Las sanciones son la vía pacífica

En los años 80, en Centroamérica, la opción militar no estaba sobre la mesa sino en el terreno. En esa época Estados Unidos toleró un genocidio de miles de indígenas en Guatemala; dirigió la guerra en El Salvador donde, en una sola matanza, un batallón entrenado por sus asesores masacró a 500 niños, de estos 260 eran menores de 6 años; ocupó Honduras con bases militares para armar y entrenar a miles de contrarrevolucionarios que combatieron al gobierno sandinista de Nicaragua y en 1989 invadió Panamá y derrocó al dictador Manuel Noriega. Por esos mismos años, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tenía en El Salvador una unidad destinada permanentemente a eliminarme, puedo escribir este artículo porque no tuvieron éxito.

Lo descrito es intervención militar en serio, ahora es un gran progreso que Estados Unidos postule la defensa de los derechos humanos, persiga la corrupción y sea prudente en el uso de su fuerza militar. Las amenazas verbales de funcionarios estadounidenses sobre el uso de la fuerza contra Maduro son esencialmente guerra sicológica. Esta tiene un valor político propagandístico y sirve para afectar la moral del adversario sin emplear medios de combate. Sin embargo, esta propaganda ha sido utilizada para establecer que en Venezuela existe un dilema entre vía pacífica y vía violenta.

En los conflictos de Centroamérica todas las partes estaban armadas, En Venezuela solo Maduro está armado y presume tener más de un millón de hombres entre militares, guardias, policías, milicianos y paramilitares, dirigidos por miles de oficiales cubanos. Todo esto para enfrentar a partidos políticos integrados por civiles sin armas organizados para competir en elecciones. Que militares venezolanos se rebelen contra la dictadura y la intervención cubana es políticamente legítimo. Que la oposición aproveche la guerra sicológica de Estados Unidos hablando de “todas las opciones”; que invoque el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) o que algunos jóvenes enfrenten la represión con piedras y botellas con gasolina es comprensible. Pero nada de esto sustenta que exista un conflicto violento en Venezuela, la única violencia es la del gobierno contra una oposición totalmente pacífica.

Que Maduro y Cabello estén paranoicos por la guerra sicológica no implica que una intervención militar sea inminente. Eso no es tan fácil, las democracias actúan al límite que les permiten la opinión pública, las instituciones y sus fuerzas políticas. En Ruanda mataron 800,000 personas y nadie intervino y en los Balcanes hubo actos genocidas frente a los cascos azules. Para que un gobierno envíe a sus jóvenes a combatir a otro país es indispensable que sus ciudadanos perciban que existe un peligro inminente para su propia seguridad.

La falsa premisa del conflicto violento ha confundido a gobiernos democráticos y distorsionado los intentos de negociación al establecer que se necesita una solución pacífica, donde no existe una guerra. Una negociación en Venezuela debe ser para restablecer la democracia. Esto implica que las concesiones debe hacerlas el gobierno, porque los opositores no tienen armas que deponer y no pueden hacer concesiones en derechos humanos y libertades. Esto implicaría que aceptan fraudes electorales, torturas, presos y ejecuciones. El reciente anuncio del gobierno sobre un acuerdo no fue una negociación, sino una operación política para integrar a partidos minoritarios al régimen dictatorial; mantener a Maduro gobernando y disolver a una Asamblea Nacional que tiene más del 60% de los diputados opositores divididos entre presos, perseguidos judicialmente, exiliados, asilados y uno asesinado por los militares.

Maduro aprovecha la falsa premisa del conflicto violento para hablar de guerra económica cuando ha sido el robo de 300,000 millones de dólares la causa principal de la tragedia humanitaria y posiblemente el caso de corrupción más grande en la historia del mundo. La comunidad internacional ha agotado sus declaraciones. Los venezolanos han protagonizado las protestas pacíficas más grandes de la historia latinoamericana. Sin embargo, Maduro ha transitado de dictador local a amenaza regional.

En el mes de julio en Caracas el Foro de Sao Paulo acordó públicamente movilizar a todos los extremistas del continente para que defiendan a los regímenes de Cuba y Venezuela. Esto implica que financiarán y hasta armarán extremistas. La declaración de los disidentes de las FARC, los ataques terroristas del ELN, las protestas violentas en Honduras, Perú y otros países son parte de este acuerdo. Maduro es la primera línea de defensa de la dictadura cubana y ya no es solo un problema para Venezuela, sino también para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Brasil, Chile, Guatemala y todo el continente. No solo se están agravando los problemas sociales en todas partes por los millones de emigrantes, sino que ahora regresa la vieja estrategia cubana de desestabilizar y crear conflictos en otros países para protegerse.

En Venezuela no hay ni habrá conflicto violento, la oposición tiene una sólida vocación pacífica y las Fuerzas Armadas están moralmente descompuestas por la corrupción y subordinadas totalmente a Cuba. El peligro no es una guerra entre venezolanos, sino que la desintegración social del régimen de Maduro y la estrategia cubano-venezolana de desestabilizar otros países, agote la paciencia de estos y eso conduzca a un conflicto militar internacional. Esto no es un peligro presente, pero sí un peligro futuro que empieza a percibirse. Frente a esto, las sanciones económicas y el aislamiento a las dictaduras de Cuba y Venezuela son el mejor medio pacífico de presión con que cuenta la Comunidad Internacional.

Las sanciones no funcionaron con Cuba porque, durante 30 años, la desaparecida Unión Soviética mantuvo a los Castro en el poder y luego el petróleo venezolano relevó a los soviéticos. Ahora no existe nadie en el mundo que subsidie a ambas dictaduras. Los rusos quisieran, pero son pobres y los chinos son ricos, pero no regalan dinero. Hay condiciones óptimas para que las sanciones conduzcan a la implosión política de estos regímenes. El aumento de las sanciones y la aplicación rigurosa de estas por parte de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica son el instrumento más eficaz para acortar el sufrimiento de la gente, lograr un cambio democrático y evitar un verdadero conflicto violento.