Protestas sociales y cambio climático en América Latina y el Caribe

Por toda América Latina y el Caribe han venido surgiendo protestas populares en las que la gente exige a sus Gobiernos que mejoren en forma inmediata la educación y los servicios públicos, que aumenten los salarios y que reduzcan las desigualdades.

¿Significa esto que tanto quienes protestan como sus dirigentes ya no se preocupan por otros desafíos, como el cambio climático y la sostenibilidad ambiental? Decididamente, no. Una tras otra, las encuestas de opinión han demostrado que en la región la gente está mucho más preocupada por los impactos del cambio climático que lo que están los habitantes de otras zonas del planeta.

El año pasado, una encuesta del barómetro de las Américas reveló que ocho de cada 10 adultos en México y América Central y unos siete de cada 10 en América del Sur y el Caribe consideran que el cambio climático es un problema muy serio para sus países. En abril, un sondeo del centro de investigaciones Pew también puso en evidencia que los latinoamericanos le temen mucho más a la amenaza del cambio climático que a otros riesgos.

Esto refleja el hecho de que mucha gente en América Latina y el Caribe ya está sufriendo los efectos del cambio climático, tales como inundaciones, sequías sin precedentes y, cada vez más, huracanes como Dorian, que devastó las Bahamas en agosto pasado.

También explica por qué los Gobiernos de la región han estado formulando ambiciosos planes para reducir las emisiones de carbono, a la vez que atienden a urgentes problemas sociales. En febrero, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina en anunciar planes para convertirse en una economía de “cero emisiones netas” para el 2050. En junio, Chile anunció planes similares. Y en septiembre, 21 países de América Latina y el Caribe declararon su intención alcanzar esta meta para 2050.

Para lograr estos compromisos y otras metas fijadas por los Acuerdos de París, América Latina y el Caribe necesitará apoyo.

Se estima que los Gobiernos de la región deberán invertir unos 77.000 millones de dólares para el 2030 en infraestructura sostenible. Incluso en el escenario más optimista, las inversiones públicas sólo pueden cubrir aproximadamente una cuarta parte de esa cifra. Otro pequeño aporte podría proceder de instituciones internacionales, incluyendo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero la mayor parte deberá provenir de inversionistas del sector privado.

La buena noticia es que existen billones de dólares disponibles en activos del sector privado que pueden contribuir a cerrar esa brecha financiera. Solamente los fondos de pensión globales tienen en cartera más de 40 billones de dólares en activos, según el Thinking Ahead Institute. Además, las tasas de interés en las economías avanzadas están en niveles históricamente muy bajos e incluso negativos, y los inversionistas buscan cada vez más oportunidades para poder cumplir con sus propias metas ambientales, sociales y de gobernanza.

Entonces, ¿por qué no están llegando mayores flujos de capital privado para proyectos de infraestructura sostenible en la región? La razón principal es que los inversionistas son reacios a asumir los riesgos inherentes a todo proyecto complejo cuyo retorno puede llevar décadas. Ante esta situación, los Gobiernos deben ofrecer a los inversionistas una sólida protección legal, regulaciones transparentes y previsibles, y una variada gama de garantías.

Muchos Gobiernos de América Latina y el Caribe están dispuestos a impulsar reformas que cumplirían con esos requisitos, pero necesitan ayuda. Las instituciones de financiamiento para el desarrollo, como el BID, la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y el banco alemán de desarrollo KfW de Alemania pueden dar esa asistencia.

Estas instituciones ya están trabajando con Costa Rica y otros países para desarrollar planes de descarbonización, con el fin de garantizar que la transición hacia una economía baja en carbono se implemente de manera tal que maximice las oportunidades económicas para hacer frente a las desigualdades sociales y económicas.

El BID también está trabajando con KfW para ayudar a los bancos centrales de América Latina a promover regulaciones de inversión que incentivan proyectos que contribuyen a metas climáticas. Ambas instituciones lanzaron recientemente la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes para difundir la información que los inversores necesitan para certificar que esos instrumentos financieros cumplan con las metas ambientales y sociales.

Ya vemos evidencia de que cuando los países crean un ambiente favorable para los inversionistas de largo plazo, los recursos comienzan a fluir. Este año, los países de América Latina y el Caribe emitieron cerca de 5.000 millones de dólares en bonos verdes, llevando el total histórico de la región a 13.600 millones, según la Climate Bonds Initiative.

Como prueba del creciente deseo de buscar inversiones verdes, más de 300 inversionistas expresaron interés en adquirir los bonos verdes que Chile emitió este año. Actualmente, esos bonos están ayudando a Chile a invertir en edificios verdes y en proyectos de biodiversidad y transporte eléctrico.

En la actualidad, las emisiones totales de bonos verdes en la región representan apenas 2% del mercado global de dichos instrumentos. Existe un gran potencial para que estos bonos—junto a otras clases de financiamiento privado relacionado con el clima—se conviertan en una de las principales opciones de inversión en América Latina y el Caribe.

Si lo logramos, estaremos mucho más cerca de un paradigma de desarrollo que prioriza de manera integrada las aspiraciones sociales de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, junto con el objetivo impostergable de descarbonizar nuestras economías.

Luis Alberto Moreno es presidente del BID, Rémy Rioux es director ejecutivo de la AFD y Joachim Nagel es miembro del Directorio Ejecutivo de la KfW.