No todo es impunidad

La corrupción suele vestirse de impunidad. Y su creciente transnacionalización es seria: el 2% del Producto Bruto Mundial. Con mecanismos cada vez más sofisticados e indirectos para canalizar fondos ilícitos, las redes corruptas le siguen sacando ventaja a las nuevas reglas globales de transparencia y a la declarada voluntad de prevenir y frenar la corrupción. La corrupción sigue viva y así lo percibe la gente. En el último índice de Transparencia Internacional, más de dos tercios de los 180 países examinados obtuvieron nota desaprobatoria.

Pero en esta realidad no todo es desolación ni las cosas van viento en popa para la corrupción transnacional. En algunos países se han dado avances importantes a través de investigaciones penales con dientes a cargo de valiosos jueces y fiscales independientes. Esa ruta puede y debe extenderse y generalizarse. Dos asuntos deben ser destacados.

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Primero, que la judicatura —jueces y fiscales— está llamada a asumir el papel central en el Estado en materia de acciones contra la corrupción. Reposa allí la función institucional y social de investigar y sancionar la corrupción. Todo lo demás (los políticos, los medios) acaba siendo accesorio si se carece de investigaciones y procesos penales efectivos. Esto requiere jueces y fiscales independientes de cualquier estructura de poder oficial —o fáctica— de manera que operen con imparcialidad.

Segundo, reglas, capacidades y herramientas globales nuevas contra un fenómeno que no es local sino transnacional. Gran paso: la Convención de la ONU contra la Corrupción vigente desde el 2005. Tratado clave con una doble calidad: a) de él son parte prácticamente todos los Estados de la ONU, y b) un contenido que brinda armas eficaces para investigar a la corrupción trasnacional. En esto, la cooperación judicial internacional es la clave.

Es esa cooperación —que es central y está funcionando— la que permite que las investigaciones más relevantes a la corrupción transnacional vayan avanzando con resultados concretos. Ejemplo, el caso Lava Jato de responsabilidad de ciertas empresas brasileñas de construcción que tocó de manera particular a Brasil y Perú.

Gracias a fiscales y jueces enérgicos y capaces de ambos países y al uso inteligente de la Convención, hay en curso un proceso extraordinario, y sin precedentes históricos, de cooperación judicial internacional. Investigaciones compartidas y gestiones concertadas orientadas a concretar la delación premiada (Brasil) o la colaboración eficaz (Perú), y el uso binacional de declaraciones ante la justicia, se hacen rápidamente viables.

Datos: la justicia de Brasil ha dirigido 384 pedidos de cooperación a 61 países; particularmente a Suiza y EE UU. Muy valiosa información se obtuvo sobre movimientos financieros de dineros mal habidos. Simultáneamente, a la justicia brasileña fiscales y jueces peruanos, por ejemplo, le dirigieron cerca de 200 pedidos de información. Pedidos que fueron atendidos expeditivamente y con información crucial que viene reforzando las capacidades de actuación de jueces y fiscales peruanos.

Contando con una herramienta como la Convención, cuando hay jueces y fiscales independientes y decididos, se puede avanzar en enfrentar la corrupción demostrando que, por transnacional que sea, no necesariamente es siempre todopoderosa.