respuesta lenta, descoordinada e insuficiente. Una especie de llamada al “sálvese quien pueda”.

Si decepcionante ha sido la respuesta, más criticable resulta la previa desatención de aquellos factores que hubiesen atenuado los riesgos de que algo así sucediese. Apurando un poco la argumentación cabría decir que la covid-19 no es sino el síntoma (el dramático epifenómeno) de una forma de entender y gobernar el proceso de globalización. Si no se corrige este último factor causal, probablemente nuevas crisis sistémicas (no necesariamente víricas) podrían sucederse en el futuro. Entre ellas, sin duda, la emergencia climática es la más reconocible.

Si había, pues, razones para considerar como necesaria una profunda reforma del sistema de cooperación al desarrollo, la crisis de la covid-19 ha convertido esa tarea en más perentoria, si cabe. Una reforma que debe tomar muy en cuenta dos enseñanzas que se derivan de este episodio de crisis.

La primera alude a la grave crisis que padece el sistema multilateral. Por su naturaleza y alcance, la crisis demandaba respuestas globales, pero los mecanismos multilaterales no han estado a la altura de lo que se requería. Tras años de desatención y abandono, se ha terminado por convertir a Naciones Unidas y a sus agencias especializadas en un marco de coordinación internacional poco operativo. Muchas de las organizaciones del sistema se encuentran incapacitadas para desarrollar aquellas tareas para las que fueron creadas, justamente cuando más se las necesita. El comportamiento de la OMS a lo largo de la pandemia revela este problema, evidenciando su debilidad institucional, su limitada autoridad y su reducida capacidad como centro de gestión de una crisis sanitaria global (que es para lo que nació esa organización).

La respuesta a este problema no es prescindir de Naciones Unidas, sino corregir las causas que han producido este debilitamiento del marco multilateral, procediendo a una reforma profunda del sistema. La cooperación internacional debe respaldar esa línea de acción. No es fácil, en un momento en que parecen rebrotar las presiones aislacionistas, pero es una tarea obligada si se quieren gobernar las nuevas interdependencias y gestionar los riesgos sistémicos acumulados.

Se ha insistido en la necesidad de una acción global frente a la covid-19; sin embargo, se ha subrayado menos el protagonismo obligado de la respuesta local, la construida desde los entornos más cercanos a la ciudadanía, donde se gestionan sus problemas cotidianos de subsistencia, salud y seguridad. La contribución de los gobiernos subestatales ha sido clave para reorganizar la vida colectiva y marcar diferencias en el tratamiento de la pandemia. Es pues necesario fortalecer esas instancias, también en los países más pobres, asentando el desarrollo sobre bases más genuinamente locales. Una tarea para la que parece especialmente equipada la cooperación descentralizada, gestionada desde las instituciones homólogas de los países proveedores de cooperación. Varias razones respaldan este juicio.

Por su naturaleza y alcance, la crisis demandaba respuestas globales, pero los mecanismos multilaterales no han estado a la altura de lo que se requería

En primer lugar, una parte importante de las medidas preventivas y paliativas frente a la pandemia se despliegan en el ámbito local, al remitir a competencias que son propias de la administración descentralizada. Al fin, son las instituciones locales y regionales las que mantienen las estructuras de atención primaria a la salud, las que regulan la interacción y la movilidad de las personas en sus espacios de vida cotidiana y las que conocen los entornos productivos que serán necesarios reactivar tras la pandemia. Apoyar a estas instituciones será clave para una adecuada gestión de la recuperación.

En segundo lugar, la covid-19 ha puesto en valor la producción de cercanía, la solidez del tejido productivo local, con cadenas de valor más cortas y menos intermediaciones. No se trata de perseguir la autarquía local, pero sí un mayor grado de autosuficiencia en el abastecimiento de productos y servicios que se consideren esenciales. La cooperación descentralizada debería orientarse a fortalecer estos entornos productivos locales y construir sobre ellos modos de vida sostenibles, seguros y resilientes.

La pandemia ha confirmado los costes de la desigualdad. La probabilidad de contagio es mayor en aquellos entornos donde la población vive hacinada y con difícil acceso al agua; y las consecuencias más lacerantes de la enfermedad se ceban en las comunidades con menores medios. Por ello, por su mayor permeabilidad social, las instituciones locales y regionales están más capacitadas para identificar y acceder a esos colectivos con mayores dificultades.

Por último, la pandemia ha puesto en valor la riqueza que comporta para una sociedad disponer de una comunidad cohesionada, capaz de alinear sus esfuerzos en torno a propósitos comunes y de generar los medios para protegerse y apoyarse mutuamente frente a la adversidad. El espacio local es un ámbito básico para que prosperen esos lazos relacionados con el sentido de comunidad y de confianza colectiva.

En suma, la pandemia ha evidenciado que incluso los problemas más globales requieren de comunidades e instituciones regionales y locales sólidas, con capacidad para articular una respuesta adaptada a las necesidades de cada caso. La cooperación descentralizada, con unas relaciones menos jerárquicas y más horizontales entre socios homólogos, es un mecanismo clave en la promoción de ese objetivo en los países en desarrollo. En España esta modalidad de cooperación ha adquirido una presencia y vitalidad mayor que en otros donantes. Es un buen punto de partida para reconstruir un sistema de cooperación socialmente más denso y adaptado a las necesidades del futuro.

Sin embargo, para que ese potencial se despliegue, los propios actores de la cooperación descentralizada deben renunciar a la tentación de replicar a pequeña escala lo que ya hacen los gobiernos centrales y deben, en cambio, poner en valor aquellos elementos diferenciales que derivan de su cercanía a lo local y de su condición de entidades no soberanas. Rasgos que les capacitan para una mayor capilaridad social, para construir desarrollo desde el territorio, convocando a actores diversos, amparándose en la cercanía de lo local, y para consolidar ecosistemas institucionales incluyentes. Una cooperación, en suma, abierta a la búsqueda de respuestas novedosas y adaptadas a las circunstancias de cada caso, construidas a través de un esfuerzo colectivo de innovación. La actual crisis puede ser un momento oportuno para reflexionar más detenidamente sobre cómo traducir esos elementos diferenciales en una acción transformadora. Un prometedor paso en esa dirección lo constituye la reciente declaración conjunta asumida por las cooperaciones descentralizadas de España De la crisis se sale cooperando.

José Antonio Alonso es catedrático de Economía Aplicada y vocal experto del Consejo de Cooperación.

Este es el cuarto artículo de una serie sobre el valor de la cooperación descentralizada y su aportación a la consecución de la Agenda 2030 de la ONU. Las anteriores entregas son: De la crisis se sale cooperando. Cuando la solidaridad internacional se construye desde cerca. De infancia, cooperación descentralizada y el efecto mariposa