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Antídotos para no pudrirse en la cárcel

América Latina ensaya fórmulas para promover la reinserción de los 1,5 millones de reclusos que acogen sus superpobladas y precarias prisiones

“No es mi segunda oportunidad, en realidad, es la primera”. Esta fue la respuesta que se llevó Nathalie Alvarado, la coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una conversación con un usuario de un taller de panadería en una prisión de Panamá. “En cualquier ciudad de América Latina encontramos jóvenes de 19 a 25 años en las cárceles que son a la vez condenados y víctimas, que han sufrido violencia intrafamiliar, problemas de drogas y alcohol, falta de oportunidades”, lamenta Alvarado.

Para combatir la impasibilidad e impulsar la acción, el BID propone empezar por conocer con detalle el problema. Para ello, ha presentado un avance del estudio Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe, una primera mirada al otro lado de las rejas, durante su XI Semana de la Seguridad Ciudadana, celebrada este mes en Washington. El objetivo es comprender mejor los problemas del sistema penitenciario para mejorar la reinserción. Países como Colombia, Argentina y Chile desarrollan fórmulas novedosas para promover la reincorporación social de quienes han estado privados de su libertad.

Actualmente se estima que hay un millón y medio de personas encarceladas en América Latina, lo que supone 262 por cada 100.000 habitantes. Este índice solo está por debajo del 376 de América en su conjunto y se acerca a duplicar la media mundial de 145, según datos del World Prison Brief.

Además, desde el 2000, la población reclusa ha aumentado un 120% en la región, frente al promedio mundial del 24%. Así se agudiza el problema de superpoblación de las cárceles, con un nivel de ocupación medio en la región de 1,64, frente al 1 que sería óptimo. De los 26 países latinoamericanos y caribeños miembros del BID, apenas seis se quedan por debajo de esa tasa máxima recomendable de alojamiento, y los casos más extremos son los de Guatemala y El Salvador (que coinciden en el índice de 3,33) y Haití (4,54).

Este colapso se refleja en el estudio del Banco, que entrevistó a 11.000 reclusos en 14 países y que determina que solo el 42% de los encuestados duerme en una cama y el 20% no tienen acceso a agua potable. A estas difíciles condiciones se suma el aislamiento: únicamente un tercio de los presos ha podido conservar telefónicamente con sus familias y apenas el 17% ha recibido alguna visita.

El apoyo familiar también es relevante a la hora de abandonar la cárcel, donde especialmente las mujeres manifiesta que pudo cubrir sus necesidades básicas gracias a su círculo a la salida de prisión.

El apoyo familiar también es relevante a la hora de abandonar la cárcel, donde especialmente las mujeres (40%, frente al 25% de los hombres) manifiesta que pudo cubrir sus necesidades básicas gracias a su círculo a la salida de prisión. Con este panorama, el nivel de reincidencia es elevado, del 32%, especialmente acusado entre los hombres (33%), 14 puntos porcentuales por encima del de las reclusas (19%). Y la falta de división de presos por niveles de peligrosidad convierte a las cárceles en universidades del crimen.

“La superpoblación de jóvenes en las cárceles significa que el sistema (entendido como conjunto de oportunidades que una persona tiene en la vida) les ha fallado. Es un desafío muy importante para América Latina y el Caribe al que debemos dar respuesta”, defiende Lea Jiménez, responsable del Departamento de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Para ello, aparte de conocerse el avance del estudio sobre la situación en las prisiones, en la reciente XI Semana de la Seguridad Ciudadana se abordaron algunos ejemplos de cómo evitar el círculo de la crimen-cárcel-crimen de nuevo.

Segundas oportunidades made in prison en Colombia

Como en las películas, la actriz e impulsora de la Fundación Acción Interna Johana Bahamón cuenta que una visita a una cárcel de mujeres le cambió la vida. “Fui invitada por un papel que estaba haciendo en una serie y después de ver cómo era, decidí que no sabía cómo, pero quería trabajar con las internas”, explica. Empezó con una obra de teatro, que evolucionó hasta convertirse en el Festival de Teatro Carcelario.

Después se sumó el Restaurante Interno, localizado en la cárcel de mujeres San Diego en Cartagena; gestionado por sus reclusas, con apoyo de la fundación; y que fue incluido por la prestigiosa revista Time en su lista de los 100 mejores lugares del mundo para 2018. “Es que no hacemos caridad, hacemos calidad”, defiende Bahamón. Entre sus proyectos, también se cuenta una agencia de publicidad en la cárcel La Modelo de Bogotá y una marca de ropa llamada Made in Prison. “Para muchos, las receta para quienes están privados de libertad es ‘que se pudran en la cárcel’, mientras que nosotros defendemos las segundas oportunidades”, defiende Bahamón, que por ahora no trabaja como actriz para centrarse en la fundación.

“Tenés derecho”, información para el colectivo LGBT+ en Argentina

La Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, entidad especializada en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, cuenta con un equipo especializado en género y diversidad sexual, que ha potenciado la visibilización de las consecuencias de una ausencia de esta perspectiva en el servicio penitenciario. Entre los objetivos de la Procuración, Maximiliano Sheehan, subdirector de gestión administrativa, cita romper con el binarismo, por ejemplo, en la división del alojamiento; atajar la violencia física y simbólica que sufre la población LGBT privada de libertad; y promover las buenas prácticas judiciales.

Como acciones concretas, esta entidad promueve el planteamiento de arrestos domiciliarios como alternativa, en caso de ser necesario, al encierro penitenciario en para encarcelados de colectivos vulnerables. Asimismo, se desarrollan acciones de sensibilización e informativas, como la guía especializada Tenés derecho… Información para el Colectivo LGBT+ privadxs de su libertad.

Un año de empleo y tres meses de apoyo psicosocial en Chile

Tradicionalmente, cuando se habla de reinserción en el ámbito penitenciario se identifica con intervenciones “durante el periodo de privación de libertad”, como expone el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín. Pero cada vez más se desarrollan iniciativas “extramuros”, que comienzan en la cárcel y continúan fuera, una vez que el recluso recupera su libertad. Es el caso del proyecto chileno +R Reinserción, estrenado este año aún en fase piloto, que combina la formación profesional en las prisiones con la garantía de un contrato laboral de al menos un año en una empresa colaboradora del programa, así como seguimiento y acompañamiento psicosocial durante tres meses.

Larraín admite que es un proyecto costoso, pero defiende su idoneidad no solo para dar oportunidades de vida digna a quienes salen de la cárcel, sino como una vía para frenar la delincuencia, que califica como “el problema número uno para los ciudadanos chilenos y de América Latina”. Según la Fundación Paz Ciudadana, el 51% de los exreclusos chilenos delinquen de nuevo en los tres años siguientes a su salida de prisión.

El Gobierno chileno cita estudios que demuestran que tener un empleo reduce el riesgo de reincidencia entre el 33% y el 50%. También reflejan que la inversión en reinserción se multiplica por seis como ganancia para la sociedad, ya que por cada ex recluso reinsertado los contribuyentes se ahorran unos 37,7 millones de pesos chilenos (casi 48.000 euros).

Más allá del beneficio económico, Nathalie Alvarado recuerda las enseñanzas de William Bratton, histórico referente de la renovación de la policía en varias ciudades estadounidenses que, para combatir el crimen, aboga por contar con un buen servicio de policía, pero también con el apoyo de una sociedad que no abandone a sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Una sociedad que, por ejemplo, busca antídotos contra el riesgo de pudrirse en la cárcel.

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