La hora de los camellos

La verdad que es muy difícil entender cómo un sector de la opinión pública estadounidense puede apoyar la imposición a Guatemala de convertirlo en “tercer país seguro” como un medio “eficaz” para frenar la migración del sur.

Parecería que estamos ante un cínico juego de imágenes para engañarse recíprocamente con una controversial medida que no funcionará y que ya está siendo cuestionada por la justicia en los dos países. Del Gobierno estadounidense, por un lado, imaginando que en Guatemala se alojarán tranquilamente miles de hondureños y salvadoreños expulsados; y del Gobierno guatemalteco, por el otro, para zafarse de la incómoda presión de Washington aceptando, de la boca para afuera, convertirse en depósito de centroamericanos expulsados de Texas o Arizona. Digo “de la boca para afuera” porque, como es más que evidente, quienes hayan llegado desde Honduras hasta la frontera estadounidense, “asilarse” en Guatemala luego de ser devuelto no es ni será opción. Salvo para arrancarse de nuevo, apenas recupere energías. Como es obvio, hacia el norte.

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Lo del “tercer país seguro” no solo no funcionará, sino que generará más problemas y sufrimientos de los que teóricamente resolverá. Destaco en eso tres asuntos fundamentales.

Primero: el acuerdo firmado en Washington por el presidente saliente de Guatemala Jimmy Morales, y un representante de Trump (quien ni se apareció) se anuncia como que “no supondrá ningún gasto para Guatemala” y que el país recibiría ayuda económica de EE UU (ayuda no cuantificada y que no está en el presupuesto de ninguna agencia estadounidense). Es una incógnita si Alejandro Giammattei el presidente entrante, asumirá este convenio que ya es rechazado por ocho de cada diez guatemaltecos.

Segundo: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que desde Honduras salen 300 personas diarias hacia el norte buscando un futuro mejor y de supervivencia; desde Guatemala ocurre lo propio. Lo hacen por razones económicas nueve de cada diez guatemaltecos, como se detectó en una reciente encuesta de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Parecería una broma de humor negro que en un país en esas condiciones de pobreza se pretenda alojar a los hondureños –también pobres- expulsados de EE UU. Lo primero que organizarán es una nueva emigración; ahora desde Guatemala.

Tercero: mayores dificultades para cruzar la frontera, no ha significado disminución drástica de los migrantes sino el fortalecimiento de las redes de contrabando de personas. Esto disparará la demanda de coyotes, con todo lo que implica ponerse en manos de sus oscuras redes.

Antes de la llegada de Trump (2017), los “coyotes” cobraban aproximadamente 8.000 dólares por persona por una travesía de hasta diez días para llegar desde Centroamérica a la frontera estadounidense. A ello había y hay que agregar el “peaje” a los Zetas que controlan varios pasos de frontera.

El costo de los coyotes se duplicó con Trump, pero, paradójicamente, no frenó a los migrantes. Aumentó a 33% la porción de migrantes en busca de un coyote para poder driblear a la “amenaza Trump”. Al cerrarse los caminos del asilo y convertirse el medio ilegal en cuasi monopólico para llegar y cruzar la frontera. Los grandes beneficiarios de estas trapacerías para una reelección el 2020 serán estas redes delincuenciales.