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OPINIÓN i

Latinoamérica puede aún liderar el mundo en cuanto a justicia climática

La región cuenta con un documento clave: el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en materia medioambiental

Una activista durante la COP25, que se celebra en Madrid.
Una activista durante la COP25, que se celebra en Madrid. Reuters

Latinoamérica se enfrenta a una crisis de consenso. En todo el continente, cientos de miles de personas salen a las calles para expresar su indignación y frustración ante una élite política que se percibe como alejada e incapaz de ofrecer empleos, seguridad y la promesa de un futuro mejor.

Sin embargo, la región aún puede ejercer su liderazgo en una de las mayores amenazas existenciales de nuestro tiempo, el cambio climático, a pesar de que, a causa de la oleada de protestas sociales, la cumbre climática de la COP25 se está celebrando en España en lugar de Chile.

El Acuerdo de Escazú proporciona una vía mediante la cual los gobiernos y los ciudadanos de la región de Latinoamérica y el Caribe pueden, de forma simultánea, acelerar los avances en la lucha contra el cambio climático, proteger los derechos humanos y fomentar una mayor inclusión en sus sociedades. Lo único que deben hacer los líderes políticos es ratificarlo.

Este documento es el primer tratado de este tipo en el mundo que incluye de forma específica la protección de los defensores de los derechos humanos en materia medioambiental. Es legalmente vinculante y garantiza el derecho a la información medioambiental, la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el acceso a la justicia.

Sabemos que los grupos marginados —los pobres, los sin tierra y los pueblos indígenas— son ya los más expuestos al cambio climático, a pesar de que son los que menos han contribuido al aumento de las emisiones a nivel mundial.

El fallo de los políticos de Latinoamérica a la hora de abordar las preocupaciones de sus ciudadanos agudiza las profundas desigualdades

También sabemos que los defensores del medioambiente y los activistas indígenas se enfrentan a importantes amenazas a su vida y libertad: investigaciones recientes indican que al menos 1.558 personas de 50 Estados fueron asesinadas entre 2002 y 2017.

Para que los gobiernos de la región conecten de nuevo con sus ciudadanos a fin de ofrecer una gobernabilidad eficaz y justa, deberán garantizar que el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y las libertades universales —es decir, los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú— encabezan la lista de prioridades de sus programas.

Gobiernos tanto de izquierda como de derecha de países como Chile, Venezuela, Bolivia y Colombia, entre otros, se ven actualmente atacados, lo que demuestra que esta amplia oleada de indignación no puede ser contenida o desestimada como una reacción partidista contra un régimen en particular.

El fallo de los políticos de Latinoamérica a la hora de abordar las preocupaciones de sus ciudadanos y de proporcionarles un sentido de inclusión y adquisición en la toma de decisiones agudiza las profundas desigualdades e injusticias socioeconómicas de la región.

La decisión de Chile de cancelar la sede de la COP25 a raíz de las graves y continuadas protestas en todo el país, indica de qué manera las crisis nacionales pueden influir negativamente en las instituciones y los procesos multilaterales que son importantes para todo el mundo.

Incendios en la selva

A principios de este año, el mundo entero contempló horrorizado cómo los incendios arrasaban el Amazonas. Esta preocupación se vio agravada por la respuesta del presidente populista de Brasil, Jair Bolsonaro, al rechazar cualquier forma de solidaridad o responsabilidad global.

Como anterior Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me preocupa profundamente que la respuesta dada por tantos gobiernos latinoamericanos y sus cuerpos de seguridad a las recientes protestas haya sido la del empleo de la violencia desproporcionada, la represión e incluso, en algunos casos, el aparente uso de la tortura.

Dichas situaciones recuerdan episodios oscuros del pasado reciente del continente, cuando las atroces dictaduras militares abusaban y asesinaban impunemente e ignoraban de forma intencionada los intereses a largo plazo de sus pueblos.

Sin embargo, para los defensores del medioambiente, esto es simplemente lo de siempre. Ningún grupo está más amenazado por la destrucción de la selva amazónica, o en peligro de ejecuciones extrajudiciales en defensa de sus comunidades, que los pueblos indígenas que han vivido y preservado la naturaleza durante generaciones.

Estas admirables comunidades, a las que demasiado a menudo se margina y se les niegan sus derechos fundamentales, poseen un conocimiento amplio y sofisticado de su hábitat. Por lo tanto, estos grupos, que se consideran conservacionistas eficaces y protectores de la biodiversidad, además de agentes imprescindibles en la lucha contra el cambio climático, se merecen nuestra protección y apoyo.

La implementación del Acuerdo de Escazú ayudará a solucionar este desequilibrio. Incluye cláusulas que protegen de forma específica a los defensores del medioambiente, reconociendo que es más probable que sean asesinados en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo. Para que entre en vigor, 11 países de los 33 que componen la región deberán ratificarlo. Hasta la fecha, 21 lo han firmado y cinco (Bolivia, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Uruguay) lo han ratificado.

Ahora es el momento de que los demás países demuestren un verdadero liderazgo. Ratificar Escazú sería un signo claro para los pueblos de Latinoamérica y del mundo en general, de que sus líderes políticos comprenden la gravedad de la crisis climática y sus vínculos con la pobreza, la discriminación y los derechos humanos.

Zeid Raad Al Hussein es ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y miembro de The Elders, el grupo de líderes internacionales independientes fundado por Nelson Mandela.

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