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Columna
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Algo más que nepotismo

Las democracias cuentan con mecanismos para castigar la corrupción, pero cuando es investigada en autocracias como Nicaragua las averiguaciones no existen, son cosméticas o fracasan

Juan Jesús Aznárez
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un acto publico en 2018.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo durante un acto publico en 2018. Oswaldo Rivas (REUTERS)

Las democracias cuentan con mecanismos para castigar la corrupción, pero cuando es investigada en autocracias como Nicaragua las averiguaciones no existen, son cosméticas o fracasan porque corren a cargo de los propios delincuentes, encaramados en la política y la administración de justicia. América Latina se ha acostumbrado a vivir con la lacra excepto cuando el escándalo trastoca las agendas gubernamentales, se hace socialmente irrespirable o atrae las sanciones de Estados Unidos, que solo castiga cuando quiere someter. Los destrozos democráticos en Nicaragua le importan menos que su situación geopolítica, en manos de una familia que administra discrecionalmente el patrimonio nacional.

Como en el país centroamericano las instituciones son un atrezo del poder ejecutivo, el parlamento ha nacionalizado la empresa petrolera de Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los siete hijos de la pareja presidencial, para eludir las sanciones del departamento del Tesoro que le acusa de lavado de dinero y enriquecimiento personal mediante contratos sin competencia con instituciones gubernamentales. El nepotismo al rescate. La ley aprobada establece el cambio de titularidad de Distribuidora Nicaragüense de Petróleo con el subterfugio de garantizar a la población el suministro de combustibles y productos derivados del crudo.

Inversiones Zanzíbar y Servicio De Protección y Vigilancia, también del primogénito, fueron acusadas de generar beneficios para sostener un régimen que la Casa Blanca quiere tumbar, junto al venezolano y el cubano. La coerción, la congelación de activos, la prohibición de transacciones financieras y la extraterritorialidad son armas imperiales, pero en Caracas y Managua encuentran terreno abonado porque abunda la corrupción. Sin soltar la presa, Trump penalizó un banco vinculado a los sandinistas y a la familia presidencial, y sumó nuevos proscritos a sus listas negras.

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La patria de Sandino aun convalece después de haber recibido una ayuda internacional masiva tras el derrocamiento de Somoza; no consiguió despegar porque buena parte fue malversada. Sigue siendo el país latinoamericano más pobre después de Haití, sometido por un autoritarismo incapaz de negociar una crisis que se ha cobrado 328 muertos. La sublevación del pasado año no fue organizada por Estados Unidos sino por una ciudadanía cansada del nepotismo, estafada por los caudillos de una dizque revolución que aplicó el neoliberalismo para sumarse al mundo de los negocios sin medir sus efectos entre los nicaragüenses indefensos.

La moralidad de Washington en la selección de reos no responde precisamente a la aplicación de códigos de buenas costumbres, pero sus sanciones suelen aportar información relevante sobre la cualificación del corrupto, entre ellos el vendido Roberto Rivas, presidente del poder electoral durante 18 años, multimillonario de aviones privados y palacetes, anfitrión de dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante su recreo en Costa Rica. Puso un Porche 911 Carrera a su disposición, muy lejos de los compatriotas sin acceso a los servicios básicos.

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