¿Cómo denuncia una mujer sorda violada?

Mejorar la accesibilidad de los servicios para víctimas de violencia de género con discapacidad en países sin medios es el objetivo de la ONU, los gobiernos y las ONG. El caso de Zimbabue

Estudiantes con y sin discapacidad en un colegio de Zimbabue.
Estudiantes con y sin discapacidad en un colegio de Zimbabue.Unesco
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En el distrito de Bulilima, un área rural de Zimbabue, es difícil que la cobertura permita hacer llamadas por internet. En un asentamiento de 12 viviendas vive Promise Moyo (Plumtree, 1984), junto con su abuela, su tía y su hija de siete años, cuyo padre la abandonó al quedarse embarazada. Solo habla ndebele, lengua local, así que su tía le sirve de intérprete de inglés. Ambas cuentan por teléfono cómo Promise, que tiene discapacidad intelectual, denunció haber sido violada en 2014 y, sin embargo, nunca se identificó al culpable.

“Las mujeres con discapacidad afrontan más abusos y tienen más dificultades para acceder a la justicia. Por ejemplo, tenemos muchos casos de mujeres sordas violadas, sin testigos, que no pueden denunciar cuando van a la Policía”, explica Netty Musanhu (Gweru, 1974). Ella acumula más de 20 años de experiencia en la lucha contra la violencia de género en Zimbabue y, desde hace 10, dirige los Centros Una Parada (One Stop Centres, en inglés), que unifican los servicios de atención a víctimas del Proyecto Musasa en los distritos de Gutu y Bibu.

Promise y Modie Moyo en Harare, el pasado 3 de diciembre.
Promise y Modie Moyo en Harare, el pasado 3 de diciembre.unesco

De la falta de rampas a la de conocimientos y preparación por parte de policías y responsables de justicia, las carencias son muchas. Especialmente, teniendo en cuenta que en muchas comunidades zimbabuenses la discapacidad se identifica con “brujería o castigos de Dios”.

Para combatir tal estigma, que perjudica especialmente al género femenino, el proyecto Avanzando en los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en Zimbabue, financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (UNPRPD, por sus siglas en inglés), colabora con el Gobierno zimbabuense y ONG locales.

En el país africano, en torno a una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física, mientras que una de cada cuatro ha experimentado violencia sexual a partir de los 15 años,según UNFPA, la agencia de la ONU especializada en salud reproductiva.

Además, de acuerdo con datos de ONU Mujeres en países de África y Asia, las mujeres con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de ser víctimas de violencia por parte de sus compañeros sentimentales. Y esta agencia añade que “el riesgo de sufrir todo tipo de violencia, también por parte de otras personas, aumenta con la gravedad de la discapacidad”.

En muchas comunidades zimbabuenses la discapacidad se identifica con “brujería o castigos de Dios”

A tal peligro extra se suman las también mayores dificultades para acceder a los servicios de protección y de justicia. Tapiwa Godzi (Marondera, 1968), director del Departamento de Planeamiento Estratégico y Política del Ministerio de Justicia y Asuntos Legales y Parlamentarios de Zimbabue, lo recuerda de sus tiempos de fiscal y magistrado en diferentes tribunales: “Con frecuencia fui testigo de cómo las personas con discapacidad eran las más vulnerables”.

En el caso de Promise Moyo, su denuncia fue poco tenida en cuenta. Según cuenta por teléfono, con ayuda de su tía, la agresión ocurrió cuando pasaba la noche en casa de una vecina, que se había ofrecido a cuidarla mientras su abuela y su tía estaban fuera. Sin embargo, esa vecina la dejó sola con niños y un agresor aprovechó la ausencia de otros adultos para violarla. Ella lo denunció el día siguiente, pero la policía arrestó a otro sospechoso, que fue dejado en libertad por falta de pruebas.

El caso parecía perdido y Promise Moyo se había quedado sola con su dolor por la falta de justicia. Hasta que hace nos meses asistió, junto con su tía Modie Moyo (Bulilima, 1967), a los talleres del proyecto de la ONU. “Nos dijeron que hay abogados que todavía pueden ayudar a Promise a conseguir justicia, ella está muy ilusionada y ahora conoce mejor sus derechos”, asegura Modie, que ejerce de cuidadora de su sobrina y de la hija de esta, junto con su propia madre, que ya ronda los 80 años.

La tía de Promise resume con contundencia la necesidad de mejorar los derechos de mujeres y niñas con discapacidad en Zimbabue: “Necesitamos más concienciación y educación, sobre todo en las áreas rurales, por ejemplo, aquí alguna gente se ríe de mi sobrina. Incluso cuando fuimos al hospital después de la violación, algunos se burlaban de lo ocurrido”.

Ahora, en cambio, Promise Moyo, después de participar en varias actividades del programa, a través del que incluso ha podido transmitir sus demandas a algunos legisladores, siente que hay gente que se preocupa por ella. Aparte de su familia, que siempre lo ha hecho. “Es muy difícil para nosotros cuidarles. Es nuestra sangre, pero necesitamos ayuda. El programa de la ONU debe continuar y llegar a más gente”, proclama tajante Modie Moyo.

De momento, el proyecto, con un presupuesto de 365.000 euros, continúa su programación por dos años hasta el próximo mayo, pero la coordinadora residente de la ONU en Zimbabue, Maria Gomes do Valle Ribeiro, asegura que hay planes para extenderlo. Por ahora, unas 3.000 personas se han beneficiado del mismo.

Las mujeres con discapacidad tienen de dos a cuatro veces más riesgo de ser víctimas de violencia por parte de sus compañeros sentimentales, según ONU Mujeres

Entre las actividades desarrolladas, se encuentran talleres de aprendizaje de lengua de signos para los proveedores de servicios (justicia, policía, atención de género). También se ha formado a más de 200 profesionales del área legal (policías, empleados de la justicia, fiscales, jueces y trabajadores sociales), en los derechos de personas con discapacidad, con la intervención de perfiles como el de Promise Moyo.

Asimismo, se está apoyando a la organización Proyecto Musasa para construir rampas en todos sus centros, así como baños adaptados para personas con discapacidad. Igualmente, se está formando a sus profesionales tanto en destrezas para atender mejor a personas con diferentes tipos de discapacidad, así como en lengua de signos.

“Es imprescindible continuar promoviendo los derechos de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, que son muy vulnerables a la violencia de género. Mujeres sordas, con discapacidad intelectual o discapacidad visual reciben ataques de hombres que se aprovechan de ellas y luego sufren falta de acceso a la justicia”, insiste Elisa Ravengai (Mberengwa, 1974), presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Promise Moyo respalda este planteamiento en primera persona: “Debemos ser respetadas, tenemos derechos”. Tan simple, tan injustamente imposible a veces, tan necesario siempre.

Zimbabue adapta su legislación

El proyecto de la ONU también está apoyando al Gobierno de Zimbabue para adaptar su legislación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada por este país en 2013.

La Constitución zimbabuense, aprobada ese mismo año, incluye un artículo específico sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que se recoge que el Estado “debe tomar medidas apropiadas, de acuerdo con los límites de los recursos disponibles, para asegurar que las personas con discapacidad alcanzan su máximo potencial físico y mental”.

Entre las medidas para conseguirlo se cita promover que sean autónomos; apoyar que vivan con sus familias y participen en actividades sociales, creativas o recreacionales; protegerlos de todas las formas de explotación y abuso; darles acceso a tratamiento médico, psicológico y funcional; promover medidas especiales para su educación; y proporcionar formación y entrenamiento financiado por el Estado donde sea necesario.

Actualmente, el Gobierno también está trabajando para adaptar la Ley de Discapacidad, la norma más importante sobre este ámbito, a los principios de la Convención de la ONU. Para ello, cuenta con la colaboración de las ONG del país y de las agencias de las Naciones Unidas.

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