La violencia de género bloquea el desarrollo

La mayor barrera para el desarrollo a nivel global no es el hambre ni las enfermedades. Es la discriminación y la violencia de género. Por eso el logro del la meta 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es un requisito previo para avanzar en los otros 16. Y, sin embargo, a apenas una década del plazo para completar la agenda que se marcó la sociedad global, los gobiernos siguen sin garantizar los derechos más básicos de la mitad femenina del mundo, por no mencionar empoderarlas para que hagan realidad todo su potencial.

Piénsese en la difícil situación de las mujeres en Sudáfrica, donde la tasa de feminicidios casi quintuplica el promedio global y el abuso sexual es rampante. Entre 2018 y 2019, la policía registró un promedio de 114 violaciones al día, un alza de cerca del 5% con respecto al año anterior. Para empeorar las cosas, a menudo las mujeres y niñas (incluidas las víctimas de esas agresiones) carecen de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

El problema no es de índole legal. La constitución de Sudáfrica garantiza el acceso a servicios de salud reproductiva, y la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo permite el aborto hasta la duodécima semana. Y, sin embargo, los procedimientos no seguros siguen superando a los que sí lo son.

Basándome en los altos índices de agresión sexual de Sudáfrica (y en mi propia experiencia laboral como doctora en terreno), cabe suponer que una proporción no menor de estos embarazos no deseados ni posibles de mantener comenzó en actos de violación. En este sentido, muchas de las sudafricanas son víctimas por partida doble: primero, por los perpetradores de la agresión y, segundo, por el sistema de salud que las obliga a tener el bebé o recurrir a quienes venden pastillas abortivas ilegales.

En este último escenario, las mujeres arriesgan efectos secundarios como una septicemia y hemorragias, y a menudo soportan un proceso peligroso y humillante en baños públicos. Además, se ven expuestas a sufrir todavía más violencia si sus comunidades las culpan. Por ejemplo, hace poco una joven me contactó porque estaba siendo perseguida por una turba que sospechaba que había abandonado un feto en un inodoro público.

No importaba nada que hubiese sido violada y que, tras ello, el personal de la clínica local le impidiera recibir un aborto. Tampoco que sus derechos constitucionales hubieran sido violados sistemáticamente. Tendría que sufrir más violencia, a menos que encontrara una manera segura de abandonar su hogar. Mientras tanto, ningún profesional ni asistente sanitario ha sido castigado jamás por negar los servicios que consagra la ley.

Hace poco una joven me contactó porque estaba siendo perseguida por una turba que sospechaba que había abandonado un feto en un inodoro público

Se trata de problemas sistémicos. Un informe realizado en 2016 por la Comisión sobre Igualdad de Género en Sudáfrica encontró que el Ministerio de Justicia no estaba coordinando los departamentos a cargo de la implementación de la Carta de Servicios para Víctimas de Crímenes en Sudáfrica. Por su parte, el Ministerio de Salud no había establecido un sistema estandarizado para financiar, monitorear y evaluar la atención a las víctimas. Las consecuencias de estas insuficiencias incluían carencia de kits de evidencia de ADN en las estaciones de policía, recursos de transporte inadecuados y falta de casas seguras para las víctimas. No es sorprendente el que rara vez se castigue a los perpetradores de violencia sexual.

Y estos problemas no son específicos de Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud estima que, globalmente, más de una de cada tres mujeres (35%) vivirán violencia física o sexual por parte de sus parejas íntimas o no íntimas. Pocos de los atacantes son castigados, y muchas no pueden acceder a cuidados tras el hecho, incluso en países que han ratificado instrumentos internacionales que garantizan el derecho a ellos.

En 2015, la OMS y las agencias de las Naciones Unidas intentaron abordar estos vacíos con las pautas sobre la provisión de servicios esenciales para mujeres y niñas que son víctimas de violencia, que sirven como herramienta para identificar lo que los sectores de salud, servicios sociales, policía y justicia de los países deben proveer a todas las mujeres y niñas que han sufrido violencia de género.

Al implementar las recomendaciones de las pautas, los países podrían cumplir sus compromisos asumidos en los niveles regional e internacional, como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (que abarca los ODS).

Si no se adoptan esos pasos, los países pagarán un inmenso precio en términos físicos, psicológicos, sociales y económicos. Como observa un informe de la OMS de 2013, la violencia contra la mujer produce muertes, lesiones y embarazos no deseados, y mayores índices de mortalidad infantil. Más aún, las víctimas suelen padecer depresión, aislamiento social y consumo excesivo de alcohol, factores todos que afectan su habilidad de trabajar, llevando a un menor nivel de ingresos. En la Unión Europea, se estima que la violencia de género cuesta cerca de 256.000 mil millones de euros al año.

Las estrategias de desarrollo modernas a menudo reconocen la crucial importancia de empoderar a las mujeres para que hagan realidad su potencial y contribuyan con eficacia a sus economías. Pero no reconocen la necesidad de concertar medidas para protegerlas de la violencia y defender los derechos de las víctimas. Por lo tanto, son totalmente insuficientes.

Las mujeres merecen sentirse seguras en sus hogares, en las escuelas o en el trabajo, en los hospitales y en las calles. Ellas y sus comunidades solo florecerán de verdad cuando no estén luchando por sobrevivir.

Tlaleng Mofokeng, miembro de la Comisión para la Igualdad de Género de Sudáfrica, es experta en salud y derechos reproductivos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen. Copyright: Project Syndicate, 2020. www.project-syndicate.org

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