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COLUMNA i

Zika y covid-19

Será la misma población pobre y vulnerable al Zika la que más sentirá los impactos de la covid-19 en Brasil

Residentes de una favela de Río de Janeiro desinfectan los espacios públicos.
Residentes de una favela de Río de Janeiro desinfectan los espacios públicos. EFE

El Twitter en Brasil indicaba #aborto como uno de los tópicos más hablados. La conmoción fue provocada por el anuncio de la agenda de la Corte Suprema para el día 24 de abril: la acción legal del Zika será llevada a plenaria por la jueza Carmen Lúcia. Llega a parecer inoportuno, pues la acción será juzgada cuando el país enfrenta una segunda epidemia en un intervalo de cuatro años. Sin embargo, no está fuera de la historia. El momento no podría ser más adecuado, ya que se trata de la acción legal no juzgada sobre la urgencia de la epidemia del Zika en 2016, cuando fue propuesta. Con diferentes riesgos a ser vividos, será la misma población pobre y vulnerable al Zika de los rincones del país la que más sentirá los impactos de la covid-19. Y en el núcleo de la población más afectada están las mujeres y sus hijas e hijos con múltiples necesidades.

Está engañado quien piensa que el virus del Zika ya salió de Brasil. Solamente en los tres primeros meses de 2020, fueron notificados 227 nuevos casos con sospecha del síndrome congénito del Zika en el país. Son más de dos recién nacidos por día. De esos, 10 ya tuvieron el diagnóstico confirmado. Entre notificación y diagnóstico hay una peregrinación por exámenes y especialidades médicas, comenzando por exámenes de tomografía, un equipamiento que es raro de encontrar en algunos Estados con mayor concentración de niñas y niños afectados. En 2019, fueron 1.138 nuevos casos. Pero ¿quién habla de esas niñas y niños? Las madres que agonizan con el riesgo de que sus hijas e hijos enfermen de covid-19 y de ser rechazados en hospitales o tratamientos de cuidados intensivos. Son niñas y niños “especiales”, dicen ellas, recibidas de mala forma por los profesionales de la salud que deciden a la orilla de la cama quién ocupará un lugar en las UCI.

Tal vez ha sido la persistencia de los casos de Zika la que haya hecho a la jueza Carmen Lúcia llevar la acción legal—en el cuarto intento de llevarla a la plenaria de la corte suprema desde 2016—en medio de la pandemia de covid-19: una sensibilidad sociológica a la desigualdad de la sociedad brasileña. Los pedidos de la acción legal se concentran en los derechos de las mujeres en riesgo de enfermedad por Zika y todos continúan vigentes, tales como la garantía de acceso a la información, acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, derecho al aborto en caso de sufrimiento mental de la mujer o asistencia social a las niñas y niños afectados por el síndrome congénito del Zika. Ninguna de las demandas de la acción fue solucionada por el gobierno federal, ni siquiera con el reciente anuncio de la ley de “pensión vitalicia” a las niñas y niños con Zika. Al contrario, la pandemia de covid-19 volvió la decisión de la corte suprema todavía más urgente.

La “pensión vitalicia” a las niñas y niños del Zika es una ley repleta de engaños, cuyos equívocos fueron silenciados en el debate público por las urgencias de la covid-19. Tal vez sean los engaños que la jueza Carmen Lúcia busque corregir con el juicio de la acción legal. El más importante de ellos es que la ley condiciona el beneficio a las niñas y niños con diagnóstico confirmado de síndrome congénito del Zika—basta mirar el atraso entre la notificación al nacer y la capacidad diagnóstica de los servicios para tener una idea de cuánto hay de desajuste entre la ley y el diagnóstico. Lo mismo ocurre ahora con las personas enfermas por covid-19: la subnotificación es la regla y son los casos más graves los que pasan de la notificación para la confirmación.

Hay también otros equívocos en la “pensión vitalicia”. La ley determina que solamente niñas y niños nacidos entre 2015 y 2019 pueden solicitar el beneficio, ignorando que el virus Zika circula en Brasil y nuevas niñas y niños fueron diagnosticados, según datos del Ministerio de la Salud. Tan grave como los equívocos médicos y epidemiológicos son las presunciones de que las familias abdicaron de sus derechos fundamentales, como el de acceder a las cortes para tener acceso al beneficio. La ley espera que familias con procesos judiciales en curso abandonen las acciones para recibir la “pensión vitalicia”. El juicio permitirá que la jueza Carmen Lúcia corrija esos equívocos, en particular concederse uno de los pedidos de la acción que es el de universalidad de la asistencia de renta para todas las niñas y niños afectados por Zika, sin importar el ingreso familiar. En un momento de discusión del ingreso mínimo de emergencia, esa sería una decisión urgente para las familias afectadas por el Zika.

Infelizmente, ninguno de esos aspectos importó para los que encendieron el debate en Twitter sobre #aborto para hablar de la acción legal del Zika. Pero, tal vez, todo eso esté en los cálculos de la jueza Carmen Lúcia para llevar el juicio en una de las semanas pico de la pandemia de covid-19 en el Brasil: la Corte Suprema podrá mostrar cómo cualquier situación de grave amenaza a la salud pública tiene impacto en la salud reproductiva de las mujeres—si en la epidemia de Zika fue evidente con la angustia de las mujeres embarazadas, con la covid-19 también son las mujeres que se enfrentan a servicios de aborto legal cerrados o con dificultades de acceder a servicios de salud reproductiva. Si para el Zika, las mujeres esperaron cuatro años por una respuesta de la Corte Suprema, se ha de esperar que, aprendidas las lecciones de aquella epidemia, con la covid-19 el país se podrá anticipar a los efectos del abandono de una enfermedad que amenaza a las mujeres con desempleo, violencia o muerte.

Debora Diniz es brasileña, antropóloga, investigadora de la Universidad de Brasilia y de la Universidad de Brown.

Giselle Carino es argentina, politóloga, directora de la IPPF/WHR.

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