Nuevas demandas llaman a la puerta. Los Gobiernos no contestan
La cumbre climática de Madrid (COP25) escenificó la esencia del año: la distancia entre ciencia y poder, entre un tejido social consciente de la emergencia y los mandatarios. En España, aspiraciones ciudadanas como el derecho a la eutanasia, a una mayor protección ante la violencia sexual o frente a los abusos en la Iglesia no han encontrado hueco en la política.
LA EXPLOSIÓN de temas sociales que llega a nuestra particular bandeja de entrada emocional viene marcada por una nueva sensibilidad que está alejada de la política —o de los políticos— y que se centra en los problemas que afectan directamente a nuestra vida: nuestro clima, nuestros derechos, nuestra igualdad, nuestros médicos, nuestro consumo, la educación.
Y es en este ámbito donde hemos vivido en 2019 algunos de los grandes impulsos sociales y sentimentales que han movilizado las conciencias. Problemas gigantes que, sin embargo, todavía no encuentran eco en la política, o en esa política que hoy trata de Gobiernos en funciones, de repeticiones electorales y de parálisis de las cosas importantes. Y es que aún no hay camino legal claro para estos grandes asuntos pospuestos por los Gobiernos.
He aquí un puñado de ejemplos: el Tribunal Supremo corrigió en junio una sentencia previa que había condenado a La Manada de Pamplona por abusos y no por violación. El alto tribunal comprendió, como dictaba la lógica y como se habían pronunciado millares de mujeres en las calles, que la cadena de penetraciones vaginales, bucales y anales a una joven en un portal de Pamplona por parte de cinco hombres durante los sanfermines de 2016 no era solo una cuestión de abuso, sino de agresiones sexuales brutales que merecían más castigo del que habían tenido. Aquel asunto puso al descubierto la insuficiencia legal ante situaciones en las que no se ha demostrado una resistencia activa ante el agresor y que deja por tanto a una chica inerme, acaso rendida ante el abismo de una violación colectiva. Por ello, aún con el PP, se creó una comisión para promover un cambio en el Código Penal en torno a la filosofía del “solo sí es sí”. Aún seguimos esperando no a Godot, sino a un Gobierno que lo lleve adelante. Los mismos huecos legales han puesto al descubierto los casos de Diana Quer y de Laura Luelmo, asesinadas por hombres que, al no ser sus parejas, no han entrado en la tipificación de crímenes de la violencia de género, también pendiente de reforma en cumplimiento con el Convenio de Estambul.
La revisión del caso de La Manada ha coincidido con otros juicios, con otras manadas y con otras violaciones grupales, como la de Manresa: cinco jóvenes fueron condenados por abuso, y no por agresión, a pesar de que organizaron turnos de 15 minutos cada uno para disponer de la chica de 14 años a su antojo. No ejercieron ningún tipo de violencia ni intimidación al “no estar la mujer en condiciones de oponerse”, rezó la sentencia, convirtiendo entonces la indisposición de la joven en palanca de una menor tipificación para ellos. En las últimas semanas del año, la sentencia contra los violadores de la Arandina ha elevado el calor del debate al condenar a los agresores a elevadas penas también como cooperadores necesarios, lo que sin duda supone un avance hacia un cambio cultural que pase por respetar la voluntad de las mujeres.
En este contexto, las movilizaciones feministas del 8-M siguieron con fuerza este año, por segunda vez, paralelas a un crescendo contra los avances en igualdad y violencia machista que abandera Vox. El salto de la ultraderecha de 24 a 52 escaños entre las elecciones de abril y noviembre y su entrada en Ayuntamientos y Parlamentos regionales ha dejado ya una triste herencia, y es la quiebra de la unidad contra la violencia de género que expresaban los Gobiernos locales y autonómicos ante cada asesinato y los días 25-N.
Vamos al siguiente ejemplo: en abril, un ciudadano llamado Ángel Hernández grabó cómo daba de beber pentotal sódico a su esposa, María José Carrasco, a la que había cuidado con devoción durante todo el deterioro que supuso su esclerosis múltiple. Quería convertir lo que vivió como un acto de amor —la ayuda que prestó a su muerte— en un grito de protesta por la eutanasia, aún ilegal en España a pesar de las promesas de la mayoría de los partidos políticos y su aceptación en las encuestas por la mayor parte de la población. Hernández fue detenido y acusado de cooperación al suicidio y su caso quedó en manos de un ¡juzgado de Violencia sobre la Mujer! en una increíble paradoja ante quien solo quiso aliviar a su esposa del sufrimiento final de su muerte segura. De nuevo, la política llegará tarde a una demanda social.
Pero la estrella del año es sin duda una transversal, poliédrica, tan local como global, tan empírica y científica como también sentimental: la concienciación ante la realidad ya visible del cambio climático y el asombro ante una joven activista, Greta Thunberg, que genera tanto magnetismo como repulsa entre los irritados o los haters de nuevo cuño.
Este año, el cambio climático ha dejado definitivamente de ser un temario, un informe de científicos sesudos o una amenaza lejana. Los ciudadanos ya están sintiendo en carne propia las temperaturas extremas, los cambios, los temporales o las inundaciones, como la que ha matado toneladas de peces en el Mar Menor o la que penetró con virulencia en la basílica de San Marcos, en Venecia, en una marea alta que va incrementando su frecuencia y su fuerza.
Los científicos ya han demostrado que las temperaturas son más altas, que kilómetros de costa están viéndose amenazados, que los polos se derriten, pero las soluciones no llegan. Casi 200 Gobiernos se han reunido en diciembre en Madrid, en una Cumbre del Clima que improvisó España después de que Chile tuviera que cancelarla por las protestas. La cita tuvo que alargarse por unas negociaciones que finalmente fracasaron en regular los mercados de CO2. Se agrandaron, una vez más, las diferencias entre los Gobiernos y la ciencia.
Las emisiones crecen, Donald Trump abandona el Acuerdo de París y el Brasil de Bolsonaro está conociendo una deforestación creciente de la Amazonia por incendios y talas ya nada reprimidas. El asesinato de indígenas que combaten por la preservación del bosque así como de activistas medioambientales sigue salpicando de sangre América Latina. Y en España, la promesa de una ley sigue a la espera de una mayoría parlamentaria. Las palabras y compromisos son grandes. Los hechos, inexistentes.
Y en la misma estela de problemas sin cauce a la vista encaja también la pederastia, asunto de bombo y platillo para el Vaticano, que en el mes de febrero auspició una cumbre de conferencias episcopales de todo el mundo para abordar las denuncias sin que después haya puesto grandes soluciones sobre la mesa. En España, frente a los ejemplos de Francia, Irlanda o Alemania, donde comisiones independientes han analizado los casos y sacado conclusiones aterradoras, la Conferencia Episcopal mantiene la investigación en un nivel bajo y sin indemnizaciones para las víctimas a la vista. El Gobierno, por su parte, tampoco investigará.
No falta tampoco el clásico suspenso a la educación española en los trianuales informes PISA, que este año han registrado un retroceso en ciencias y un estancamiento en matemáticas, y en todos los indicadores disponibles. El uso de la educación como arma arrojadiza en el fuego cruzado de luchas territoriales e ideológicas en España se perpetúa y tampoco hay solución a la vista.
El año se cierra, por tanto, con enormes agujeros en materia social y una lista inmensa de tareas pendientes: leyes para afrontar el cambio climático, la educación o la eutanasia, o medidas para corregir dependencia y sanidad, deterioradas con los recortes, amén de planes contra el suicidio o una mejor tipificación de las violaciones. La buena noticia, por mencionar alguna, es que la concienciación y la demanda social ponen presión a unos políticos que, por el momento, no han estado a la altura.
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