Superar el nihilismo

Para la derecha, nada peor que un Gobierno de izquierdas con la necesaria abstención del secesionismo. Es el Gobierno de la sedición, según Cayetana Álvarez de Toledo. Mejor la inestabilidad y unas terceras elecciones. Sin presupuestos. Coincide con el independentismo que Quim Torra representa, instalado en la ingobernabilidad tanto en Barcelona como en Madrid, una última oportunidad para la ruptura y la república inexistente.

Derecha española y secesionismo catalán se atraen como polos opuestos de un imán. Cada uno de ellos se nutre del radicalismo nihilista del otro, alimentados por el estímulo que significa el desgobierno. Para el PP es una oposición anticipada y demoledora, total. Para el secesionismo, el mantenimiento de su estatus quo rupturista de siete años, combinación de movilización permanente, subasta identitaria y cuantiosos negocios y redes clientelares.

Nadie dentro del independentismo, incluso del soberanismo, es ajeno al nihilismo de esta dinámica, hegemónica en Cataluña desde 2012 y conductora de la política española al menos desde 2017. Tampoco Esquerra, el partido mejor orientado hacia un giro pragmático capaz de convertirle en fuerza de Gobierno en Barcelona y complemento de las mayorías parlamentarias en Madrid, como lo fue durante 25 años Convergència i Unió.

Sus dirigentes lo saben y ya están decididos a superar el actual nihilismo estéril. Sus cuadros también lo saben, pero no están tan decididos, temerosos del acoso radical. Y sus bases, apenas indistinguibles de las bases del resto del independentismo, ni siquiera lo saben. Del encrespado ambiente de la calle secesionista se deduce que la única forma de apoyar la investidura es a cambio de concesiones dolorosas e inadmisibles para Sánchez: Spain, sit and talk. Así Cayetana tendrá razón: de rodillas ante el secesionismo, pidiendo perdón a los dirigentes de la sedición, rendidos ante la ruptura de España.

No es fácil aventar la nube tóxica de la propaganda. Sirve la enrevesada y tramposa pregunta formulada por Esquerra a sus militantes, dirigida a obtener el asentimiento a las condiciones para la investidura. Primero dictamina la perogrullada de que se necesita un acuerdo previo. Este debe versar sobre el conflicto político, otra perogrullada dirigida a los negacionistas del conflicto político. Cuestión distinta es que del reconocimiento del carácter del conflicto deba deducirse abusivamente que los condenados por el Supremo son presos políticos y que no han cometido delito alguno o si lo han cometido ha sido de conciencia. O retorciendo todavía más la lógica, concluir que no hay conflicto de convivencia en Cataluña o convalidar la virulenta y orquestada reacción independentista contra la sentencia.

La cuestión esencial es la mesa de negociación, y ahí ya se oye el rasgar de vestiduras populares, ciudadanas e incluso veterosocialistas. El Gobierno de Sánchez, el actual y todavía más el futuro, tiene una respuesta a esta demanda, que refuerza en todo a la Constitución y al Estatuto, reafirma el papel de las instituciones y supera el limitado carácter provisional y efímero de una improvisada mesa bilateral. Está en el artículo 183 del Estatuto, avalado e interpretado por el Tribunal Constitucional, que contempla la creación con carácter permanente, institucional por tanto, de una Comisión Bilateral (sic) Generalitat-Estado, en la que los dos gobiernos resolverán conflictos, dificultades y proyectos de cooperación y plantearán sin límites cuantos temas consideren pertinentes.

La respuesta ante el nihilismo está en la permanencia y la estabilidad de las instituciones. Esta es una institución que no hay que crear de nuevo, porque sobre el papel ya existe, pero hay que constituirla y darle vida como marco preciso para resolver el conflicto político que protagoniza Cataluña y que afecta a toda España.