La indagatoria de Álvaro Uribe

El expresidente y actual senador colombiano, Álvaro Uribe, tiene múltiples procesos judiciales y señalamientos. Desde acusaciones de haber participado, junto a su hermano, en la conformación de grupos paramilitares pasando por una de sus marcas más negativas: que durante su gobierno más de 4.000 colombianos fueron asesinados por miembros de Fuerzas Militares y se les hizo pasar por guerrilleros muertos en combate, hecho popularmente conocido como falsos positivos hasta uno de sus últimos escándalos, llamado ‘volteo de testigos’, es decir, influir para que testigos en procesos judiciales cambien o modifiquen sus versiones.

Este último caso lo llevó, por primera vez, a los estrados judiciales. Es algo relativamente paradójico pues todo comenzó por una demanda que él interpuso contra el senador Iván Cepeda, luego de que este último hiciera un debate sobre conformación de grupos paramilitares. Meses después, la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación contra Iván Cepeda y compulsó copias contra el senador Uribe por manipulación de testigos. Es un caso increíble ya que es el mejor ejemplo de un boomerang. Además, Uribe tiene acusaciones mucho más graves que hasta el momento no lo han afectado judicialmente.

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En sentido estricto lo que ocurrirá en las próximas horas es una indagatoria, nada más que eso. Sin embargo, si la Corte Suprema considera que el senador Álvaro Uribe puede torpedear el proceso judicial podría dictar su encarcelación. La otra opción es que la Corte no defina eso y Uribe no sea encarcelado aunque el proceso continúe. Esa posibilidad ha puesto a Colombia en un gran debate porque el uribismo ha intentado llevar el caso del “volteo de testigos” al terreno político, hablando de persecución, acusando a la justicia de estar infiltrada por la izquierda. Incluso hay quienes hablan de complot en el que meten a Venezuela, Cuba, Soros y lo que ellos llaman la ultraizquierda internacional. Algo realmente demencial, pero que es el argumento que utilizan. El uribismo ha puesto vallas, convocado plantones y marchas, pero el público ya no responde como antes. La imagen del expresidente Uribe se ha deteriorado mucho en el último tiempo.

Desde la posesión del presidente Iván Duque, hace poco más de un año y con un senador Uribe, que se creía fortalecido, el partido de gobierno y en general el uribismo se metió en una gran batalla por promover una reforma constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente hablaron de que el sistema judicial era corrupto y costoso y, por ende, se debían suprimir las altas corte y crear una sola. Obviamente, dicha Corte todopoderosa sería elegida bajo la administración de Iván Duque. Es decir, ellos tendrían una gran influencia en la designación de los magistrados, garantizando detener los diferentes procesos judiciales en contra del expresidente. Sin embargo, el mal arranque del gobierno Duque; la unidad de sectores de la oposición y errores estratégicos del uribismo han ido acabando con esa ilusión.

Ahora están desesperados e intentando una última estrategia. Básicamente están manejando el discurso de que el sistema de justicia transicional, creado en el marco del Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el Estado colombiano, traerá impunidad y por esa razón hay que acabarlo. Para ello están recogiendo firmas para promover un referendo. Obviamente, al final del proceso, intentarán incluir una gran reforma judicial para modificar el sistema judicial. Aun así los tiempos no cuadran, tampoco la fortaleza del ejecutivo en el Congreso de la República y es muy factible que una propuesta de estas no aguante una revisión de la Corte Constitucional.

De hecho, una buena cantidad de las investigaciones contra el senador Uribe deberían ser asumidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta posibilidad tiene igualmente tensionado al expresidente quien ha diseñado todo tipo de estrategias para destruir la JEP. Sin importar que pase en las próximas horas, es importante recordar que nadie puede estar por encima de la justicia y la democracia. El que cometa delitos que pague por ellos.