Pandemia y detención en la frontera de Estados Unidos y México

La crisis del coronavirus lamentablemente ha destapado los problemas relacionados con la desigualdad entre países y dentro de los mismos, así como la exclusión de los grupos más vulnerables. La forma en que los líderes respondan a esta difícil situación de los sectores marginados de la sociedad determinará la reputación y el legado de los mismos.

En estos momentos, el presidente Trump y su administración se enfrentan a una prueba vital, después de que un juez federal estableciera como fecha límite el 6 de abril para explicar por qué 7.000 niños migrantes detenidos y sus padres, considerados en riesgo de contraer el coronavirus, no pueden ser puestos en libertad en la frontera entre EE. UU. y México.

La continua detención de migrantes por parte de la administración de Trump provocó una crisis sanitaria y de derechos humanos mucho antes de que el coronavirus llegara a sus costas. Ha sido en todo momento una política cruel e injustificable, controlada por la política cínica del populismo xenófobo en lugar de tratar el desafío de la migración masiva en las Américas a través de un enfoque empírico.

Las causas de la crisis de salud humanitaria fronteriza son muy diversas. La violencia delictiva y política, agravada por las penurias económicas y la terrible pobreza, ha obligado a millones de personas de América Central y América Latina a abandonarlo todo, en busca de seguridad y asilo en los países vecinos.

Más de cuatro millones de personas han huido de Venezuela y cientos de miles han viajado desde el triángulo norte de América Central —El Salvador, Guatemala y Honduras— a Estados Unidos.

En los últimos años, los defensores de los derechos humanos, legisladores y expertos legales de Estados Unidos y otros países han denunciado incesantemente que las políticas de separación familiar, detención infantil y repatriación forzada de migrantes son incompatibles con las obligaciones y los amparos legales internacionales de los derechos humanos que se establecen en las leyes de Estados Unidos.

Actualmente, estas denuncias están más justificadas si cabe, principalmente porque la frontera entre EE. UU. y México se ha cerrado, excepto para los viajes esenciales, a causa del coronavirus, y su vigilancia se ha militarizado considerablemente. En tales circunstancias, muchos migrantes, incluidos niños, se enfrentan a extorsiones, violencia sexual, hambre, condiciones inhumanas en materia de detenciones y riesgos de abusos significativos en los refugios de México mientras esperan la celebración del juicio en Estados Unidos. Todo esto tiene grandes repercusiones. Asimismo, se espera que dichos impactos negativos se sucedan durante décadas, ya que el riesgo de los niños a padecer traumas provoca efectos perjudiciales particulares.

En el panorama actual, no es muy realista esperar que se produzca un cambio sustancial en la política de inmigración de EE. UU. hasta después de las elecciones de noviembre. Pero eso no significa que los políticos y los funcionarios puedan pasar por alto sus responsabilidades con arreglo a las leyes internacionales.

Si no paramos el sufrimiento durante las detenciones, el virus se extenderá con facilidad entre la población que tiene un acceso limitado a sanidad y servicios

Asimismo, la covid-19 es inmune a los calendarios políticos. Si no paramos el sufrimiento durante las detenciones, se mantendrán los abusos y el virus se extenderá con facilidad entre la población que tiene un acceso limitado a sanidad y servicios.

Animo a que los responsables de las condiciones actuales en las que se encuentran los migrantes en la frontera de EE. UU. y México consideren las recomendaciones elaboradas por la Iniciativa de Salud Humanitaria Fronteriza, con sede en la Universidad de California, San Francisco. Tales recomendaciones proporcionan medidas prácticas y de principios a corto, medio y largo plazo para tratar a los migrantes con justicia y dignidad, así como para abordar las causas fundamentales de los desplazamientos. Esto incluye ofrecer servicios sanitarios y esenciales a los migrantes a ambos lados de la frontera. En México, se debe implementar el acceso especial y los programas específicos adecuados para las necesidades de las poblaciones, así como eliminar las barreras que limitan los servicios y los cuidados sanitarios básicos.

En la medida de lo posible, las autoridades de EE. UU. y México deberían valorar otras alternativas más allá de las detenciones, por razones de salud, humanitarias y de derechos humanos. Los niños no deben ser detenidos en ningún caso por razones relacionadas con su situación migratoria o la de sus padres, como quedó claramente establecido en la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes acordada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016.

Las medidas a medio plazo deben incluir esfuerzos para asegurar una atención sanitaria continuada para grupos vulnerables, como los niños, en el cruce de fronteras, la supervisión externa de los sistemas sanitarios y de inmigración, la mejora en la tramitación de migrantes y el intercambio de mejores prácticas, investigaciones y otra información de importancia entre organismos públicos y la sociedad civil.

Pero sin verdaderos esfuerzos para abordar las causas fundamentales de estas olas migratorias en todo el continente americano, como la pobreza endémica, la violencia pandillera, la trata de personas y la impunidad para quienes abusan de los derechos, las medidas anteriores seguirán siendo únicamente parches temporales.

Los momentos de crisis exigen liderazgo y sacan a relucir la arrogancia y la mala fe. Este es el momento ideal para que las personas inteligentes y bondadosas defiendan a los más vulnerables y construyan un futuro más seguro y saludable para todos.

Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein es diplomático y ocupó el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2014 y 2018. Es miembro de la organización The Elders, fundada por Nelson Mandela.