Gibraltar europeo

España y el Reino Unido inician este mes una importante ronda de conversaciones sobre el futuro de Gibraltar en el escenario que se abrirá con el inminente Brexit, y especialmente, con el —esperable— tratado que regule las relaciones futuras entre europeos y británicos tras el periodo de transición.

Ante esas eventualidades, nuestro país debe estar preparado para lo mejor (un acuerdo de máximos), pero también para lo peor (un desacuerdo que propicie un definitivo Brexit salvaje), y desde luego para lo intermedio. Y para lo más complejo: cualquiera de esas opciones, pero mediando desacuerdo entre el Gobierno británico y el Ejecutivo de su colonia. Sabiendo, además, que dispone de buenas, aunque difíciles, bazas negociadoras.

Se equivocará Londres si intenta discutir aspectos concretos de la relación hispano-gibraltareña olvidando que esta es parte de un todo, y que España forma parte de ese todo inequívoca y lealmente adscrita a la Unión Europea (UE) de la que Londres se desgaja ahora.

Por razón de principios y de intereses, resulta más conveniente negociar dentro de las filas de Europa asuntos como la pesca o la exportación de frutas y verduras tempranas, que involucran a sectores españoles, pero también de otros socios, que hacerlo en solitario.

Más aún cuanto que las volátiles posiciones británicas podrán oscilar según cuán irresponsable sea quien las establezca, pero en cambio está fijado de forma indeleble el derecho de España a vetar cualquier acuerdo UE-Reino Unido indeseable en lo referente a Gibraltar.

Las específicas relaciones del Peñón con su entorno andaluz (y en general, español) ya fueron fijadas a finales de 2018 en cuatro memorandos sobre los temas de mayor fricción: tabaco, ciudadanía, cooperación policial/aduanera y medio ambiente, quedando por ratificar un principio de acuerdo sobre fiscalidad. Se trata ahora de adecuarlos, si conviene, a las nuevas perspectivas. Pero que el actual Gobierno británico haya modificado en una línea de mayor dureza las posiciones de su antecesor —del mismo partido— no significa que eso deba perjudicar a los intereses de la otra parte, España, que se mantiene sólida y fiable en sus posiciones.

Ni tampoco debe dañar a los habitantes de la colonia, que en una inmensa mayoría (95,91%) se manifestó a favor de la permanencia británica en la UE con ocasión del referéndum sobre el Brexit.

Es correcto que, sin embarcarse en anticuadas cruzadas nacionalistas, el Gobierno en funciones recuerde que España no renuncia a nada a medio y largo plazo, tampoco a la soberanía del Peñón. Y aunque el interés nacional primordial en este asunto consiste en facilitar el flujo de circulación de personas de un lado y otro de la verja para mejorar su bienestar económico-social, ese es un interés objetivo, enteramente compartido por la otra parte. Con la particularidad de que una asfixia al Peñón en este y otros múltiples aspectos resultaría menos digerible a un Reino Unido en situación de aislamiento, precariedad y escasez de amigos internacionales fiables: no lo son los Estados Unidos de Donald Trump.

Y todavía menos en caso de amplificarse sus tensiones secesionistas internas en Escocia e Irlanda del Norte. ¿Acaso los gibraltareños no pueden priorizar su relación con la Europa continental a la que pertenecen sobre sus lazos vétero-coloniales con una metrópoli solitaria?