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Envenenar el pozo

En España la justicia está demasiado politizada y los mayores culpables de ello son los políticos y los magistrados. Pónganse a resolverlo, no a embarrarlo más

Dolores Delgado, este lunes durante el acto de traspaso de la cartera de Justicia. rn
Dolores Delgado, este lunes durante el acto de traspaso de la cartera de Justicia.

Los alemanes que inventaron el cine solían llamar a los actores sobreactuados envenenadores de pozos. Porque en la mayoría de las ocasiones su interés por lucirse personalmente terminaba por arruinar el agua del que todos bebían. Sucede de manera idéntica en la política. Cuando aparecen losextremistas, los gesticuladores y los oportunistas, se envenena el clima y hasta los moderados tienen que ir a sacar agua de un pozo hediondo. Esto ha vuelto a suceder al formarse Gobierno en España tras tantos meses de bloqueo. Los actores han optado por la sobreactuación y ahora la función apesta, no hay quien se siente a verla. Les conviene a todos volver al texto original, recuperar la decencia y pasar a hablarle a la gente como si la gente fuera inteligente, lo que puede que sea un delito de ingenuidad, pero siempre más premiable que lo contrario. Los primeros implicados en esta depuración de agua van a tener que ser los jueces españoles. Han cobrado un protagonismo político que degrada su función de órgano vigilante. Aún estamos a la espera de que alguien nos explique la jugada tan arriesgada que la Junta Electoral Central se quiso marcar la tarde anterior al debate de la investidura de Pedro Sánchez, cuando en una decisión dividida y extremada, dictó que Quim Torra tendría que abandonar ipso factosu condición de diputado autonómico. El tufo a boicot organizado desde la política para arruinar el pacto tan frágil que sostenía la abstención de Esquerra Republicana, necesaria para la investidura, desacreditó la decisión de la JEC de manera evidente. Tanto es así, que pese a sus prisas y su tono inflexible, al día de hoy ha servido para darle más argumentos a Torra que para quitárselos.

Otro asunto será su inhabilitación cuando lo decida la Sala de lo Contencioso. Parece razonable que suceda, en especial porque cuando Torra desobedecía las órdenes de la Junta Electoral en pleno proceso de campaña, solía presumir de ello y sacar pecho de su insumisión, como si fuera un gallito de corral. Resulta extraño que quien presume de desobediente recurra luego contra la sentencia por desobediencia. Pero podría deberse quizá al enigma de la sobreactuación, una forma de actuar que persigue más el engaño del espectador que una verdad superior. Sin embargo, la orden de la JEC ha ido a parar al limbo de los apaños feos y el descrédito de la institución ha sido notable.

Al reunirse los miembros del CGPJ a decidir sobre la idoneidad de la recién nombrada fiscal del Estado ha regresado esta sobreactuación innecesaria. La crítica política ya estaba hecha. Nombrar fiscal a la ministra saliente es una jugarreta poco estética, pero sucede que su cargo es de designación gubernamental y la historia desmiente a los que ahora se disfrazan de puristas. Llegan tarde. Que los consejeros judiciales duden de su independencia es natural. Porque los primeros que tienen que poner en duda su independencia serían ellos mismos en su propia función. Basta saber que los nombrados a propuesta del PP votaron todos en contra de la recién nombrada por el PSOE, y viceversa. Es decir, no vayan todos al pozo para usar el agua según sus necesidades, porque lo que han conseguido es mostrar al personal lo sucio que anda todo. El agua es imbebible, y en efecto, en España la justicia está demasiado politizada y los mayores culpables de ello son los políticos y los magistrados. Pónganse a resolverlo, no a embarrarlo más. 

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