La agricultura española y la Seguridad Social

El viernes 14 de febrero, EL PAÍS publicaba un artículo de Valeriano Gómez y Fernando Moraleda sobre la agricultura española y el salario mínimo, que concluía con algunas sugerencias: modificación de la ley de contratos, mayor transparencia en la fijación de precios, y “reducir las cotizaciones sociales en el sector agrario para neutralizar el impacto de las subidas actuales y las que se prevén en el futuro para el SMI resulta imprescindible”. Sobre esto último me gustaría aportar datos.

En la configuración de nuestro sistema de Seguridad Social el Régimen Agrario (REASS) apareció como un microsistema de escasas cotizaciones y prestaciones; inicialmente ni la base ni la pensión podían superar sus cuantías mínimas, con cuotas y tipos muy bajos. En 1980 los afiliados agrarios eran 1.650.000, el 15% del total. En abril de 2004 eran 1.250.000 y a finales de 2019 era de 1.150.000, el 6% de los afiliados

Durante la etapa de Rodríguez Zapatero, incluimos al REASS cuenta propia en el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA), con un tipo de cotización más reducido. El artículo 325 de la Ley General señala que este tipo, hasta el 120% de la base mínima, será del 18,75%. Para estos agricultores la subida del salario mínimo les ha obligado a pagar mejores salarios a sus trabajadores, pero también disminuye su propia cotización. Sin embargo, muchos descendientes de los jubilados abandonan la actividad agraria; el total solo resiste por la incorporación de mujeres y migrantes; por cierto, en muchas familias que han destinado los ahorros conseguidos en los años “buenos” de la PAC a la compra de inmuebles se ha racaneado la cotización de las mujeres.

Los trabajadores asalariados pasaron a formar parte del Régimen General en 2011. El tipo de cotización de sus empleadores viene evolucionando del 15,95% al 23,60% (el del Régimen General) en veinte años, con una escala que acababa en 2031. En paralelo se les aplica una reducción de cotizaciones que crecería del 6,10% al 8,15%. Esta reducción es una de esas cantidades que los anteriores y actuales gestores de la Seguridad Social hemos solicitado reiteradamente que sea abonada con tributos del Estado. El procedimiento de cotización es tan meticuloso que la subida del SMI escasamente ha incrementado los ingresos en el 5%.

Además, como los trabajadores agrarios asalariados tienen el derecho, excepcional pero lógico debido a la estacionalidad de la actividad, de pagar cotizaciones cuando no trabajan al 11,5% se ha establecido una nueva reducción para que estas cuotas suban solo un 5,5%. Cuotas que se abonan los días no trabajados (antes de 2007 se pagaban todos los días). Y vamos a decirlo, hay doscientas mil personas que todos los años trabajan exclusivamente el número mínimo de jornadas para tener acceso al PER, colectivo al que deberíamos proteger en el presente y dar solución en el futuro a través de las rentas mínimas.

En conclusión, la Seguridad Social ha sustituido durante las etapas socialistas para propietarios y empleados agrarios la anorexia franquista por un sistema más generoso en la ratio prestaciones/aportaciones que los de otros sectores, lo cual es razonable. Pero intentar compensar las subidas del SMI con una mayor disminución de ingresos no solo es contrario a la más elemental equidad, sino algo imposible, ya que las exiguas cuotas no pueden compensarlas. Por cierto, que con las cotizaciones también se cumple la Ley de Gresham: la cuota mala expulsa del mercado a la buena.

El artículo habla poco de la nueva cultura agraria que emerge: asociaciones de mujeres, nuevas cooperativas, agricultura y ganadería ecológica, marcas de calidad, denominaciones de origen, ferias como Fruit Attraction diversificación de productos. Todas estas empresas y estos agricultores estarán movilizándose estos días, porque perciben la reforma de la PAC como una amenaza y tienen la sensación de que el Gobierno o al menos una parte les ningunea. En mi tierra, Castilla, dicen que para ellos los años se dividen en malos y peores. El discurso sobre el margen de la distribución es cierto con toda seguridad, pero las alternativas pasan por una definición de las reglas de competencia similar a la que se aplica en otros países europeos, por el fomento de la nueva cultura agraria y no por la reiteración de la misma protesta durante décadas.

Ahora estamos discutiendo qué papel tiene que jugar el Estado en la financiación de la Seguridad Social, resulta extraño que sin aportar datos consideremos imprescindible reducir cotizaciones para compensar subidas salariales. Seguro que a esta reivindicación se apuntarían gozosos otros empresarios. El sistema de protección ya es muy solidario con el sector agrario; deberían ser los Presupuestos Generales del Estado quienes asumieran esta solidaridad como una cuestión de política económica, tal y como por cierto ya proponía el Pacto de Toledo en 1995. Parece que de esto, como de los datos, nos hemos olvidado.

Octavio Granado ha sido secretario de Estado de Seguridad Social de abril de 2004 a diciembre 2011 y de junio de 2018 a enero de 2020.