El muro arancelario

El castigo comercial de EE UU a México por supuesta negligencia en la lucha contra la inmigración ilegal generará más paro y conflictos, sin solucionar una crisis que es crónica desde el hundimiento económico de México en 1994, causante de una masiva salida de jornaleros hacia California, Texas, Arizona o Nevada. Andrés Manuel López Obrador deberá repensar su política migratoria, frecuentemente utilizada como moneda de cambio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y los acuerdos sobre colaboración policial. Ha respondido al ultimátum con un concierto de violines, pero como las entendederas de Trump son las que son, el preludio sinfónico servirá de poco.

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EDITORIAL | Trump insiste

A la espera de construir el muro físico prometido a sus electores, el presidente estadounidense les entretiene con uno arancelario cuya ejecución hasta el gravamen del 25% sería demoledora. México es un país de emigrantes pero también de retornados y de tránsito de peonadas que huyen de la pobreza y la violencia, imparables mientras las famélicas economías e instituciones de Guatemala, El Salvador y Honduras no cumplan con sus deberes. López Obrador dispone de poco margen de maniobra más allá de cerrar las fronteras nacionales con el Ejército y proteger a los inmigrantes de pandillas y extorsionadores. Puede apaciguar a Trump ampliando las bases fluviales en la divisoria con Guatemala y Belice y reforzando los cordones de seguridad de funcionarios civiles, patrullas policiales y soldadescas que descargan a patadas los trenes con indocumentados.

El mandatario mexicano difícilmente podrá contener un éxodo de raíces profundas, generado por los malos gobiernos, la densidad demográfica y la paupérrima creación empleo y confianza en América Central. Las políticas migratorias de las administraciones priístas y conservadoras tampoco obtuvieron resultados concluyentes pues debieron adaptarlas a los cambios de humor y prioridades de las administraciones demócratas y republicanas, obsesionadas por la seguridad fronteriza desde septiembre de 2001. Durante decenios, México y organismos internacionales han patrocinado proyectos de desarrollo e integración regional que no funcionan.

Si no se encuentran fórmulas civilizadas para reducir la detención de braceros centroamericanos en las ciudades limítrofes con EE UU, solo la fuerza bruta les detendrá, aunque están acostumbrados a sufrirla durante su recorrido hacia el Norte. La represión atajaría el atascamiento pero entrando en colisión con el activismo de las facciones que componen y carburan ideológicamente la coalición gubernamental Morena.

México podría verse tentado a contratacar clausurando comisarías y retenes migratorios en las rutas frecuentadas por los indocumentados rumbo a Tijuana, Matamoros o Juárez. El eventual levantamiento de controles activaría una invasión del sur estadounidense comparable a la de los marielitos en 1980, promovida por Fidel Castro para sentar a negociar a Jimmy Carter un acuerdo bilateral todavía vigente.