Apuntes sobre un juicio

El juicio a los líderes secesionistas ha tenido un valor pedagógico y ha sido una manera de revisitar lo que se vivió en Cataluña en el procés. Hemos visto en directo pruebas, testimonios y explicaciones. Análisis y crónicas han proporcionado interpretación y contexto, con visiones periodísticas, jurídicas y políticas. Estos son algunos apuntes:

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Categorías. Una dificultad era encajar en un tipo penal unos hechos inéditos que todos vimos: un asalto al orden constitucional que esperaba que la violencia la cometiera el adversario, que empleaba las instituciones del Estado contra el Estado, y que era siempre anfibio y negable.

Violencia. La violencia es decisiva para la acusación de rebelión, una de las cuestiones más controvertidas y difíciles. Hemos visto que hubo más violencia de lo que se decía; también que algunos partidarios de una interpretación laxa para la idea de violencia en otros ámbitos defienden una interpretación restrictiva en este caso.

Realidad y propaganda. Las observaciones de Simon Kuper sobre los líderes del Partido Conservador británico son trasladables a los dirigentes independentistas: algunos fingen; saben que entender la realidad no te ofrece una ventaja política si tus electores no lo hacen; son incapaces de admitir errores pasados; al negar la realidad demuestran su fanatismo a otros fanáticos.

Objetivos. La independencia ya no parece una meta a corto plazo; se trata de reforzar un imaginario victimista. No se habla tanto de secesión; se habla de los presos. El mecanismo es aprovechar las garantías de la democracia española para desgastarla. Ese juego es molesto, pero las garantías son imprescindibles. Otros prefieren olvidar e intentan reconstruir la situación anterior, en la que el nacionalismo era hegemónico, aunque no siempre mayoritario, y donde la defensa de la cultura o la identidad se instrumentalizó en un proyecto excluyente y desleal.

Judicialización. Quien judicializó la situación fueron los líderes que optaron por una vía ilegal. No lograron doblegar al Estado, y es preferible que la respuesta haya sido del Estado y no de un Gobierno. Nadie piensa que la solución al problema sea exclusivamente judicial, pero pretender que los acusados no merecen escrutinio y quizá reproche penal solo se explica si pensamos que pertenecen a una clase de personas que está por encima de la ley, o que las instituciones que atacaron no son legítimas y no tienen derecho a defenderse.