Los clarines del miedo

Reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales, elevándolos a derechos fundamentales; reforma integral del sistema tributario para mejorar su progresividad y eficacia, especialmente en la tributación de la riqueza; contra el capitalismo de amiguetes; la consolidación de las cuentas públicas no puede hacerse a costa de reducir aún más los niveles de bienestar de la gente, por lo que no se llevará a cabo ningún recorte del gasto social; además de un plan de choque por el empleo y la inserción laboral, se adoptarán medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales, reformando la negociación colectiva; etcétera. No se trata del preacuerdo al que llegaron la pasada semana el PSOE y Unidas Podemos, sino del que firmaron en febrero de 2016 el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general socialista Pedro Sánchez. Conviene repasar el contenido de aquel pacto “para un Gobierno reformista y progresista” y compararlo con el preacuerdo “para conformar un Gobierno progresista de coalición” entre Sánchez y Pablo Iglesias: al lado del primero, éste parece sellado en un convento de monjas. En él no se contempla, por ejemplo, ninguna reforma de la Constitución para integrar en ella, de modo ejecutivo, los derechos sociales de la gente, ni tampoco un cambio en el seno de la empresa para volver a dar más poder a los sindicatos en relación con el de los empresarios, etcétera. Quizá su punto más avanzado sea la consideración de la vivienda como derecho y no como mercancía y las buenas intenciones (por ahora, nada más que buenas intenciones) para convertir a España en un referente de la protección social en Europa, teniendo en cuenta que nuestro gasto social está muy por debajo de la media europea.

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La fatiga democrática

El decálogo publicado ahora, cuya aplicación debería durar una legislatura entera, no se corresponde con la hipérbole enfermiza de algunos medios de comunicación conservadores, continuamente amarilleando, o con las declaraciones, por ejemplo, de John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, la organización empresarial más derechista en sus opiniones y estudios (que dice “estar consternado”). Por el contrario, el preacuerdo parece conllevar la moderación que suele propiciar la llegada al poder. No se encuentra radicalidad en sus contenidos, sino, si acaso, dosis homeopáticas de socialdemocratización. La triple victoria del PSOE desde abril (generales, municipales y autonómicas y nuevamente generales) no parece haber activado las locomotoras del asalto a los cielos, sino las señas de identidad de la socialdemocracia. Siempre dentro del sistema.

Mientras se conoce qué significa para los firmantes “una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa” dentro de la responsabilidad fiscal de nuestro país en el Eurogrupo, o cómo se van a potenciar la educación, la sanidad y la dependencia, los sectores más castigados por la Gran Recesión, el preacuerdo ya tiene un aspecto positivo: significa un avance para acabar con esa extravagancia que es estar sin Gobierno. Para ello, Pedro y Pablo han seguido ese principio del boxeo trasladado a la política que es amarrarse al contrario para alcanzar algunos objetivos comunes. Manifestar una opinión rotunda precisa disponer de la memoria económica de la declaración de intenciones, y ese momento todavía no ha llegado. Por cierto, en el preacuerdo no hay ni una mención a las desigualdades de renta y de riqueza.

Da la sensación de que las principales cesiones de Unidas Podemos están en el apartado dedicado a garantizar la convivencia en Cataluña, que elimina la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación y el referéndum de consulta; y en el del equilibrio presupuestario, que vigilará con mano de hierro la exdirectora general de la Comisión Europea y próxima vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Las del PSOE, en el intervencionismo que se prevé en el mercado de vivienda (sobre todo en los alquileres) y en el hecho mismo de que haya tenido que renunciar al Gobierno monocolor y aceptar uno de coalición que tendrá que practicar el principio de no contradicción: una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido.