¿Un banco con interés social?

La realidad puede generar fuerzas fantásticas. Políticas institucionales de inversión privada con la doble condición de ser muy grandes y rentables y, a la vez, tener como política fines sociales y los derechos de la gente, pueden ser, también, parte de esa realidad.

Hay un ejemplo estrella de esto: el fondo de pensiones del gobierno de Noruega, administrado por el Norges Bank, cuya política y conducta tiene repercusiones mundiales. La extraordinaria experiencia del fondo debería servir de ejemplo a tantos fondos de inversión existentes en el planeta indiferentes con el curso de las cosas.

Hay tres aspectos fundamentales que merecen ser destacados de este fondo nórdico.

Primero: su tamaño gigantesco. Es algo más que un fondo de pensiones pues tiene el respaldo de los ingresos petroleros noruegos y no sólo de las contribuciones de los trabajadores. Con un tamaño superior a los 918.000 millones de euros, es el mayor fondo soberano del mundo. Es, además, de gran rentabilidad: el primer trimestre su rentabilidad en inversiones en acciones fue del 12,2%. Sostiene el 1,05% de los mercados bursátiles mundiales y equivale al 2,15% de las reservas europeas.

Segundo: maneja criterios sustentados en principios y no sólo de rentabilidad para decidir sus inversiones. Sólidos análisis para destinar sus enormes recursos en más de 8.000 empresas; pero, también, para retirarse liquidando sus participaciones si la empresa en cuestión afecta algunos principios y políticas sociales básicos. Se retiran del accionarado por razones sustantivas y poderosas sólo luego que un selecto comité analiza cuidadosamente ciertos hechos cuando los principios así lo aconsejan.

Esto ocurre en dos circunstancias. De un lado, cuando se comprueba que la empresa en cuestión produce bienes cuestionables para la salud o la vida de la gente. En esa categoría está la extracción/producción de carbón para uso industrial contaminante; o fabricar componentes para armas nucleares con lo cual, por ejemplo, Boeing ha pasado a estar excluida.

Por otro lado, cuando el funcionamiento de la empresa ha afectado derechos fundamentales de sus trabajadores o de la población en su área de influencia. O lo ha hecho con el medio ambiente o ha tolerado/fomentado la corrupción. Varias empresas mineras y petroleras en Latinoamérica y otras regiones están en esta ignominiosa lista. En la última “barrida” el número de empresas excluidas por una u otra causal llega a las 150.

Tercero: todo se sustenta no en úkases arbitrarios sino en una institucionalidad transparente en el análisis y en la toma las decisiones. De un lado, un “Consejo de Ética” integrado por cinco personalidades de muy alto nivel que analiza la conducta social, laboral, ética y ambiental de las empresas. La otra: decisiones del Consejo Ejecutivo del banco central noruego basándose en las recomendaciones de la administración del mismo Norges Bank.

Toda una experiencia institucional importante, pues, de soft law en la que se recogen principios democráticos esenciales de democracia, derechos humanos y protección del medio ambiente. Que traza una ruta interesante para que en otros países el sector privado no tenga que esperar a la “protesta social” para generar esfuerzos semejantes.