Sanidad y economía: dos caras, la misma batalla

La lucha contra el coronavirus es un fenómeno inédito: nunca nos hemos enfrentado a algo similar. Su solución hay que conceptualizarla como un sistema donde la perspectiva sanitaria y la económica están interconectadas.

Su vertiente sanitaria, en tanto no se encuentre una vacuna, tiene solamente una salida: el confinamiento de la población, es decir, matar al virus por falta de oportunidad de que se transmita entre humanos. Cuanto más completo sea ese confinamiento, más posibilidades hay de que el virus se debilite y se aísle en poco tiempo.

La estrategia del confinamiento tiene una implicación económica clara: el colapso de la producción. En China, en febrero, el PMI (el índice de compras de los gestores, un elemento muy fidedigno del nivel de actividad de un país) cayó al 27%, lo que implica que la producción literalmente se desmoronó. El efecto adverso en el crecimiento económico del resto del mundo ha sido evidente, tanto desde el punto de vista de importaciones como de exportaciones a China. Este efecto externo, se está reproduciendo de modo escalonado en aquellos otros países que van adoptando la estrategia del confinamiento. Pero este efecto económico es el que menos importancia tiene. Lo más importante es que, en la medida en que se lucha contra el coronavirus mediante el confinamiento de la población, la producción en el país en cuestión se para. Intentar describir lo que está pasando con viejos esquemas de crisis (una combinación de un shock de oferta y un shock de demanda, que es una explicación muy al uso) implica no entender lo que tenemos entre manos. El precio de liquidar al coronavirus es que la producción en el país se pare, sin oferta ni demanda salvo en los productos estratégicos para el abastecimiento de una población confinada en sus domicilios durante un tiempo finito. La “crisis económica” de la que hablamos no es otra cosa que el efecto directo de nuestra determinación de luchar contra el virus: el parón del PIB no cae del cielo, es consecuencia de que hemos decidido parar la economía para matar al virus.

Si ese parón económico afecta, digamos, a un 70% del producto nacional durante, digamos, dos meses, nos podemos encontrar con una disminución del 11,16% de crecimiento del PIB en 2020. Tal es el tipo de magnitud de la recesión autoinducida que supone una lucha eficaz contra el coronavirus.

Ahora bien, si esa pérdida tan importante del PIB es compensada, en todo o en parte, por una inyección pública equivalente, una vez terminado el periodo de confinamiento, podríamos volver a una senda de crecimiento económico normalizada con lo que el efecto del parón sería pequeño. Dicho de otro modo, si se consigue por la acción pública que la economía pase a un “estado de crionización”, de congelación sin deterioro, entonces la recuperación posterior será poco costosa. ¿Cómo debe actuar el Estado para ello? Cuatro son las medidas esenciales.

La fundamental es que, en vez de despidos, haya suspensión/reducción de jornadas manteniendo el vínculo laboral y la renta de los trabajadores en el país. Esto se está consiguiendo en España con los ERTE. Con ellos, por vez primera en nuestra historia y de modo masivo, una situación de crisis se está resolviendo no con despidos, sino conservando los derechos de los trabajadores y el capital humano de las empresas.

La segunda es que el parón no ocasione problemas de liquidez a las empresas. Las medidas de avales que se han puesto en marcha en España implican crédito ilimitado y barato en esa dirección.

La tercera es que se establezcan medidas compensatorias para todos aquellos que se encuentran en una situación más precarizada debido al parón económico. También en este terreno se han hecho cosas en España, pero probablemente no son todavía suficientes.

Y la cuarta es que los mercados financieros no castiguen esta estrategia, no eleven la prima de riesgo y no creen una inestabilidad innecesaria y gratuita. Los 750.000 millones de euros de liquidez establecidos por el BCE están asegurando este cuarto elemento.

Estas son las medidas que se están adoptando en países como España. Pero es más fácil enunciarlas que plasmarlas, porque un plan de choque como el señalado se enfrenta a resistencias evidentes: cuanto más radical sea el confinamiento de la población, mayor será el agujero producido en el PIB, aunque más eficaz y corto el periodo de choque. Y cuanto más completo sea el plan alternativo público más fácil será normalizar después la economía. Aquellos políticos o países, que en esta situación extrema antepongan los intereses económicos al bienestar y la vida de la gente, serán laxos con las medidas de confinamiento o se quedarán cortos con las medidas públicas para paliar el parón económico: pero, paradójicamente, con esa actitud solamente conseguirán que la normalización llegue más tarde, sea mucho más difícil de lograr y a la postre tenga un coste económico y de bienestar mucho mayor.

Manuel Escudero es secretario de Política Económica y Empleo del PSOE y embajador de España ante la OCDE.