Cuentas pendientes

Los riesgos económicos a los que se enfrenta la sociedad española no son menos acuciantes que los políticos. Bruselas acaba de recordar, en el estilo regañón que le caracteriza, que existen muchas probabilidades de que España no cumpla los compromisos de déficit en 2020, advierte que puede ser necesario un ajuste de 6.500 millones el año próximo y reclama una reducción de la deuda pública, disparada durante los mandatos de Mariano Rajoy; todo ello en medio de un proceso complicado de investidura y negociación que debería culminar en la formación de un Gobierno. No hay duda de que la incertidumbre política es hoy la amenaza principal que se cierne sobre la economía española y uno de los factores que puede agravar en España la desaceleración económica global certificada por todos los organismos económicos.

El estancamiento no es el único problema. España tiene pendiente una reforma estructural del sistema de pensiones y una transición energética, todavía en la fase de definición teórica, pero que todavía no ha resuelto el ambicioso y carísimo plan de financiación que requiere el salto a las energías renovables; y también figura en el debe una política de empleo que incluya los cambios que sean necesarios para estimular la creación de puestos de trabajo al tiempo que se limitan los perniciosos efectos sociales de la precariedad laboral. Porque la consecuencia casi inmediata de la desaceleración de la economía es el parón del empleo, amenazado además a medio y largo plazo por los efectos de la robotización.

La condición inexcusable para debatir y, en la medida de lo posible, encauzar todos los problemas mencionados, es contar con un Gobierno estable sustentado sobre un amplio respaldo político y social. Sin entrar en las modalidades de acuerdo político o coalición que están sobre la mesa, es evidente que un Gobierno sin el respaldo suficiente no estaría en condiciones de dar una salida viable al problema de las pensiones, diseñar un plan para culminar la reforma energética con decisiones financieras e industriales coherentes durante los próximos 10 años o definir una nueva estructura fiscal, puesto que gran parte de las amenazas sociales e industriales sólo pueden conjurarse con la aplicación de unos recursos públicos de los que hoy el Estado no dispone.

El nuevo Gobierno tendrá que definir una política económica que sea muy distinta de que la que desgraciadamente se desprende de los Presupuestos prorrogados de Montoro desde 2017. Ni la estabilidad social ni las urgencias inversoras en infraestructuras y servicios públicos aconsejan hoy una política de reducción del déficit y de la deuda basada tan sólo en un recorte del gasto como la que se aplicó entre 2012 y 2017. La confianza que se reclama desde el lado empresarial no es una virtud aplicable a unas alianzas de Gobierno y descartable en otras, sino una condición que el Ejecutivo debe ganar en la medida que mejore la estabilidad económica y social. El mejor instrumento político hoy para evitar otro ajuste destructivo del gasto es elevar selectivamente los impuestos y armonizar los ingresos autonómicos, como paso previo a una reforma fiscal.

Pero es que, además, el tiempo apremia. Una demora en la formación del Gobierno significaría un retraso en la elaboración del Presupuesto y la posibilidad de que el ajuste el año próximo se aproxime a los 10.000 millones.