Borrón y cuentas nuevas en México

Las grandes corporaciones suelen aprovechar su envergadura económica para intervenir en política y obtener regulaciones beneficiosas. Pero cuando al tamaño de las empresas se suman la corrupción y el subdesarrollo institucional de los países donde operan el resultado es criminal. Nos topamos con la Unión Carbide de los pesticidas en India, de los vertidos de Shell en el delta del Níger y con la subasta latinoamericana de presidentes, jueces, diputados y sindicalistas. La intromisión en Gobiernos y poderes públicos es más sofisticada que la ejercida por la estadounidense ITT en los setenta en Chile para derrocar a Salvador Allende. Está relacionada con la globalización y la concentración de riqueza tras la Guerra Fría.

El escamoteo de las obligaciones fiscales sigue tan arraigado que el presidente de México se plantó. Aunque su discurso es más opaco que diáfano, Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en la promulgación de un decreto que no admite circunloquios: los grandes contribuyentes deberán pagar lo que corresponda, sin las condonaciones concedidas por los Gobiernos del conservador PAN y del ambivalente PRI. Las bulas causaron una fuga superior a los 21.000 millones de dólares desde 2007.

El tráfico de influencias y las agarraderas, cuando no la coacción de guante blanco, permitieron a los contribuyentes de peso eludir sus obligaciones fiscales: se les eximió del pago de impuestos o les fueron cobrados a beneficio de inventario, con garantías de devolución. Las condonaciones son facultad presidencial al amparo del artículo 39 del Código Fiscal de México. La discrecionalidad en su aplicación ha tenido efectos corrosivos en el imaginario colectivo sobre derechos y deberes.

La moral tributaria de América Latina seguirá resquebrajándose a caballo del mercadeo de las administraciones y los poderes empresariales mientras la carga y la persecución inspectora se concentren en las clases medias y bajas, el consumo y el comercio. El contribuyente rehúye sus deberes en la creencia de que las cuantías adeudadas se pactan a conveniencia. Esa presunción de estafa al erario público no sorprende porque prohombres que reclaman decencia y seguridad jurídica maquinan la evasión de los tributos necesarios para programas sociales.

Si la disposición a pagar es poca, cuando se descubre que los más ricos se escaquean con complicidades gubernamentales, la voluntad de hacerlo desaparece. Poco importa que millonarios y multinacionales generen el empleo y la riqueza que el Estado no sabe crear: la ciudadanía latinoamericana es proclive a justificar el incumplimiento de sus responsabilidades argumentando que no recibe los servicios que merece. Sin apenas conciencia de culpa, deberá asumirlas porque en el origen de la exclusión y la pobreza inciden los privilegios, pero también la generalizada cultura de la transgresión y el engaño.