Trump vs. ‘tasa Google’

Donald Trump ha amenazado directamente a Francia y a otros países europeos, entre ellos España, con la imposición de aranceles como represalia a la aplicación de la llamada tasa Google. No está de más recordar que dicha tasa no es una exigencia tiránica ni arbitraria, sino que responde al hecho demostrado y públicamente denunciado de que las grandes tecnológicas estadounidenses eluden el pago de impuestos mediante operaciones de distracción, derivando contabilidades e ingresos a zonas de baja presión fiscal. Europa pretende, con toda razón, que las llamadas plataformas o gigantes de la economía digital paguen impuestos allá donde consiguen los clientes; por ejemplo, en los países europeos donde operan.

Las amenazas de Trump tienen una lectura inquietante: la Administración estadounidense utiliza los instrumentos del Estado para defender estrategias empresariales privadas. En la economía política clásica este modelo de acción se asociaba a políticas imperialistas o colonialistas. Las tecnologías van detrás de la bandera, como antaño hicieron los intereses comerciales. Esta confusión entre economía privada y poderes públicos es una práctica conocida, pero el equipo económico de Trump la realiza con descaro, a la vista de todos y como si estuviera plenamente legitimada en la economía global.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado que Francia responderá a las amenazas de Washington y que esa respuesta estará respaldada por Europa. Esa sería la estrategia correcta. Trump y su negociador comercial, Robert Lighthizer, parecen dispuestos a considerar como “antiamericana” cualquier decisión, por justa que sea, que afecte a sus “tecnológicas de bandera”. La respuesta conjunta refleja además un problema financiero inmediato que no puede esperar a soluciones consensuadas a medio plazo. La OCDE está elaborando un proyecto de imposición estructurada y armónica de una tasa Google en todos los Estados del área, pero es poco probable que esa tasa pueda aplicarse con plenas garantías, es decir, con pleno consenso global, antes de 2021.

A corto plazo, las economías europeas necesitan de forma perentoria recuperar parte de la recaudación que se les escamotea con trucos tributarios. España es un buen ejemplo de financiación pública atrapada entre la espada de la contención del déficit y la pared de una estructura fiscal agotada por casi una década de rebajas desmedidas de impuestos. En un entorno político y socioeconómico reacio a un acuerdo para aprobar una gran reforma fiscal, el próximo Gobierno tendrá que recurrir a subidas impositivas parciales —tasa Google, impuestos medioambientales, subida de la fiscalidad de los carburantes— para cumplir con un objetivo de déficit y corregir los daños de las políticas aplicadas entre 2012 y 2017.