No es país para viejos

Entono el mea culpa. Sí, yo también fui de los que quitaron importancia a las primeras manifestaciones del impacto de la Covid-19. Es más, fui de los que repitieron una y otra vez que se trataba de otra variedad de gripe, añadiéndole ese latiguillo de que “solo afecta realmente a los ancianos”. Reconozco que me equivoqué. Nos equivocamos todos los que temíamos más a los efectos sociales del miedo que a la misma enfermedad. Desde luego, no era una posición arbitraria. Así nos iban informando los expertos, que presentaron el caso como un problema de aislamiento de las personas que habían venido de zonas de riesgo, la famosa estrategia de la “contención”. Subestimamos la inmensa capacidad de contagio del famoso virus. El resto ya lo saben.

Me arrepiento de mi error, porque todo eso lo dije desde un medio de comunicación con proyección pública, no en conversaciones entre amigos. Aunque, bien pensado, lo que ahora me parece indecente desde una perspectiva moral es el latiguillo, la indiferencia implícita hacia ese grupo de riesgo. Precisamente porque afectaba a los más vulnerables era por lo que deberíamos haber exigido la aplicación de medidas radicales, fueran cuales fueran sus consecuencias económicas o de otro tipo; el enfoque deontológico debería haber primado sobre el utilitarista. Ahora ya tiene poco remedio, salvo el de tratar de desvelar el mecanismo casi automático que se esconde detrás de ese tipo de actitudes.

Antes otra consideración. Por su poder demográfico —y electoral, por tanto—, los ancianos son en España uno de los grupos mimados de la política. Todos les reconocemos además su extraordinaria contribución a aminorar los peores efectos de la crisis económica al convertirse en el colchón de un Estado de bienestar sobrepasado. Ahora asumen también el riesgo de contagio al acoger a los nietos sin escuela. ¿Cómo se explica entonces que no acudiéramos raudos y veloces en su auxilio?

Michel Foucault lo explicaría a partir de la naturaleza de eso que llama biopolítica. Muy simplificado sería algo así como el arsenal de medidas con las que el Estado protege la vida de la población. Ya sean las políticas de salud, demográficas, de higiene, todo aquello en lo que la naturaleza biológica del hombre pasa al primer plano; el ciudadano visto no como un sujeto de derechos sino como animal biológico. Esto que realmente sólo aspira al bienestar físico y psíquico del hombre no puede evitar, por la misma lógica “racional”, que en su aplicación se establezcan pautas optimizadoras, segregadoras, excluyentes. Aunque informado por criterios morales, al final prevalece la racionalidad administrativa.

Dada la penuria de medios para hacer frente a la explosión de pacientes, algunos médicos italianos nos han narrado la angustia que les producía el verse obligados a decidir a quién salvaban. Se lo pueden imaginar: al más fuerte. Esa fue también implícitamente nuestra elección colectiva: no acotamos a tiempo el problema y quienes más lo sufren son los mismos. ¡Cuánto estamos aprendiendo de este maldito virus!