Ser extranjero, un factor de riesgo durante la pandemia

Que en la salud influye más el código postal que el código genético es algo bien sabido. Siete de cada diez personas con un problema crónico de salud en Madrid viven en los barrios de menor renta. Y, en esta misma ciudad, la esperanza de vida puede variar en siete años entre barrios con distinto nivel de ingresos.

Esto ocurre porque la predisposición biológica solo influye en un 27% en nuestra salud, según se conoce desde hace ya años. El resto de factores tienen que ver con la situación en la que vivimos, que está, muchas veces, fuera de nuestro control: el estilo de vida (43%), el entorno (19%) y el sistema sanitario (11%). Son los llamados determinantes sociales de la salud, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son las circunstancias que rodean a las personas, resultado de una desigual distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial. En ellos se sustentan las diferencias “injustas y evitables” que se observan dentro de un mismo país y entre los distintos países.

Esto ha quedado en evidencia con la actual pandemia. En Barcelona, el coronavirus está afectando especialmente a los barrios más empobrecidos. Las malas condiciones de vida de sus habitantes, como la precariedad de las viviendas, el subempleo o los contratos inestables en profesiones incompatibles con el teletrabajo (supermercados, fábricas o servicios de limpieza) favorecen los contagios. En otros lugares, la tendencia se repite. En Chicago, el 70% de los fallecidos por Covid-19 es afroamericano, aunque su porcentaje en la población es solo del 30%. La comisaria de Salud Pública de la ciudad ha reconocido que este desequilibrio se debe a factores socioeconómicos como “las diferencias de oportunidades o el racismo institucional”.

Volviendo a España, es posible que las personas extranjeras se vean más perjudicadas por la pandemia y por las medidas que se han tomado para frenarla. Por un lado, porque aún existen barreras administrativas que dificultan su acceso a la sanidad. Y por otro, porque sus condiciones socio-económicas son más precarias que las de la población autóctona. Aunque la mayoría de la población en situación de pobreza es de origen español (80,5%), el Informe Foessa constata que el 39% de la población extranjera comunitaria y el 52% de la no comunitaria se encuentra en riesgo de pobreza relativa, frente al 18% de la española. Además, la renta per cápita de las personas extranjeras comunitarias es un 24% menor que la de las españolas, y un 46% menor en el caso de las extracomunitarias.

Vivir una vida saludable durante el confinamiento es, en muchos casos, un privilegio para los hogares con más recursos. En el polo opuesto, la falta de ingresos puede abocar al hambre. Y para quienes se encuentran en situación irregular, la situación se agrava aún más: a la ausencia de ingresos se le une la dificultad para ir siquiera al supermercado, por miedo a la alta presencia policial en las calles.

Vivir una vida saludable durante el confinamiento es, en muchos casos, un privilegio para los hogares con más recursos

Además, aunque el acceso a la vivienda es un gran problema para sectores amplios de la población, las personas extranjeras se enfrentan a obstáculos adicionales. En general, viven de alquiler, disponen de rentas más bajas, y además, sufren discriminación. La encuesta del CIS sobre Actitudes hacia la Inmigración, de 2017, muestra que más de un tercio de la población rechazaría expresamente alquilar su vivienda a inmigrantes o trataría de evitarlo.

La exclusión residencial se presenta en diferentes formas. Según el último recuento realizado en Madrid, seis de cada diez personas que se encontraban durmiendo en la calle eran extranjeras. El uso de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad (agua corriente, ventilación, temperatura adecuada, tamaño, etc.) deja a la población vulnerable en unas peores condiciones de partida para enfrentarse a la pandemia. Según el informe Foessa, en las viviendas de las personas extranjeras (tanto dentro de ellas como en el entorno) hay una mayor incidencia de problemas de insalubridad (humedad, suciedad y olores). Los asentamientos, frecuentemente ligados a la recolección agrícola, son otro grave ejemplo de exclusión residencial. Sus habitantes, en su gran mayoría extranjeros, no ven respetados sus derechos como personas ni como trabajadores. Y ello, a pesar de su labor fundamental para la sociedad, que ha quedado, si cabe, más en evidencia en estos tiempos de pandemia.

En estas circunstancias, quedarse en casa se convierte en una dura prueba. Las dificultades para mantener la higiene hacen de estos hogares una fuente potencial de transmisión de enfermedades. El hacinamiento y la imposibilidad de mantener la distancia social, además, favorecen que el virus se pueda transmitir a un gran número de personas, incluso por encima de las cinco en las que se estima su tasa de contagio. Además, la ausencia de síntomas durante los primeros días dificulta su detección en ese periodo y, sin embargo, hasta un 44% de los contagios podrían tener lugar en esa fase de la enfermedad.

Cada día escuchamos que nada será igual después de esta crisis. Puede que sea cierto, pero lo que no va a cambiar es el hecho de que las políticas sociales actúan como un factor protector de la salud de la población. Así pues, además de un sistema sanitario robusto y accesible a todas las personas, es necesaria la promoción de la salud a través de la implementación de políticas públicas en diferentes ámbitos (vivienda, empleo, igualdad y lucha contra la discriminación, entre otras). Porque esta pandemia no nos afectará a todas por igual. Nuestro punto de partida es distinto, nuestra capacidad de protegernos frente al virus, también. Solo unas políticas públicas que reduzcan la desigualdad pueden hacer que toda la población esté preparada para una crisis de estas características. Ahora y en el futuro.

Begoña Santos Olmeda es consultora e investigadora especializada en migraciones.

Lourdes Luzón es médica de Familia y Comunidades.